Mientras una agonía inesperada precede al proceso que falta para culminar la elección de los nuevos inquilinos por siete años en el poder judicial, la decisión de un juez natural de suspender del cargo y dar arresto domiciliario al vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, por encontrar indicios de culpabilidad en delitos en contra de la administración pública, fue la tapa que selló el pomo de una justicia alicaída que amerita de profundas cirugías para evitar su colapso y por ende un ensanchamiento en el deterioro de su institucionalidad.
Contra todos los pronósticos, el magistrado y juez natural, Raúl Henríquez Interiano, se despidió de su paso por la justicia con la determinación, en un intento por hacer ver a propios y extraños que la justicia hondureña ya no solo puede picar a los de pies descalzos, sino que también puede ser ejemplo de querer poner orden en casa.
Las cuatro medidas cautelares sustitutivas de la prisión otorgada al concejal Teodoro Bonilla, no solo son las primeras de su índole a un alto funcionario de la cúpula del poder judicial, sino que también evidencia que el Consejo de la Judicatura no ha venido trabajando como se esperaba, pese a su reciente creación de un poco más de dos años.
Teodoro Bonilla, según el juez natural, goza de arresto domiciliario y no puede salir del país y ni acercarse a dos funcionarias judiciales, una magistrada de apelaciones y una juez de jurisdicción nacional, por el caso que se le acusa y en el cual ellas también son señaladas de obstrucción a la justicia.
Un Consejo que no da el ancho
Pero no solo el concejal Teodoro Bonilla ha sido señalado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias para favorecer presuntamente a un pariente suyo implicado en supuestos hechos de crimen organizado ligado al lavado de activos y el tráfico de armas, también otros dos concejales estarían a las puertas de enfrentar similares procesos los cuales podrían ser llevados por los nuevos magistrados de la próxima Corte que espera ser electa la semana que está por iniciar.
Aparejado al juicio que ahora enfrenta Bonilla, trasciende que otro miembro del Consejo de la Judicatura, el consejero Francisco Quiroz—quien se presume sustituiría a Bonilla en la vicepresidencia del Consejo de la Judicatura—habría optado en las últimas horas a autonombrarse, según denuncias, como magistrado de apelaciones en un tribunal de Santa Bárbara, un puesto que ocupará hasta dentro de tres años cuando cese como concejal, a menos que surja un imprevisto de último momento y se mude a su nuevo despacho antes de tiempo, según fuentes del poder judicial.
El Consejo de la Judicatura se ha visto envuelto también en acciones vinculadas con despidos de jueces con presuntos vicios de irregularidad, algunos de cuyos casos están por ser conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Elección CSJ, juegos de trono
En tanto, el proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia ha estado salpicado de altibajos, donde las mayores sorpresas se han dado en el Congreso Nacional, el epicentro que concentra los juegos de la política. Ahí han aflorado todo tipo de intereses, legítimos unos y creados otros, al grado que en tres intentos no se ha podido terminar de elegir al resto de los siete magistrados faltantes.
Los diálogos, los consensos, las apuestas y las negociaciones están por doquier, pero en términos de credibilidad y confianza, la Corte Suprema de Justicia que se está por conformar tiene ante sí el enorme desafío no solo de impartir justicia sin inclinaciones de ninguna índole, sino que dar contundentes mensajes de confianza y credibilidad a una población que cree que la justicia en Honduras solo mira para un lado, y no necesariamente el lado de los desposeídos.
El 80 por ciento de los hondureños considera que la justicia en Honduras favorece a los poderosos, según una encuesta hecha por un equipo de la Compañía de Jesús en Honduras, la cual indica que el poder judicial está entre las ocho instituciones del país sobre las cuales ha caído el nivel de confianza.
La expectativa de la sociedad con la nueva Corte Suprema de Justicia, al margen de su conformación, es que esté a la altura de las reformas en el sector justicia, que prosiga con el proceso de extradiciones que inició la Corte Suprema que está por vacar y que devuelva la confianza y credibilidad que la ciudadanía reclama.
Una trilogía sobre Honduras
El acento a las reformas en el poder judicial cobra cada día más vigencia. La llegada de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), tiene entre sus objetivos certificar jueces y apoyar reformas institucionales en ese poder del Estado, además del resto de los entes de control y los operadores de justicia.
Pero los ojos sobre la justicia hondureña y sobre la próxima Corte Suprema de Justicia no solo estará puesto por lo que haga o deje de hacer la MACCIH, también por la Comisión que dentro del Plan Alianza para la Prosperidad que promueve Estados Unidos para el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se conformará también para el país.
Se suma a esta trilogía de vigilancia a la justicia y a los órganos de control, la inminente llegada de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que trabajará de cerca con el sector justicia.
De esta suerte, el tipo de Corte Suprema de Justicia que elija el Congreso ya tiene agenda marcada y una de ellas es el nuevo rol que deberá dar al Consejo de la Judicatura. La nueva corte y el Consejo de la Judicatura son las dos mejillas de un mismo rostro que con su accionar indicará que tan limpio, que tan transparente o qué tan opaco será en la llamada “recuperación” de la justicia hondureña.
