Tegucigalpa – Con menos uno, así comenzó la otra fase en el proceso de selección para escoger una nómina de cinco postulantes de los cuales el Congreso Nacional elegirá al sucesor o sucesora del actual Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, quien en su gestión imprimió al Ministerio Público, no solo estabilidad institucional, también relevancia al otorgar fuertes golpes en la lucha contra el narcotráfico y el combate a la corrupción sin distingos políticos partidarios.
– El no acceso a periodistas marcó la primera jornada de audiencias públicas, que fueron transmitidas por el canal de la UNAH.
– Aspirantes vacilantes y otros con aplomo se notó en la jornada.
La Junta Proponente inició a partir de este lunes 28 al miércoles 30 de mayo las audiencias públicas a 24 de los 25 postulantes que habían pasado el primer filtro. En esta segunda etapa quedó fuera el abogado Ricardo Alfredo Montes Nájera por ser un destacado dirigente del partido en el poder, el Nacional.
Rolando Argueta.Así lo dejó entrever el presidente de la Junta Proponente y actual presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, al justificar el motivo por el cual dejaron fuera del proceso a Montes Nájera, que en la primera etapa del actual gobierno ocupó destacados puestos en la administración pública, entre ellos un vice ministerio.
En las audiencias públicas los postulantes hicieron una corta presentación de sí mismos y su trayectoria, hablaron de su plan de trabajo institucional si llegan al Ministerio Público y respondieron preguntas de la Junta Proponente y de la ciudadanía canalizada por instancias civiles. Se les evaluaron sus conocimientos en materia penal, de derechos humanos, lucha contra la corrupción y manejo mediático, entre otros.
¿Un fiscal penalista o un visionario estratégico?
Edmundo Orellana, exfiscal del Ministerio Público, ha cuestionado que la Junta Proponente intente potenciar más el área penal que el pensamiento estratégico que debe regir a un fiscal general, al indicar que, si bien un fiscal debe manejar el ámbito penal, él no va a ser quien va a litigar en los tribunales, sino un buen equipo formado de fiscales. El Fiscal General, asevera, debe tener visión estratégica de hacia dónde quiere llevar la institución, cómo se va a relacionar con la MACCIH, con sus pares centroamericanos, en especial del Triángulo Norte, donde ya hay mecanismos conjuntos de coordinación y combate al crimen organizado y la corrupción.
Respuestas obligadas de los postulantes
El nuevo Fiscal General deberá, por ejemplo, responder cómo piensa dar continuidad a los lineamientos estratégicos planteados en la gestión del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, al definir tres prioridades en su plan de trabajo: combate a la delincuencia común; combate a la criminalidad organizada y narcotráfico; y combate a la lucha contra la corrupción. Esos han sido tres ejes visibles de su plan de trabajo, aunado al fortalecimiento interno del Ministerio Público, entre otros aspectos.
La gestión de Chinchilla debe ser el punto de partida para identificar nuevas formas de trabajo y abordaje en la lucha contra la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, los casos de violación a los derechos humanos, los delitos ambientales, los feminicidios, entre otros.
La Junta Proponente tiene el desafío de hacer de las audiencias públicas un mecanismo que revele qué tan preparados o no están los aspirantes a convertirse en próximo Fiscal General y Adjunto pues en esta elección el país se juega su destino para definir hacia dónde quiere llevar la lucha por la transparencia, el adecentamiento de la justicia y el combate a la impunidad, entre otros.
La elección del próximo Fiscal General y Adjunto se produce en una coyuntura particular en el país, pues a diferencia del pasado, hay mayor preocupación ciudadana por la suerte que puede tener el hasta ahora principal aliado de la MACCIH como es el Ministerio Público, hasta dónde podrá seguir trabajando de forma integrada con la Misión en la investigación y persecución penal de crímenes de alto impacto.
También se da en la coyuntura de la mirada incisiva de Washington, que ha mostrado especial interés en estos procesos en los países del Triángulo Norte dentro del marco del Plan Alianza para la Prosperidad, donde senadores y congresistas han sido claros en sus mensajes que no están dispuestos a tolerar más corrupción y a apoyar con recursos a estos países si los resultados anticorrupción son pobres.
