La demanda fue planteada durante una concentración en la Plaza de la Constitución con motivo del Día Nacional Contra la Desaparición Forzosa, establecido por el Congreso en 2004 en memoria de 27 líderes sindicales y estudiantiles que fueron detenidos y el 21 de junio de 1980 y permanecen desaparecidos desde entonces.
Frente al antiguo Palacio de Gobierno fueron colocadas cientos de fotografías de los más de 45.000 desaparecidos que, según las organizaciones humanitarias, se registraron durante la guerra que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla.
Aura Elena Farfán, dirigente de la asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo a los periodistas que la principal demanda es que se haga justicia por los miles de casos de desaparición forzosa.
Un hermano de Farfán, Rubén Amilcar, fue capturado por las fuerzas de seguridad el 15 de mayo de 1984 cuando era corrector de pruebas de la Editorial Universitaria y ex dirigente sindical, y hasta ahora se desconoce su paradero.
La activista humanitaria, y el dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe una ley para integrar una Comisión de Búsqueda de los Desaparecidos.
«Invitamos (al Estado) a reflexionar sobre este crimen que sigue en la impunidad y que tiene a miles de guatemaltecos a la espera de respuestas», dijo la organización Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) en un comunicado.
Esta ONG recordó que desde hace un año se encuentra paralizada la realización del primer debate oral y público por la desaparición de seis indígenas entre 1980-1984, delito por el que se acusa a un ex comisionado militar, que está en libertad.
Hasta ahora, los primeros detenidos por un caso de desaparición forzosa son dos ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Héctor Roderico Ramírez y Abraham Lancerio Gómez, capturados en marzo pasado por la detención y desaparición del líder sindical y universitario Edgar Fernando García, el 18 de febrero de 1984.
La guerra civil, según la Comisión de la Verdad, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El informe «Memorias del Silencio», que presentó esta comisión en febrero de 1999, documentó 669 casos de matanzas, 626 de las cuales fueron atribuidas al Ejército, 32 a la guerrilla y el resto a otros grupos no identificados.
