Tegucigalpa – La justicia de Honduras declaró este lunes culpable el exalcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda por el delito de abuso de autoridad al haber otorgado ilegalmente el permiso de construcción de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
El fallo fue emitido por unanimidad por el Tribunal de Sentencia del departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país, y la pena de prisión a la que será sentenciado Pineda se conocerá el 4 de agosto próximo, según la resolución.
Por el mismo delito también fue declarado culpable el exvicealcalde de San Francisco de Ojuera, Plutarco Mejía Cardona, añadió el tribunal.
Los hechos ocurrieron en 2010, cuando ambos exfuncionarios otorgaron los permisos para la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca, «sin la debida consulta».
Según la acusación, los exfuncionarios municipales violaron normas internacionales y nacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este caso está vinculado al proceso conocido como ‘Fraude sobre el Gualcarque’, en el que Pineda ya había sido condenado en 2024 por los delitos de falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
Tras conocer la resolución, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), indicó en un comunicado que el proyecto hidroeléctrico se impuso «con violencia y sin consentimiento de las comunidades, violando gravemente sus derechos».
El fallo es un «paso en este largo camino para que el Estado de Honduras aplique el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y para que los funcionarios respeten sus derechos”, dijo Dunia Sanches, representante del Copinh.
La obra hidroeléctrica Agua Zarca fue rechazada por las comunidades de Río Blanco y por el Copinh, cuyo liderazgo fue ejercido por la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte.
Cáceres se oponía a la construcción de Agua Zarca por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
El Copinh señaló que este caso está vinculado con más de «una década de lucha y resistencia» de las comunidades de Río Blanco y del Copinh en defensa del río Gualcarque, la vida y el legado de Berta Cáceres.
La organización exigió que todos los responsables sean sancionados y se garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y reafirmó su compromiso con la justicia, la memoria y la defensa del territorio ancestral. JS
