Tegucigalpa – Febrero de 2016 será el mes que permitirá registrar en Honduras una de las fases más agresivas en materia de lucha contra la corrupción al instalarse oficialmente la Misión de Apoyo de Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), producto de meses de reclamos ciudadanos en las calles al trascender el atraco hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en un típico caso de captura del Estado.
Previa a su instalación oficial, trascendían a la opinión pública los nombres de sus integrantes, entre ellos su vocero y coordinador, Juan Jiménez Mayor, un prestigioso abogado peruano con amplia experiencia en su país en materia anticorrupción. Era diplomático ante la OEA antes de su designación a la misión.
Le acompañan otros destacados personajes, expertos en las áreas penales, de sociedad civil y en el ámbito político. Sendos artículos escritos, uno por el secretario general de la OEA, Luís Almagro, y otro por Jiménez Mayor, publicados en el diario español El País, anunciaban las líneas de acción de la MACCIH, cuya presencia ha estado marcada por encuentros y desencuentros que avizoran ciertas tempestades a medida que se tome el pulso a la lucha contra la corrupción.
La primera sorpresa fue a los propios legisladores hondureños al trascender que el convenio contemplaba la figura de la extradición de compatriotas por asuntos de corrupción; una circunstancia que ya la reforma constitucional hecha para permitir las extradiciones contemplaba bajo la figura de crimen organizado, los actos de corrupción. El convenio fue ratificado por el hemiciclo en vista que trascendía más de un gobierno.
Luego el convenio de la MACCIH señala también que uno de sus objetivos en la lucha contra la corrupción es el sector privado al indicar que la esfera de ese fenómeno no es exclusiva de la administración pública o de quienes la integran.
Jueces anticorrupción, el primer mensaje
Y justo el día de su instalación en el país en un acto público a fines del mes de febrero, la Misión pide frenar el proceso de selección de jueces anticorrupción y anti extorsión anunciado por el poder judicial por considerar que no se ajustaba a lo establecido en el convenio que señala que la MACCIH puede participar en la certificación de los operadores de justicia.
La acción permite revertir la decisión e inicia un amplio proceso de selección de candidatos cuyo nombramiento será anunciado en enero de 2017.
Inicia así el trabajo de la MACCIH y a medida que sus integrantes se familiarizaban con el país, su contexto y las fuerzas que en él se mueven, la Misión se encontró con que Honduras tiene una ley de secretos oficiales y anuncia que analizará la misma y si es preciso pedirá reformas para garantizar el acceso a la información pública.
En ese contexto, las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que fungían en ese momento, dijeron de entrada que ellos no podían dar información a la MACCIH sobre hechos que investigaban o estaban por investigar porque la ley orgánica se los prohibía, pese a que el convenio de la Misión dice en una de sus partes que ésta tiene acceso irrestricto a la información que requiera para los fines que fue conformada.
La reserva ciudadana
Esas escaramuzas indicaban que la presencia de la MACCIH en el país no sería tan amigable. Del lado de la ciudadanía, la Misión se instaló, entre los optimistas, bajo la reserva ciudadana de darle el beneficio de la duda mientras otros le restaron toda posibilidad de minar la corrupción. Antes de su llegada al país, un sondeo de opinión hecho por los jesuitas a fines de diciembre de 2015, daba apenas un 32 por ciento de aceptación a la Misión, pues la ciudadanía pedía una CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), similar a la de Guatemala.
La MACCIH ha tenido así que tratar de tender puentes con una sociedad civil dispersa, una más flexible a su presencia, y otra más desconfiada. Los integrantes de la Misión, en ocasiones, dan la impresión de no terminar de entender la complejidad de la idiosincrasia hondureña, menos de las élites que la conforman.
De ahí que les cayera como balde de agua fría, la habilidad política representada en los partidos políticos en el Congreso para modificar la ley de política limpia o financiamiento para poner límite al dinero que ingresa a los partidos políticos en las campañas.
