Tegucigalpa – Ministros, viceministros y gobernadores entre otros, parte de los servidores públicos que encabezan la lista de los que tienen apenas 10 días para dejar sus puestos y aspirar a una curul en el Congreso Nacional u otro espacio de elección popular en las elecciones generales de noviembre próximo según manda la Ley Electoral.
– Solamente están exentos de renunciar quienes ostentan cargos de elección popular como diputados y alcaldes, también quienes trabajan en la docencia y en el área de la salud.
– Están obligados a renunciar a su candidatura quienes sean parientes en el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad de los altos funcionarios públicos.
La actual legislación electoral establece el próximo jueves 27 de mayo, como fecha tope para que abandonen sus cargos en la administración pública, para los que disputarán un cargo de elección popular en los comicios generales.
Así se establece en el artículo 199 de la Constitución de la República que se refiere a las inhabilidades, así como el artículo 142 de la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que se refiere a las prohibiciones a funcionarios y a empleados públicos.
En el citado artículo, se establece que se prohíbe a los funcionarios y empleados públicos: asistir a reuniones de carácter político durante los días y horas hábiles; utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer personas u organizaciones políticas; utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo; y, utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda política.
El contraventor será sancionado con una multa equivalente a dos veces el salario mensual y en su caso de reincidencia con el doble de la misma sin perjuicio de la destitución de su cargo.
Obligados a dejar el cargo
Sobre el tema, el expresidente del fenecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, explicó a Proceso Digital que los funcionarios públicos tienen que renunciar a sus cargos a más tardar el próximo 27 de mayo, es decir, seis meses antes de la celebración de las elecciones generales.
Eso incluye a “todos los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo ya sea de la administración central o del nivel descentralizado”, subrayó Aguilar.
Agregó que están exentos de esa obligación, los que desempeñen cargos de elección popular como los diputados y alcaldes, asimismo, los que trabajan en el área de la docencia y los que laboran en el sistema de salud.
Además, están obligados a renunciar a su candidatura quienes sean parientes en el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad de los altos funcionarios públicos.
Eso incluye, por ejemplo, a los altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), “los parientes de esos, no pueden ser candidatos, a menos que renuncie el funcionario”, subrayó Aguilar.
Caso Rixi Moncada
Citó el caso de la actual consejera del CNE, Rixi Moncada, que tiene una hermana (Claudia Berónica Moncada), que es candidata a diputada por Francisco Morazán por el partido Libertad y Refundación (Libre), y un hermano (Mario Antonio Moncada), que aspira a ser alcalde de Talanga, por esa misma organización política.
En ese sentido, Aguilar señala que deben ser anuladas esas candidaturas de oficio o a petición de partes, porque ellos están inhabilitados porque están emparentados en segundo grado de consanguinidad con la consejera Rixi Moncada. Para que ellos puedan continuar con su candidatura tendría que renunciar la integrante del CNE.
CNE obligado a aplicar la ley
Advirtió que, si no renuncian, el órgano electoral está obligado a borrarlos de oficio porque así lo establece la ley, a petición de partes o de oficio, eso está establecido en la actual Ley Electoral y en la nueva que se discute para su aprobación en el Congreso Nacional.
Destacó que no es solamente cuestión de esa ley sino de la Constitución de la República, donde están establecidas las inhabilidades, así como también se señala en la Ley de Municipalidades y la Ley Electoral.
Enfatizó que, aunque en Honduras hay quienes están acostumbrados a violar la ley, los funcionarios y empleados públicos que aspiran a cargos de elección están obligados a renunciar seis meses antes de las elecciones tal como se establece en la ley primaria y en la Ley Electoral.
Aguilar aludió su caso cuando fue diputado y era asesor del ministro de Cultura y Turismo durante siete años, que comprendió los períodos del coronel Efraín González, Erick O’Connor y Armando Álvarez Martínez, pero cuando apareció en la planilla, interpuso su renuncia.
Indicó que él ha dado charlas sobre el tema electoral a los periodistas en países como Nicaragua con énfasis en la renuncia que deben presentar los funcionarios y empleados públicos.
Recalcó que no es que el presidente de la República les tiene que pedir la renuncia, es que están obligados a hacerlo tal como lo establece la ley.
No obstante, aludió que existen excepciones e incumplimientos ocurridos en los que candidatos han aspirado a puestos de elección, aun teniendo lazos de afinidad con altos personeros a los que la ley prohíbe aspirar y aun así, las autoridades electorales les han dejado pasar, incumpliendo su mandato.
Cabe recordar que más de una docena de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aspiran a cargos de elección popular tras ser electos en los pasados comicios primarios, quienes, hasta la fecha, siguen ejerciendo sus puestos en el gobierno.
No obstante, hay una cantidad de empleados públicos que laboran en instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Presidencia y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), quienes aspiran a cargos de elección popular como diputados suplentes, vicealcaldes y regidores municipales.
Algunos de los principales funcionarios que aspiran a cargos de elección popular:
1 – Luis Suazo, actual ministro de Comunicaciones y Estrategia, aspira al cargo de diputado suplente de Miguel Edgardo Martínez por Comayagua.
2 –Karla Emilia Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, aspira a ser diputada por Francisco Morazán, no obstante, está exenta de renunciar porque pertenece al área de la salud.
3 – Ebal Díaz Lupian, actual ministro Presidencia, quien aspira a convertirse en diputado por Francisco Morazán.
4 – Luis Pinel, actual gerente de Banasupro, aspira a ser diputado por el departamento de Francisco Morazán.
5 – Arturo Alonzo, encargado del Programa de Jóvenes, aspira ser diputado por Francisco Morazán.
6 – Carlos Loucel, actual Gobernador político de Choluteca, aspira a convertirse en diputado por ese departamento.
7 – Ramón Carranza, actual viceministro de Gobernación, Justicia y Descentralización quien aspira a ser diputado por el departamento de El Paraíso en la casilla 2.
8 – Wilson Pineda, actual Gobernador de Lempira, aspira a ser diputado por Lempira y va en la primera casilla.
9 – Nelson Márquez, actual ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) va como primer diputado por el departamento de Intibucá.
10 – Juan Carlos Molina, actual gobernador de Yoro, aspira la alcaldía de la ciudad de Olanchito.
11 – Lissi Matute Cano, actual viceministra de Sedis, va corriendo como diputada por Francisco Morazán.
12 – Doris García, actual viceministra de Sedis va aspirando a ser la vicealcaldesa por el Distrito Central en la fórmula de David Chávez.
13 – Dino Silvestri, actual gobernador de Islas de la Bahía va aspirando a salir como diputado por ese departamento insular.
14 – Olman Argueta, encargado del programa Honduras Se Levanta, va como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). (PD)
