Tegucigalpa – Este jueves suman 905 días desde que se instaló el estado de excepción parcial en Honduras. La medida, que es defendida por los cuerpos policiales, también concita denuncias por abusos y vulneración de derechos ciudadanos.
– De acuerdo al sondeo de opinión ERIC-SJ, el 70.6 % de la ciudadanía considera que el estado de excepción no está resolviendo el problema de inseguridad.
– El Conadeh ha recibido denuncias relacionadas, principalmente, con detenciones arbitrarias, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o pérdida de objetos, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual.
Recién esta semana se informó la publicación en La Gaceta del PCM número 21 desde que se aprobó el primero que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022. El PCM 018-2025 establece una vigencia desde el 19 de mayo al 3 de julio de 2025 de la cuestionada medida.
En las últimas horas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) contra el estado de excepción vigente en el país desde diciembre de 2022.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha reiterado que bajo estado de excepción, en Honduras, se han registrado más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad, por lo que insisten al Estado cesar con la medida ya que lejos de generar efectos positivos propicia violaciones a los derechos humanos.
En ese contexto, el Conadeh recuerda que ha emitido informes temáticos, boletines y comunicados públicos en los que reitera que dicha medida no es la adecuada para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común y que, más allá de generar efectos positivos, propicia violaciones de derechos humanos, incluyendo el registro de potenciales desapariciones forzadas.
Las denuncias registradas, en el Conadeh, coinciden con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por ejemplo, se han procesado penalmente a oficiales de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y agentes de la Dirección Policial Antimara y Pandillas (DIPAMPCO).
(LEER) CSJ admite recurso de inconstitucionalidad contra estado de excepción presentado por ASJ
Dichos procesos penales fueron incoados por suponerlos responsables de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir, falso testimonio, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo, entre otros, todo ello debido a sus intervenciones durante el estado de excepción.
Sondeo ERIC-SJ
La decimocuarta edición del Sondeo de Opinión Pública (SOP), realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), refleja miedo, incertidumbre entre la población de cara al futuro, mientras califica la gestión de Xiomara Castro con la nota más baja de sus tres años dirigiendo a Honduras.
Uno de los problemas más sentidos por la población hondureña es la delincuencia y la inseguridad, en ese sentido, siete de cada diez hondureños perciben un aumento en los asesinatos en el último año.
En medio del clima de inseguridad, el gobierno implementó el Estado de Excepción, desde diciembre de 2022, sobre los resultados de esa estrategia de seguridad, el 70.6 % de la ciudadanía considera que la medida no está resolviendo el problema.
Mientras que la violencia de género continúa siendo una grave problemática en Honduras, reflejada frecuentemente en portadas de medios de comunicación; según el sondeo, un contundente 90.4 % de la población percibe que el último año han aumentado los asesinatos de mujeres.
Herramienta efectiva
El director de Operaciones de la Policía Nacional, Miguel Pérez Suazo, defendió el estado de excepción parcial vigente desde hace 905 días en el territorio hondureño.
El oficial defendió que no existe una tan sola denuncia por abusos policiales durante el estado de excepción y agregó que lo que hay son quejas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
“El estado de excepción es una herramienta que facilita la operación de la Policía Nacional. Nos ahorra el formalismo que tenemos que hacer para solicitar un allanamiento”, dijo Suazo que con estadísticas trató de defender la legalidad y la efectividad de esta disposición jurídica.
Contabilizó 276 homicidios menos este 2025 en relación al mismo periodo de 2024. Asimismo, mencionó que se registran 95 muertes violentas de mujeres en lo que va del año, cifra menor a los 108 a la misma fecha del año anterior.
Alrededor de 52 mil 700 allanamientos se han ejecutado en todo este tiempo bajo el estado de excepción.
Policía cómoda y sin resultados efectivos
Para el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, la medida ha tenido un efecto positivo parcial limitado, ya que la Policía Nacional no ha podido aprovechar la circunstancia con golpes contundentes contra la criminalidad organizada y de esa forma crear ciertas condiciones de seguridad que hace mucho tiempo tienen a la población en situación de zozobra, temor, riesgo y afectación de tipo social y económico.
Riñó que pese a que la medida fue impuesta para contrarrestar a las maras y las pandillas, hasta el día de hoy hay muchos territorios que siguen estando bajo la égida del crimen. Tampoco se ha logrado recuperar los espacios utilizados por el narcotráfico donde realizan sus extensas siembras de coca y la operatividad de las pistas clandestinas de aterrizaje.
“El estado de excepción le ha servido a la Policía como especie de condición de comodidad para actuar, pero no para integrarse y hacer operaciones sostenidas para cumplir con el espíritu de la medida de excepción”, explicó Maldonado Galeas.
Según el general en condición de retiro, las autoridades no nos explican en cuanto se ha avanzado en prevención e inteligencia para continuar con la vigencia de la medida, si no es así prácticamente se está actuando a ciegas.
Dijo que la población va perdiendo la confianza en las autoridades y especialmente en la Policía Nacional porque se denuncia constantemente que miembros policiales forman parte de estructuras criminales. “Además, ha habido acciones de policías violentando los derechos de la población y también ha habido algunas muertes en algunos retenes debido al abuso de las facultades que tienen los órganos del Estado e igualmente el Ministerio Público ha entrado en un proceso de degradación institucional por los liderazgos que dirigen ese ente acusador del Estado”.
Todo dentro de lo legal, nada dentro de lo ilegal
De su lado, el abogado penalista Fernando Gonzales esbozó que el pueblo hondureño ha estado maniatado con un estado de excepción ilegal al tenor de estadísticas que fácilmente pueden ser maquilladas, por lo que se pronunció afirmando que “dentro de lo legal, todo, y fuera de lo legal, nada. No han sido ratificados los últimos PCM en el Congreso, por ende no tienen validez y todos los allanamientos que ha hecho la Policía Nacional tienen que llevar el visto bueno de un juez con jurisdicción de garantías”.
Recordó que son muchas las quejas que se han interpuesto ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sobre los abusos de la gente uniformada al ingresar a las moradas para efectuar allanamientos.
Cuestionó que la figura de estado de excepción se volvió prácticamente eterno, con 21 ampliaciones desde el primero el 6 de diciembre de 2022.
A criterio de Gonzales, el estado de excepción vulnera derechos constitucionales como el allanamiento de morada, lo que hizo que presentara un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le fue rechazado bajo el argumento que asume, presume y subsume que esto debe ser conocido por los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Explicó que un PCM sólo tiene peso de ley cuando pasa por el Congreso Nacional. El decreto no es legal sólo porque se publica en el diario oficial La Gaceta, reprochó.
“Juristas nacionales e internacionales aseguran que toda detención que ejecute la Policía Nacional, la PMOP, la ATIC en un estado de excepción de 6.00 de la tarde a 6.00 de la mañana en allanamientos de morada se vuelve ilegal”, sustentó. JS
