Tegucigalpa, Honduras. Si así es la víspera, cómo será la fiesta… Si ya tenemos un antecedente de elección de fiscales interinos a través de una Comisión Permanente conformada por nueve congresistas en su mayoría de un mismo partido político, ¿qué impiden que se siga la misma práctica para el resto de cargos de elección en segundo grado de servidores públicos?
Si la excusa es el boicot y la falta de consensos, nada bueno podemos esperar, porque es lo que ha predominado en el actual Congreso Nacional. Y, ante eso, tomar el control por la fuerza de los cargos que se nombran desde el hemiciclo con la voluntad de una sola bancada, pisoteando la voluntad soberana de los demás, ya es una práctica común.
El espectáculo legislativo es tal que como ciudadanía lo estamos normalizando, total, ese es el Congreso que tenemos, como bien lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Precisamente, para evitar esos exabruptos inconstitucionales, previo a las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales del Ministerio Público, el CNA presentó un anteproyecto de Ley para la elección en segundo grado de servidores públicos. Dicho anteproyecto estuvo en manos de algunos congresistas, pero no se ha sometido a discusión.
El objetivo es establecer el obligatorio proceso que se debe de seguir para la postulación, evaluación, definición de aspirantes y selección de servidores públicos que, en segundo grado, por disposición constitucional o legal, le correspondan hacer al Pleno del Congreso Nacional de República.
En uno de sus apartados resalta que el Congreso Nacional no podrá elegir a servidores públicos en segundo grado, de forma permanente o interina, a personas que no sean propuestas en una nómina presentada por una Junta Nominadora nombrada para el efecto.
El documento está formulado en tal sentido que durante las etapas del proceso de elección predominen los principios de legalidad, debido proceso, publicidad, máxima divulgación, oralidad, igualdad, respeto a la intimidad y respeto al estado de inocencia.
La propuesta destaca la importancia de una veeduría activa y participativa, tanto nacional como internacional, durante todo el proceso.
Los servidores elegidos en procesos de segundo grado son los siguientes:
1. Comisionado y Comisionado Adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos;
2. Comisionados de la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia;
3. Comisionados de la Unidad de Política Limpia;
4. Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública;
5. Comisionados del Registro Nacional de las Personas;
6. Concejales del Consejo Nacional Electoral;
7. Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto/a;
8. Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia;
9. Magistrados y Magistradas del Tribunal de Justicia Electoral;
10. Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Cuentas; y
11. Cualquier otro servidor público que corresponda al pleno del Congreso Nacional.
Muchos de estos nombramientos están programados en ley para los próximos meses y el panorama en el que se han desarrollado los procesos anteriores nos anuncia que el conflicto se puede trasladar también a estos cargos.
Reunir en una sola ley el procedimiento para la elección de cargos de segundo grado no solo garantiza un proceso transparente, sino que deja menos espacio para interpretaciones acomodadas o forzar «salidas ilegales» para acomodar la elección a intereses particulares.
Este es un llamado para que, si se culmina la parálisis legislativa, las y los congresistas se puedan reivindicar con leyes que procuran el bien común, y dejen de presentar el Día del Nacatamal como propuesta para cumplir la evaluación en producción legislativa.
Para las personas interesadas, el anteproyecto está disponible en la página web: https://www.cna.hn/ley-para-la-eleccion-de-segundo-grado-para-funcionarios-publicos.
