Tegucigalpa- A menos de cinco semanas de las elecciones generales, Honduras entra en una semana crucial bajo un clima de incertidumbre y desconfianza institucional.
–Analistas advierten que Fuerzas Armadas invaden terreno civil.
El detonante: la sorpresiva solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que las Fuerzas Armadas reciban copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial el día de los comicios.
El CNE rechazó la petición, pero el general insistió públicamente en los medios, desafiando así la decisión del órgano electoral y reabriendo un debate que muchos creían superado: ¿cuál es realmente el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático?
Militares fuera de orden
Según el informe semanal del observatorio NODO, “la solicitud de las FFAA para acceder a actas presidenciales trastoca el orden civil y marca un nuevo desacuerdo crítico”. El documento advierte que la institución armada parece intervenir en el vacío de legitimidad creado por la fragilidad del CNE, poniendo en duda su propia delimitación constitucional: ¿subordinada al poder civil o un actor político con identidad propia?
En un escrito la jurista Ana Pineda, especialista en Derecho Constitucional, fue contundente: “La solicitud carece de fundamento constitucional y legal. Desnaturaliza el rol de las Fuerzas Armadas, que deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes”.
Desde la sociedad civil, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, advirtió que el intento de acceder a las actas implica una peligrosa transición:
“Es un salto cualitativo: de custodios a contadores. Quien cuenta, narra; y quien narra primero, fabrica realidad y declara ganador a su líder al mediodía”.
Jefe del ejército debería estar fuera por desafío a la Constitución
Incluso el exfiscal general Edmundo Orellana pidió excluir de una vez por todas a las Fuerzas Armadas del sistema electoral hondureño, calificando su involucramiento como “un resabio autoritario incompatible con la democracia”.
La exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Karen Guandique, fue aún más tajante: pidió la suspensión preventiva inmediata del general Hernández, así como una investigación del Ministerio Público y del órgano disciplinario militar, por posible abuso de autoridad.
Vulneración constitucional
Por su parte, la exrectora Julieta Castellanos cuestionó el silencio de la presidenta Xiomara Castro, recordando que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y titular de la Secretaría de Defensa en funciones, debía haber salido a desautorizar de inmediato la solicitud.
“Si la presidenta no se desmarca, es porque el Partido Libre está de acuerdo”, sentenció.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, recordó que a partir del 30 de octubre las Fuerzas Armadas pasan a disposición del CNE, conforme al artículo 272 constitucional, exclusivamente para custodiar y transportar material electoral.
“Cualquier intento de ir más allá vulnera el mandato constitucional y mina la confianza ciudadana”, advirtió.
Mientras tanto, el reloj avanza hacia el 30 de noviembre y la tensión aumenta. En un país donde cada proceso electoral se libra entre sombras de desconfianza y sospecha, la intención de los militares de contar votos se convierte en una línea roja: no solo una disputa de competencias, sino un pulso entre la institucionalidad civil y el poder armado.LB
