Tegucigalpa- El militante del Partido Liberal de Honduras, Eduardo Martell, reaccionó con preocupación ante las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien afirmó poseer audios que revelarían un supuesto plan para provocar una crisis poselectoral.
Martell subrayó que, más allá del contenido de los audios o de las personas involucradas, lo verdaderamente grave es cómo se obtuvieron dichas grabaciones, ya que podrían representar una vulneración al Estado de derecho.
“Más allá de lo que diga el audio y de los que intervengan en dicha conversación, lo grave y altamente delicado es saber cómo se obtuvieron esas grabaciones. ¿Existía alguna orden judicial para esas escuchas? Hay mucho que aclarar, porque esto compromete al Estado de derecho”, advirtió el político liberal.
El señalamiento surge luego de que el consejero Marlon Ochoa anunciara públicamente que posee una USB con pruebas fehacientes, incluyendo audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional, los cuales —según él— revelarían un complot para desestabilizar el proceso electoral.
“En mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral. Hoy a las 4:00 p.m. entregaré todo al Ministerio Público”, declaró Ochoa.
Las declaraciones han generado reacciones encontradas en el ámbito político, ya que mientras algunos sectores piden que el Ministerio Público investigue el supuesto plan, otros advierten sobre el riesgo de espionaje político y violación a la privacidad si no existió una autorización judicial para dichas escuchas.
Martell insistió en que el respeto a la legalidad y a los procedimientos constitucionales debe prevalecer en todo momento, especialmente a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que la transparencia y la confianza ciudadana son esenciales.
No se puede combatir una supuesta ilegalidad cometiendo otra. Si no hubo autorización judicial, esto abre un precedente peligroso para la democracia hondureña, concluyó Martell. LB
