Tegucigalpa – El Relator Especial sobre el derecho al desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, Surya Deva, dijo este jueves que el gobierno debe tomar medidas más contundentes para controlar la economía de los narcotraficantes y construir infraestructuras resistentes.
– Deva aseveró que nadie debería morir o sufrir de intimidación por proteger a la tierra.
Deva brindó una conferencia de prensa al término de una visita de 11 días al país donde señaló que el gobierno merece crédito por comprometerse a implementar un modelo alternativo de desarrollo, pero para hacer realidad su visión, necesita dar pasos decisivos como mejorar la ley y el orden público, aumentar la transparencia, reducir la desigualdad e incentivar la conducta empresarial responsable.
El representante de la ONU expresó que para hacer frente a la carga de la deuda nacional, el gobierno debería generar más recursos introduciendo impuestos progresivos, poniendo fin a la exención fiscal general para las empresas, solicitando subvenciones a los socios de desarrollo y negociando canjes de deuda por medidas climáticas.
«Dicho modelo debe construirse mediante la activa, libre y significativa participación de todas las personas, especialmente de los grupos marginados o vulnerables», afirmó el experto.
El experto destacó no sólo los avances del Gobierno en la reducción de la pobreza y la tasa de homicidios, sino también los retos para garantizar un desarrollo inclusivo, sostenible y armonioso.
«A pesar de los muchos retos a los que se enfrenta el Gobierno, debe hacer más para no dejar a nadie atrás», afirmó Deva. «Debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso al agua, la salud, la educación, la energía y el empleo. Las mujeres y los afrohondureños deben poder hacer realidad sus aspiraciones de desarrollo sin temor a ningún tipo de discriminación, acoso o violencia», añadió.
Deva aseveró que nadie debería morir o sufrir de intimidación por proteger a la Madre Naturaleza y la Tierra. «El gobierno debe tomar medidas decisivas para poner fin a la criminalización de los defensores de los derechos humanos medioambientales y de las comunidades indígenas. También debe expedir títulos de propiedad de la tierra a los pueblos indígenas y conceder licencias para proyectos sólo después de obtener su consentimiento libre, previo e informado», afirmó Deva.
Aconsejó al Gobierno que construyera un consenso entre todas las partes interesadas hacia una visión alternativa y creará las condiciones propicias para una conducta empresarial responsable.
«Todas las empresas que operan en Honduras deben cumplir las leyes pertinentes y las normas internacionales en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y cambio climático. En lugar de exigir miles de millones de dólares a través de demandas de arbitraje, los inversionistas extranjeros deben apoyar los esfuerzos legítimos del Gobierno para proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.»
El informe detallado del Relator Especial sobre su visita y sus recomendaciones se presentarán al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2025. VC
