Tegucigalpa – El Congreso Nacional inició una nueva legislatura, entre dudas que certezas, entre ellas las relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la impunidad, entre otras, en vista que, a fines de 2019, se aprobaron una serie de leyes y reformas que hacen del país una nación opaca y cada vez más secreta.
El poder legislativo inicio el 2020 con la promesa de ser más transparente e inclusivo, se adhirió a una propuesta gubernamental orientada a crear un sistema integral de lucha contra la corrupción e impunidad, con énfasis en la prevención más que en el aspecto sancionatorio e investigativo de la corrupción.
En ese sistema están representados los tres poderes del Estado y varias instituciones que avalaron el cierre de la MACCIH. El titular del legislativo, Mauricio Oliva, quien tiene aspiraciones políticas presidenciales en su partido, El Nacional, cree que en esta nueva legislatura sus habilidades de cirujano le permitirán cerrar heridas, algunas de ellas relacionadas precisamente con los temas de corrupción y las leyes aprobadas y las otras pendientes.
Oliva dijo que se “compromete a trabajar para cerrar las heridas que mantienen dividido al pueblo hondureño”, tras afirmar que “la corrupción se combate con los valores que los hombres honrados enarbolamos sin arrogancia y descalificaciones sectarias”.
Así estuvo su discurso, pero cuando le preguntaron si en esta legislatura se iba a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz—solicitada por la MACCIH hace tres años y la cooperación internacional—Oliva dijo que no entendía porque se quería imponer un tema que ha sido mediático, más que otra cosa, al señalar que ya la legislación hondureña contempla la figura del testigo protegido.
Ley de colaboración,
sigue siendo incómoda
La ley de Colaboración Eficaz es una herramienta utilizada en varios países del mundo para desmantelar grandes redes criminales y de corrupción, sirve para llegar al actor clave que permitirá, posteriormente, con pruebas verificables y argumentos sólidos, llegar a las cabezas de estas redes que hacen posible en los países una hipercorrupción.
En Honduras los legisladores—muchos de ellos imputados por la MACCIH—se han resistido a aprobar esta herramienta argumentando que no la necesitan.
Para Oliva, la corrupción es un “enemigo gigante y multiforme que se derrota con buenas prácticas, auditorias preventivas, transparencia, participación ciudadana y el imperio de valores”.
No obstante, ese discurso parece tropezar con la última decisión del legislativo antes de cerrar la legislatura de 2019, al aprobar una reforma por adición a su ley orgánica en donde veta el derecho ciudadano de acceder a información pública como son las actas o votaciones en el legislativo, como señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otro blindaje
Un ciudadano solicitó información pública sobre unas votaciones en el hemiciclo relacionadas con reformas aprobadas en ese poder del Estado. No obstante, la respuesta de la Secretaría del Congreso Nacional es que esa información no está disponible porque así lo establece la reforma por adición hecha a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Esa reforma por adición es el artículo 10-A en la cual argumenta que la acción del Congreso es inviolable y cita, entre otros aspectos, que tipo de información no puede ser entregada, ni siquiera al Ministerio Público, y solo tiene potestad de conocerla la Sala Constitucional del Poder Judicial.
Este último blindaje legislativo cerrando el acceso a información pública relacionada con actas, votaciones, intensifica las dudas en cuanto a nuevas estrategias de blindaje en el hemiciclo.
De momento, entre las leyes de blindaje aprobadas destacan las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que limita las funciones investigativas al Ministerio Público, la ley sobre la inmunidad parlamentaria, el fondo departamental, el nuevo Código Penal que entrará en vigor en mayo próximo, entre otras reformas.
El Ministerio Público ha anunciado, en el marco del quinto aniversario de la ATIC, que dará batallas para garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, advirtió que vendrán campañas de desprestigio por las acciones que van a emprender y que podrían incomodar a terceros.
Honduras según el último índice de percepción de la corrupción que presenta Transparencia Internacional, cayó 14 puestos en el ranking que mide a 180 países a nivel mundial, y en una escala de 0 a 10, el país tiene un promedio de 2.6 que le coloca en el vagón de la corrupción en América Central.
Transparencia Internacional, la organización que realiza ese índice de percepción de la corrupción, propone a los países medidas preventivas de combate a la corrupción, muchas de ellas pasan por reformas legales o nuevas leyes en el Parlamento.
Una de ellas es el control sobre el financiamiento político, que, en el caso hondureño, ha sido una de las fuentes identificadas para el desvío de recursos públicos. Al menos cinco partidos políticos hondureños fueron señalados en casos presentados por el MP de beneficiarse del desvío de fondos públicos.
Muchos diputados, exdiputados, funcionarios y ex funcionarios públicos se encuentran con procesos judiciales en los tribunales.
La nueva legislatura impone así fuertes desafíos para los legisladores, pues han aprobado una serie de normativas que riñen, incluso, con los propósitos del sistema de prevención e integridad que impulsan los tres poderes del Estado junto a otras instituciones.
