Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) espera que los países que integran las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU) recomienden al Estado de Honduras que cese el estado de excepción y en su lugar adopte una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género que aborde los problemas estructurales del país y solucione las causas que le subyacen.
Luis Martínez, Oficial Jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que este ente estatal realizó un informe con ocasión del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en la cual plasma sus principales observaciones y preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras y el estatus de las recomendaciones formuladas por los Estados Parte, en el 2020.
Agregó que, en ese informe “sombra” se tocan diversos temas, entre ellos, el estado de excepción en el cual, el Conadeh emite una serie de recomendaciones a los tres poderes del Estado sobre el estado de excepción vigente desde diciembre del 2022.
Al Poder Ejecutivo recomendó abstenerse de prorrogar la medida en tanto ésta no se ajuste a los principios de legalidad, proporcionalidad e idoneidad. Al Congreso Nacional, a realizar el control legislativo para modificar, ratificar o improbar los decretos ejecutivos y, a la Corte Suprema de Justicia, a realizar de manera oficiosa un examen de legalidad sobre los decretos de prórroga que no siguen el procedimiento constitucional.
Además, del informe enviado por el Conadeh al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal también se envían los aportes por parte del Estado y de Organismos no Gubernamentales.
El equipo de trabajo consolida esa información y es remitida a diversos países, los cuales posteriormente, en la consolidación del EPU, que se estará discutiendo en los próximos meses, emiten recomendaciones al Estado de Honduras para su cumplimiento y se logre progresar hacia un estado de derecho efectivo, explicó Martínez.
Desde que se puso en vigencia el estado de excepción en Honduras, el 06 de diciembre del 2022, se han emitido alrededor de 22 PCM, actualmente se ejecuta en 226 (76%) municipios de los 18 departamentos del país.
Desde diciembre de 2022, el Conadeh destinó esfuerzos en monitorear esta situación, de tal forma que se han registrado más de 1000 quejas a nivel nacional por las intervenciones de agentes estatales en el marco del estado de excepción.
Entre las principales quejas figuran las detenciones arbitrarias, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o pérdida de objetos, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual.
Alrededor de 7,560 muertes violentas
Durante los casi 33 meses de vigencia del estado de excepción, Honduras ha sido escenario de unas 7,560 muertes violentas, es decir, un promedio de 8 víctimas diarias.
Además, en el marco de esa estrategia de seguridad, impuesta por el gobierno, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de casi un centenar muertes múltiples de tres o más víctimas. Francisco Morazán registró alrededor de (19) , Cortés (14), Yoro (14), Olancho (12), Comayagua (7), Colón (7) y Atlántida(5).
Según el CONADEH uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta Honduras son los altos índices de criminalidad y violencia, principalmente la que proviene del crimen organizado.
En respuesta a esta problemática, el Estado de Honduras adoptó diferentes medidas que no han resultado eficaces y que son contrarias a los derechos humanos, por ejemplo, la militarización de la seguridad ciudadana a través de la creación de la Policía Militar del Orden Público.
Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2022, el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 para declarar el estado de excepción que limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución, y, la inviolabilidad del domicilio, con la justificación de combatir el crimen organizado y la delincuencia común.
El Conadeh ha sido enfático, tanto a nivel nacional como internacional, al señalar que la suspensión de garantías no es la medida adecuada para combatir la criminalidad organizada, ya que no aborda los problemas que subyacen a este flagelo y que la figura del estado de excepción ha sido desnaturalizada, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado.
En general, recomendó, a las autoridades competentes, crear una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y enfoque de género que permita avanzar hacia soluciones duraderas con un abordaje holístico que permita corregir paradigmática y estructuralmente la realidad sobre la violencia en el país. IR