De ahí que los escenarios que esperan al próximo Fiscal general y Adjunto no serán fáciles, pues tiene a lo interno que resolver una serie de muertes emblemáticas, terminar de destrabar el escándalo de corrupción del Seguro Social, en cuya administración de Chinchilla se han presentado los casos y obtenido condenas.
La primera sombra despejada
Aunque los espacios para los pactos políticos no están cerrados, de entrada, las audiencias públicas lograron despejar la primera sombra al trascender denuncias desde instancias civiles que existía la posibilidad de nombrar una interventora en el MP repartida en un triunvirato de las tres fuerzas políticas más representativas en el hemiciclo.
Pero los tres poderes del Estado salieron al paso indicando que ello sería inconstitucional, que no existe ambiente alguno para una jugada de esa naturaleza y que el proceso de selección y posterior elección del Fiscal General y Adjunto sigue su curso.
Ahora la otra sombra que deberá despejar la Junta Proponente en las audiencias públicas y hasta que seleccione la nómina de cinco postulantes que enviará al Congreso Nacional, es la primera objeción hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción a siete postulantes a quienes señala de tráfico de influencias, abuso de autoridad, fraude contra el Estado y presuntos ligues con el narcotráfico.
Para ello, la Junta Proponente anunció que solicitará una reunión con el Ministerio Público para que proporcione información acerca de los expedientes proporcionados por el CNA para cotejar información y dar a los denunciados el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso.
Dentro de los denunciados del CNA, cuyos nombres no han sido públicos por el derecho de protección a la imagen, existe uno que tiene almacenadas en su contra más de 17 denuncias, mientras otro de ellos se le vincula fuertemente en actividades de narcotráfico. Bajo esta sombra iniciaron las audiencias públicas.
Reestructurar fiscalías y unidades El abogado Abraham Alvarenga plantea la necesidad de reestructurar y reorganizar el Ministerio Público en sus diferentes fiscalías y unidades. Promete reforzar la Fiscalía Especial de Investigación de Muertes de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Abogados, para que ofrezca respuestas contundentes y saldar la deuda que se tiene como Estado al estar en la impunidad muchos de estos casos. Igualmente, asegura que la Fiscalía debe capacitar permanentemente a todos sus empleados, desde los administrativos hasta los fiscales de campo. Además, prevé crear premios al mejor fiscal, al mejor investigador y otros funcionarios. En su plan estratégico contempla persecución marcada de los delitos que más daño le hacen a la población como la criminalidad organizada y corrupción. “También vamos a modernizar toda la parte del Ministerio Público en lo que se refiere al manejo de información”, afirmó durante su audiencia. Fundar el Instituto de Criminología Para el togado Aníbal Federico Izaguirre, su plan en caso de ocupar el cargo de fiscal se basa en el ejercicio de la acción penal pública, la dirección técnico-jurídico de la investigación criminal, aporte de la prevención del delito y el funcionamiento a lo interno del MP que tiene que ver con políticas disciplinarias, de certificación y de presupuesto para el personal. Citó la importancia de fortalecer el programa de protección a testigos, denunciantes, víctimas y funcionarios. Izaguirre desglosó que creará una unidad no permanente contra los crímenes violentos y crímenes especiales. Este cuerpo será integrado por fiscales e investigadores de otras unidades para que ofrezca resultados rápidos a delitos de impacto. Ofrece crear un Instituto de Criminología y de Política Criminal, que se nutra de perfiles criminológicos y delictivos por zonas geográficas que ayuden a dar con los delincuentes que cometen crímenes atroces. Duplicar investigadores de ATIC El profesional del derecho, Carlos Roberto Cálix Hernández, detalló que entre sus aspiraciones en el caso de ocupar el cargo de fiscal está aumentar la cantidad de detectives de la ATIC, en vista que los que actuales están preparados para combatir delitos de criminalidad organizada, corrupción y narcotráfico, y en el caso de la delincuencia común que es lo que afecta a la mayoría se ha descuidado este apartado. “Vamos a duplicar el número de agentes de la ATIC con el afán de prestar atención a los delitos comunes que afecta a la generalidad de la población, igual situación ocurrirá con los fiscales del Ministerio Público”, externó. Su propuesta