Tegucigalpa– En cumplimiento de la orden de la presidenta de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Iris Xiomara Castro Sarmiento, el cuerpo castrense informó este jueves que pasa oficialmente a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) a partir del 30 de octubre de 2025, conforme lo establecen la Constitución de la República (artículo 272) y la Ley Electoral (artículo 318).
La decisión se da a un mes de las elecciones generales y busca garantizar la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, tal como lo establece la normativa vigente.
Sin embargo, el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas destaca un punto adicional que ha generado atención pública: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados, una función que no está explícitamente contemplada en la ley.
En su pronunciamiento, los militares aseguraron que no tolerarán ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía popular o alterar la paz democrática.
“Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizan al pueblo hondureño que ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”, expresa el comunicado en su punto cuatro.
El documento también reafirma el compromiso institucional con la legalidad y la democracia, subrayando que el proceso electoral será “limpio, transparente, seguro, confiable y puntual, donde el voto del pueblo será respetado”.
La disposición presidencial marca el inicio formal del apoyo militar al CNE en la logística electoral, aunque la inclusión del “aseguramiento de la transmisión de resultados” ha sido interpretada por analistas como una posible ampliación del rol militar en el proceso, lo que podría suscitar debate sobre los límites constitucionales de su participación.
Con este anuncio, las Fuerzas Armadas se colocan oficialmente bajo la coordinación del Consejo Nacional Electoral hasta la declaratoria de los resultados, mientras crece la polémica por atribuciones que pueden ir más allá de sus competencias constitucionales.LB
