Hemos probado en múltiples y repetidas formas el financiamiento de parte del estado para actividades privadas de forma directa o indirecta. Esto ha incluido tanto una banca estatal que presta directamente (BANADESA), como formas de avales o riesgos asumidos por el estado (CONADI) u otras formas híbridas. Lo que todas estas soluciones han tenido en común es resultar en pérdidas grandes de recursos públicos y distorsiones en las operaciones.
Esto debe ser evidente a estas alturas. Cualquier empréstito avalado u otorgado por el estado tiene, por su origen, un alto grado de riesgo de pérdida. El funcionario no tiene un interés financiero directo en el buen desempeño de los créditos (largo plazo), pero sí un beneficio visible propio de otorgar el financiamiento o crear el programa (corto plazo). Por tanto, los incentivos son de desembolsar la mayor cantidad de recursos posibles minimizando la importancia del riesgo futuro.
A esto debemos sumar el efecto de la venalidad y parcialismo. La posibilidad de obtener financiamiento que el mercado no otorgaría en iguales condiciones de intereses, garantías y riesgo, es un beneficio económico considerable para quien lo reciba. Transmitir una porción de este beneficio al responsable de otorgarlo es un paso sencillo desde allí.
El estado puede participar en el proceso de financiamiento, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: el riesgo final debe ser asumido por otra entidad (principalmente un banco) y el proceso debe de ser lo más sencillo y transparente posible. El único mecanismo de financiamiento público moderadamente exitoso (aunque también viciado por lo expuesto en el último párrafo) ha sido BANHPROVI cuando ha operado exclusivamente como Banco de “Segundo Piso” (que solo opera a través de terceros, no gubernamentales).
Además de excluir los préstamos directos, para que esta institución funcionase bien serían necesarias varias reformas para mejorar su efectividad. Los clientes siempre han resentido la lentitud de las operaciones. Esta se deriva de que cada caso debe ser aprobado por la administración de BANHPROVI para hacer el desembolso, aunque haya ya pasado todo el análisis de parte de la institución que lleva el riesgo. Este problema, con su alta ineficiencia, desperdicio y potencial para la arbitrariedad, es de fácil solución. Los bancos podrían tener una línea revolvente donde aprueban desembolsos y luego estos se reportan para cargarla de nuevo. Esta línea se podría también alimentar de los repagos de los clientes, reduciendo el doble movimiento del dinero. Los recursos administrativos del banco se utilizarían para auditar y supervisar el buen uso de los fondos y no para construir un departamento de créditos “espejo” para hacer la misma función dos veces.
Otro desafío es limitar el potencial para la asignación arbitraria e indebida de recursos a partes relacionadas, o con acceso especial, de los funcionarios de los bancos a estos fondos. Es importante regular los máximos asignables y dedicar una cantidad de esfuerzo a auditar para que no se viole esta regla. Sin embargo, la misma naturaleza de la línea revolvente fácilmente permitiría corregir cualquier error o abuso, obligando a estos créditos a migrar a una línea comercial sin mayor consecuencia.
El caso de BANADESA es más complejo. Para que esta pudiese ser viable, como mínimo se deberían aplicar las mismas normas que a un BANHPROVI reformado. Cualquier intento de condonar deudas y pretender que en el futuro se cambiará con un parche legal o administrativo es una quimera. Los beneficios inmediatos para los funcionarios de obtener agradecimiento por condonaciones o nuevos créditos pesará más que las pérdidas futuras para el estado.
Se puede reformar la banca estatal para lograr un mejor resultado. Sin embargo, el verdadero motor financiero para el desarrollo de nuestro país debe ser el crédito privado (más allá de solo la banca) a bajos intereses y largo plazo. El estado debe contribuir dejando de succionar la liquidez exceso para cubrir su deuda y creando proyectos ad-hoc de forma arbitraria.
