“El sistema permite que la última palabra en materia de decisiones electorales la tenga la Corte Suprema de Justicia al tenor de la Ley de Justicia Constitucional, ellos pueden cambiar una decisión del TSE” justificó el magistrado Ortez
Las elecciones internas hondureñas en las que participaron los partidos Nacional, en el poder; Liberal, principal fuerza opositora y el naciente Libertad y Refundación (Libre), costaron al erario público 700 millones de lempiras.
“En un país como Honduras hasta un presidente de la república pudiera ser cambiado” ironizó el funcionario del TSE.
Ejemplificó que en Nicaragua, un país al que calificó de enfrentar contradicciones enormes, “se tomó una determinación muy sabia y es que al poder electoral lo hicieron un poder constitucional para que no le de cuentas a nadie y sea independiente y sus decisiones sean últimas”.
“Así se genera credibilidad” reiteró respecto al caso nicaragüense.
Respecto a su criterio particular en torno a la decisión judicial dijo que “lo que yo opine nada importa, lo que diga la Sala de lo Constitucional es ley de la república, el fallo debe respetarse, lo que sí puedo decir como magistrado es que ese fallo obliga a que el Congreso Nacional y las fuerzas políticas hagan una revisión de lo que es la Ley Electoral porque definitivamente ya no tiene sentido hacer un proceso electoral primario”, manifestó Enrique Ortez.
