Tegucigalpa – El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) denunció que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó este martes una convocatoria para elegir un nuevo comisionado por la sociedad civil ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), ignorando la elección de Mildred Meléndez en 2023.
El CPTRT expresó su rechazo a cualquier intento de apropiación individual de la autoría del mecanismo cuya creación fue impulsada por el CPTRT, junto al Centro de Rehabilitación e Investigación de las Víctimas de la Tortura (RCT) de Dinamarca, en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas.
A criterio del CPTRT, la convocatoria del gobierno “ignora el proceso legítimo de elección realizado el 25 de julio de 2023, en el que la abogada Mildred Meléndez fue electa por mayoría de organizaciones, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) y la propia Secretaría de Derechos Humanos”.
Recuerda además que la elección fue respaldada por la mayoría de las organizaciones participantes y no ha sido anulada por ninguna resolución administrativa ni judicial, por lo que sigue vigente y debe ser respetada.
Sin embargo, reclama que la juramentación de Meléndez ha sido bloqueada por razones políticas, lo que constituye una violación a la ley del MNP y a los principios democráticos que rigen la participación de sociedad civil.
Con la convocatoria de hoy a un nuevo proceso, la Secretaría de Derechos Humanos busca “elegir a otro comisionado en el cual se busca imponer al empleado del mecanismo Joel Fugón quien ha sido coordinador de las Juntas Locales y señalado como activista del partido LIBRE”, denuncia.
Asimismo, agrega que aunque las Juntas Locales están conformadas por sociedad civil, su uso como plataforma para impulsar la candidatura de un funcionario activo del MNP representa un grave conflicto de interés, y distorsiona el espíritu democrático que debe regir la participación ciudadana.
El proceso ha sido denunciado como una «asamblea simulada» por diversas organizaciones de derechos humanos, con lo que se advierte que su realización no solo profundiza el deterioro institucional del MNP-CONAPREV y pone en riesgo su autonomía, sino que además constituye una maniobra orientada a sustituir la voluntad legítima de las organizaciones por intereses partidarios, indica el comunicado.
El CPTRT interpuso este martes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confiando en que este espacio internacional se pronunciará oportunamente y abrirá el camino hacia la justicia para la abogada Mildred Meléndez y el respeto a la voluntad democrática de las organizaciones que la eligieron.
Asimismo, convoca a las organizaciones de sociedad civil, a los defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y firmes en la defensa de la independencia del MNP-CONAPREV.
En el comunicado, el CPTRT reconoce el cumplimiento idóneo del mandato legal por parte de los comisionados designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo: Orle Solis, Miguel Ortiz, Fernando Morazán y Romelia de Ártica.
“Al mismo tiempo destaca la labor de las comisionadas por sociedad civil, Odalys Nájera y Glenda Ayala, cuya firme defensa de los derechos de las personas privadas de libertad la convirtió en blanco de represalias, obligándola a salir del país junto a su familia en el año 2023”, cita el comunicado.
Ante estos incidentes, CPTRT considera urgente la emisión de un reglamento de selección de comisionados y comisionadas, que garantice procesos basados en meritocracia, experiencia, conocimiento técnico y perfil ético, evitando que intereses ajenos a la misión del MNP comprometan su independencia y excelencia profesional”. VC
