Tegucigalpa – Luego de ser señalada por presuntos actos de corrupción en compras sobrevaloradas, la abogada Cristina Díaz, secretaria general del ministerio de Salud, determinó retirarse por una semana de sus funciones y se puso a disposición de los entes de justicia para ser investigada.
Díaz ha venido siendo señalada como responsable de ciertas irregularidades, así como de la creación de empresas de maletín para ventas al Estado, lo cual calificó como “una intención de dañarme”.
En ese sentido, destacó que la nueva modalidad de compra, “ha permitido que el gobierno pueda obtener medicamentos con mejores costos y esta transparencia afecta mucho a varios sectores incluso a ex funcionarios de la Secretaría de Salud, porque para transparentar hay que tomar decisiones fuertes”.
A raíz de lo ocurrido, Díaz determinó ponerse a disposición de los entes de investigación y agregó que no tiene nada que ocultar.
“Me he comunicado con la doctora (Yolani) Batres y le he manifestado que me retiraré por una semana de la Secretaría de Salud”, expresó ante la prensa nacional.
Adicionó que su acción de retirarse de la institución será para permitir que todos los entes contralores del Estado puedan investigarla completamente.
“Yo estoy a la disposición para colaborar con todos los entes contralores, sea el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Fiscalía y cualquier otro organismo que quiera investigar, insistió Díaz.
Llamó a que le investiguen sus cuentas bancarias, su patrimonio familiar y añadió que estará “como un libro abierto para que puedan indagar”.
La secretaria general de Salud, reconoció que familiares suyos tienen empresas que venden productos médicos al Estado; “no lo voy a negar, no es delito, la ley lo permite, mi pariente se ha dedicado a esto por más de 20 años, eso no quiere decir que mi persona esté vinculada, yo no tengo ninguna empresa, no soy empresaria y no he vendido nada al Estado”.
En el caso de que sean reales las sobrevaloraciones por parte de las compañías de sus familiares, dijo que “quien tiene que responder son los dueños de esas empresas”.