incluye la construcción de dos complejos forenses (Tegucigalpa y San Pedro Sula) para atender los casos que se presentan en estas zonas. La oferta de Cálix Hernández también hace referencia a la urgente necesidad de contar con edificios propios para la instalación de sus fiscalías en el interior del país, este extremos mediante fondos propios y de la cooperación externa. Ampliar la ATIC De su lado, el magistrado de Corte de Apelaciones, Claudio Danilo Casco, prometió ampliar las facultades de investigación de la ATIC. La ATIC actualmente investiga el catálogo de 21 delitos, por lo que la misma debe ampliarse considerando sus buenos resultados en tres años. Reorientar la política de persecución penal es otra de las metas de este aspirante. “Efectuar las propuestas de reformas a la Constitución gestionándolas con el afán de eficientar la labor de la Fiscalía”, dijo. MP con compromiso, integridad y liderazgo El actual jefe de la División del MP, Daniel Arturo Sibrián Bueso, hizo una radiografía de las urgentes necesidades que potenciarían las labores de la Fiscalía. Para ello dijo le imprimirá compromiso, integridad y liderazgo. Mencionó que el programa de protección de testigos debe extenderse a otros actores distintos a los colaboradores en la investigación. “Es necesario fortalecer la planificación estratégica y gestión de calidad que mide la ejecución del plan, pero necesitamos un ente técnico que se encargue de desarrollar esa misión estratégica”, desglosó. Urge reglamentar la División de Recursos Humanos, División Administrativa, División Legal y otras. Luego, otro apartado importante es la construcción física de centros integrados a nivel nacional. Se está en construcción el de Santa Rosa de Copán, Choluteca y Comayagua, sin embargo todo el país requiere de estos espacios. Política clara de persecución penal La togada Doris Imelda Madrid dijo que su plan de trabajo lo concibe en base al trabajo realizado en 21 años en el campo penal. Destacó la importancia de un modelo de gestión de casos para valorar los tiempos que deben durar los casos. Madrid citó que la sociedad amerita transparencia ejecutoria del MP, no solo en la operatividad presupuestaria, sino en informar lo que se hace para castigar la impunidad que tanto daño le provoca al país. El fortalecimiento de la investigación científica es un apartado importante en su plan de trabajo para lograr con ello la optimización de los recursos y la debida presentación de requerimientos fiscales. Habrá una clara política de la persecución penal mediante la implementación de doctrina fiscal para que la percusión tenga la misma doctrina en todo el país. Finalmente, subrayó la potenciación de la Dirección de Medicina Forense a lo interno del MP y pasar la parte criminalística a la DPI. Creación de una Inspectoría de Fiscalías El abogado Efren Alexander Aguilar prometió eficacia en la solución de conflictos sociales de relevancia punitiva mediante una investigación adecuada con trabajo integrado de fiscales e investigadores. En el apartado de los requerimientos fiscales dijo que los mismos deben ser bien suplantados por la ATIC y Medicina Forense. Como líneas estratégicas resaltó que la Fiscalía necesita llegar a lugares donde nunca han tenido presencia y fortalecer las distintas unidades de la institución con el acompañamiento de una Inspectoría de fiscalías. Un trabajo coordinado con otros entes investigativos externos del MP es parte del modelo que propone Aguilar en el caso de convertirse en Fiscal General. “Mi plan se basará en la Ley de la Carrera Fiscal; otro reto será la aplicación de manuales de puestos y salarios para que los servidores del Ministerio Público tengan mejor calidad de vida”, puntualizó. Respuesta institucional a violación de DDHH Para el último participante en las audiencias de este lunes, Eduardo Antonio Galindo, su plan estratégico será una continuación del actual para no estropear lo que se ha hecho. Explicó le dará un enfoque humanista, integral e incluso al MP mediante la guarda y promoción de los derechos humanos. Propone, además, la lucha contra la corrupción en el ámbito público y privado. “Aspiramos a que no sea una organización de sociedad civil la que le indique al Ministerio Público que hay actos de corrupción para que actúen”, afirmó. Galindo concluyó que fortalecerá las fiscalías especiales del Ministerio Público. “Habrá respuesta institucional ante denuncia de violaciones a derechos humanos, motivará los valores éticos de los empleados y consolidará la carrera fiscal para optimizar el talento humano”. |
