Tegucigalpa – El Estado hondureño pretende realizar una ofensiva contra el crimen organizado, pero una de las principales herramientas para lograr el objetivo fue anulado al quitársele el financiamiento al Ministerio Público en el apartado de protección de testigos.
– Es una herramienta para combatir el crimen organizado, por lo que queda debilitado
Las experiencias de Estados Unidos, Colombia y otras naciones que han combatido el crimen organizado recuerdan que uno de los pilares para combatir el crimen, además de la investigación y el control del dinero, ha sido proteger a los testigos que provean información o personas del mismo crimen organizado que deciden colaborar con las fuerzas del Estado.
Una alta fuente del Ministerio Público reveló a Proceso Digital que los recursos para el programa Protección de Testigos fueron anulados, sin agregar más detalles.
El Congreso Nacional fue el encargado de aprobar los recursos presupuestarios a todas las instituciones públicas, incluyendo al Ministerio Público, la entidad encargada de manejar el programa de Protección de Testigos.
De manera que los expertos no entienden las contradicciones existentes en los sectores estatales, ya que por un lado el gobierno y el Congreso Nacional quieren impulsar una ofensiva contra el crimen organizado y simultáneamente le reducen los fondos a una de las entidades encargadas de su combate.
Sin el programa de Protección de Testigos la lucha contra la delincuencia organizada se ve amenazada y debilitada, ya que se este mecanismo se utiliza para perseguir a los líderes de las bandas delincuenciales.
El Congreso Nacional aprobó la figura de la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico y el terrorismo, pero a la vez aumentar las penas para los casos internos, pero dichos casos necesitan ser judicializados para que puedan concretarse.
Honduras es señalada el país más violento del mundo fuera de las zonas de guerra, según un estudio de las Naciones Unidas, ya que tiene una tasa de homicidios de 82 personas por cada 100,000 habitantes.
A raíz de ello se han realizado una serie de trabajos especiales de la prensa estadounidense sobre la realidad hondureña, lo que ha elevado la preocupación de los sectores gubernamentales por su impacto en la atracción de inversiones y el turismo.
Las experiencias de Estados Unidos, Colombia y otras naciones que han combatido el crimen organizado recuerdan que uno de los pilares para combatir el crimen, además de la investigación y el control del dinero, ha sido proteger a los testigos que provean información o personas del mismo crimen organizado que deciden colaborar con las fuerzas del Estado.
Una alta fuente del Ministerio Público reveló a Proceso Digital que los recursos para el programa Protección de Testigos fueron anulados, sin agregar más detalles.
El Congreso Nacional fue el encargado de aprobar los recursos presupuestarios a todas las instituciones públicas, incluyendo al Ministerio Público, la entidad encargada de manejar el programa de Protección de Testigos.
De manera que los expertos no entienden las contradicciones existentes en los sectores estatales, ya que por un lado el gobierno y el Congreso Nacional quieren impulsar una ofensiva contra el crimen organizado y simultáneamente le reducen los fondos a una de las entidades encargadas de su combate.
Sin el programa de Protección de Testigos la lucha contra la delincuencia organizada se ve amenazada y debilitada, ya que se este mecanismo se utiliza para perseguir a los líderes de las bandas delincuenciales.
El Congreso Nacional aprobó la figura de la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico y el terrorismo, pero a la vez aumentar las penas para los casos internos, pero dichos casos necesitan ser judicializados para que puedan concretarse.
Honduras es señalada el país más violento del mundo fuera de las zonas de guerra, según un estudio de las Naciones Unidas, ya que tiene una tasa de homicidios de 82 personas por cada 100,000 habitantes.
A raíz de ello se han realizado una serie de trabajos especiales de la prensa estadounidense sobre la realidad hondureña, lo que ha elevado la preocupación de los sectores gubernamentales por su impacto en la atracción de inversiones y el turismo.
