Con esa filosofía comenzó esa cárcel hace más de 30 años en la colonial ciudad de Comayagua, 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La prisión tuvo después talleres con diversas manualidades, lo que contribuyó a la rehabilitación de muchos reclusos.
La granja era la envidia de los demás centros penitenciarios de Honduras, que hace tres décadas tenían una población manejable para los pocos guardias que siempre han tenido las prisiones.
Entonces no existían las temibles «maras» (pandillas), el narcotráfico no se había esparcido por el país, ni la mayoría de los hondureños sabían de lo sanguinario que es el crimen organizado, flagelo que de repente llegó y se regó como pólvora.
Ahora, las 24 cárceles de Honduras son sitios altamente peligrosos, verdaderas trampas mortales, por el hacinamiento, la inseguridad, lo deteriorado de sus estructuras -algunas fueron construidas hace casi un siglo-, la lentitud de la justicia y la corrupción de quienes las administran, entre otros problemas.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, recordó hoy un proyecto social que ella estuvo impulsando en la Granja Penal de Comayagua auspiciado por las Naciones Unidas y la cooperación de Suecia.
Ese proyecto, de mediados de la década pasada, estaba orientado a 140 jóvenes pandilleros deseosos de reintegrarse a la sociedad, y por él algunos de ellos, incluso, decidieron por voluntad propia borrarse los tatuajes que cubrían sus cuerpos.
Algunos de los tatuajes eran auténticas obras de arte y mucho contenido social; otros no tanto, y muchos, estaban asociados con la violencia, aspectos familiares y sentimientos amorosos, algo que entonces se pudo constatar en la Granja Penal de Comayagua.
El proyecto que impulsaba Castellanos funcionaba con un taller de panadería y otro de arte en metal que les permitía a los pandilleros agenciarse algún dinero para ayudar a sostener a sus familias.
Además, se rehabilitaban aprendiendo algo para que al salir de la cárcel pudieran reinsertarse a la sociedad y ganarse la vida lícitamente.
Para entonces, la Granja Penal de Comayagua, en la que algunos reos seguían produciendo alimentos solamente para vender en el mercado local y bajo control de las autoridades, ya estaba saturada, y según denuncias de los reos, familiares y organismos humanitarios, la corrupción había salpicado a la administración del penal.
Castellanos indicó que el programa de rehabilitación de los pandilleros se tuvo que suspender porque la administración de la cárcel estaba en manos de la Policía, con lo que se perdió el control de los recursos que generaban los jóvenes.
«Los organismos no pueden llegar más allá de lo que controla el Gobierno, nadie puede hacer algo con administraciones que no son transparentes», enfatizó la rectora de la Unah.
Sobre la tragedia en la cárcel de Comayagua, que ha dejado 356 muertos, incluida una mujer que estaba de visita, según la Fiscalía, Castellanos dijo que la prisión se empezó a contaminar cuando comenzaron a ser remitidos pandilleros violentos desde la granja penal de El Porvenir, en el caribeño departamento de Atlántida.
En esa granja, el 5 de abril de 2003, se registró una riña entre pandilleros y reos comunes en la que murieron 66 reclusos y tres mujeres, incluida una niña, que estaban visitando a familiares.
En mayo de 2004, ardió en llamas el presidio de San Pedro Sula, en el norte del país, lo que dejó un saldo de 107 reos muertos.
Una ley «antimaras» creada en la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) también contribuyó al aumento de la población penitenciaria en varias cárceles, en las que ahora además hay un alto porcentaje de presos por tráfico y consumo de drogas.
Al respecto, Castellanos señaló que «se legisló contra las pandillas, pero no se crearon estructuras para no contaminar más las ya existentes», que en su mayoría, desde hace muchos años, dejaron de ser centros de rehabilitación.
La rectora también recordó que en una visita a la cárcel de El Porvenir, de los 450 privados de libertad, 280 estaban por narcotráfico.
Conmovida por la tragedia de la Gran Penal de Comayagua, Castellanos lamentó que ese tipo de desgracias «siguen siendo previsibles» en Honduras.
