Tegucigalpa- Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, en su condición de titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, diversos sectores jurídicos y de sociedad civil reaccionaron con fuertes cuestionamientos a la decisión.
En la resolución, la CSJ no solo admitió el recurso de Exhibición Personal, sino que además nombró como jueza ejecutora a la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Saraí Izaguirre Lozano, argumentando la condición de altas funcionarias del Estado de las beneficiarias. “Admítase el presente recurso de Exhibición Personal a favor de las ciudadanas Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio”, señala el escrito oficial.
Tras conocerse la determinación judicial, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, lanzó una dura crítica contra la actuación de algunos magistrados de la CSJ, al considerar que se está desnaturalizando una figura constitucional.
Según Hernández, admitir un hábeas corpus sin sustento jurídico distorsiona un mecanismo creado para proteger la integridad física de personas que han sido agredidas o privadas de libertad por el Estado.
En la misma línea, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, calificó la acción impulsada por la PGR como una “ligereza jurídica”, al señalar que el Procurador General alegó desconocer el paradero de las consejeras del CNE sin que exista evidencia de una detención, desaparición o privación de libertad. A criterio de Canales, el recurso no tendrá repercusiones legales, ya que no cumple con los requisitos indispensables para la procedencia del hábeas corpus.
Por su parte, el abogado Dagoberto Aspra consideró que el recurso constituye una “patraña”, advirtiendo que podría tratarse de una maniobra para justificar una eventual captura o acción penal contra las funcionarias electorales, en medio del clima de tensión poselectoral que atraviesa el país.
Con la admisión del recurso por parte de la CSJ, surge ahora la interrogante sobre los pasos a seguir. Entre las dudas que circulan en el ámbito jurídico está si las consejeras deberán comparecer personalmente con la titular del CONADEH en su calidad de jueza ejecutora del proceso. No obstante, analistas advierten que también se mantiene latente la posibilidad de un eventual requerimiento fiscal en contra de las funcionarias.
El caso se suma a la creciente controversia institucional alrededor del proceso electoral y al debate sobre el uso de las figuras constitucionales, en un momento en que distintos sectores nacionales e internacionales observan con atención las actuaciones de los poderes del Estado y su impacto en la democracia hondureña.LB