Una ley que ellos consideraban que sería aprobada en el mes de agosto se fue alargando en el tiempo, no fue posible que estuviera lista para el proceso de las elecciones primarias e internas de marzo de 2017, sino que posiblemente se aplique hasta para las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.
Los magistrados del acuerdo
La Unidad Técnica que tocará las costillas a los partidos políticos tendrá tres magistrados, uno del PN, otro del PL y otro de Libre y no uno como lo propuso la MACCIH. Fue la negociación consensuada y si bien existen otros artículos y apartados rescatables en la ley, la víspera indica que no todo será miel sobre hojuelas al momento de su aplicación. El tiempo dirá cómo será la fiesta.
En la lucha contra la corrupción la MACCIH ha logrado que la Procuraduría General de la República anuncie que no aceptará conciliaciones con el Estado en hechos de este tipo, como había sido una costumbre permitida por la ley. La decisión se dio luego que la Misión cuestionara el acuerdo a que llegó con el Estado el periodista deportivo, Henry Gómez, quien luego de un procedimiento abreviado y tras el pago de una pena conmutable, lograra su libertad por el escándalo del IHSS en el cual se le acusó de lavado de dinero.
Los integrantes de la Misión cuestionaron esta decisión, pero el pleno del poder judicial le salió al paso al indicarle que el fallo fue legal porque estaba permitido y que en ningún momento el juez había emitido sentencia fuera del Estado de Derecho.
En tanto, la MACCIH empezó a coordinar esfuerzos con el Ministerio Público, con quien ha logrado formar un buen equipo fiscal y de investigadores que ahora con la asesoría del experto fiscal internacional, Manuel Garrido, de Argentina, se preparan para dar sorpresas contra los corruptos en el 2017.
El año de la Misión
La MACCIH enfrentará en enero de 2017 una de sus primeras pruebas de fuego que dirá qué tipo de asesoría ha dado a la fiscalía, cuando se realicen los primeros juicios en el caso del seguro social en contra de su exdirector, Mario Zelaya, quien ya tuvo una condenaal cierre del año por un delito de almacenamiento ilegal de armas que nada tiene que ver con el IHSS.
El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, ha dicho que el caso del seguro social es uno de sus objetivos primordiales y anunció que, en el 2017, nuevas líneas de investigación que aún no han sido judicializadas, serán presentadas a los tribunales.
Pero a medida que la Misión intenta abarcar otras de sus funciones contempladas en el convenio, como es la reforma en el sistema penal y de justicia, las incomodidades empezaron a aflorar, en especial con la clase política representada en el parlamento, cuando los miembros de la MACCIH cuestionaron el procedimiento de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas.
Esa elección valió para que los máximos líderes del poder legislativo, le recordaran a la Misión que su labor era de “acompañamiento” y que respetara la soberanía para no volverse una legación injerencista. Ese tono de dureza ha sido quizá el mayor desencuentro que por ahora ha encontrado la MACCIH.
La tensión bajó luego de una reunión de alto nivel en Washington entre miembros de la Misión, la Secretaría General de la OEA y funcionarios del gobierno hondureño. La MACCIH hizo público su primer informe semestral ante el Consejo Permanente de la OEA y a partir de ahí, en el 2017, una nueva fase se desarrollará en Honduras, con un equipo más completo y al parecer un respaldo más sólido desde la cooperación que ha empezado a ampliar a algunos apoyos presupuestarios.
Se marcan así los primeros seis meses de una misión internacional que ha identificado tres actores claves desde la institucionalidad para poder operar: el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. Pero falta aún concitar un respaldo también importante: el de la ciudadanía que, si bien comienza a valorar algunas de sus acciones y comunicados, no deja de recordarle que su objetivo aquí es contribuir a fortalecer la institucionalidad para procurar justicia y desmantelar redes criminales corruptas, “caiga quien caiga”.
