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Gobierno salvadoreño busca que ofensiva carcelaria a pandillas sea permanente

San Salvador – El Gobierno de El Salvador pidió hoy al Congreso del país que las «medidas extraordinarias» de seguridad implementadas en las prisiones con pandilleros desde 2016 sean permanentes.

El ministro salvadoreño de Seguridad, Mauricio Ramírez, entregó a los diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso la propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria para mantener estas medidas establecidas en 2016 y mediante las cuales, además, se formó un comando elite y se incrementó el número de soldados en las calles.

«Las medidas propuestas a través de este proyecto (de reforma) buscan incorporar de forma permanente en la Ley Penitenciaria todas aquellas disposiciones temporales que han servido para mantener el control en el sistema penitenciario», dijo Ramírez a periodistas.

Dicho recrudecimiento de la seguridad carcelaria incluye la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad, el corte de las telecomunicaciones en los penales y la creación y mantenimiento de centros temporales de reclusión.

Este régimen más severo de seguridad se aplica en las cárceles de Chalatenango (norte), Ciudad Barrios (nordeste), San Francisco Gotera (nordeste), Izalco (oeste), Quezaltepeque (noroeste) y la de máxima seguridad en Zacatecoluca (sureste), que albergan a miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

El Ejecutivo del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén atribuye la reducción del 20,7 por ciento de los asesinatos en 2016 y del 25 por ciento en 2017 a esta ofensiva, criticada en varias ocasiones por activistas de derechos humanos.

El Congreso autorizó en marzo pasado la ampliación de estas medidas hasta octubre próximo, con lo que dieron un portazo a la petición del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien ha pedido poner fin a esta política.

Tras finalizar una visita al país centroamericano en noviembre de 2017, Zeid advirtió que estas medidas «han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas».

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