“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”: Kofi Annan, exsecretario general de la ONU.
Siempre que los gobiernos buscan esquilmar los bolsillos de los contribuyentes con nuevos impuestos, arbitrarias medidas impositivas, nuevas tasas o tarifas a los servicios públicos o justificar multimillonarias inversiones o turbios negocios, generan o propician las crisis para justificar la necesidad de implementar esas medidas y de paso ablandar y apaciguar a la opinión pública. Esa ha sido una práctica inveterada de los políticos para lograr sus objetivos con la mínima resistencia ciudadana.
Eso fue justamente lo que ocurrió en 2011 con la Tasa de Seguridad Poblacional o mejor conocido como el Tasón. El Gobierno de ese entonces urgía de millonarios fondos para financiar su abultado y obeso aparato estatal y había que sacar los dineros de cualquier lugar sin que eso se percibiera como un nuevo e impopular paquete de medidas impositivas.
Así que partiendo de esa premisa utilizaron como coyuntura perfecta la imparable ola de violencia e inseguridad que a la sazón azotaba a los hondureños y crearon el Tasón, inicialmente como una medida temporal, pero que con el tiempo se fue dosificando de forma paulatina e imperceptible, hasta convertirlo en un impuesto permanente que hoy tiene un fuerte impacto en el bolsillo de todos los hondureños.
En ese momento, Honduras ostentaba la tasa de criminalidad más alta del mundo con un promedio de 92.2 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según Naciones Unidas; de modo que el Gobierno se agarró de esas escalofriantes estadísticas para imponer el Tasón bajo el argumento que la totalidad de sus ingresos serían destinados para fortalecer a los cuerpos de seguridad del estado y los operadores de justicia en su misión de combatir la criminalidad y la delincuencia imperante.
Nada más alejado de la realidad, porque posteriormente el decreto de creación fue sometido a una serie de reformas y cambios que desnaturalizaron el fin primordial de la tasa de seguridad, dejando la puerta abierta para que ese dinero se convirtiera en una gigantesca piñata y en una multimillonaria caja chica a través de la cual se drenaron y derrocharon millones en los caprichos y abusos del gobernante y de los funcionarios de turno.
El Tasón tiene un fuerte impacto económico directo en el hondureño, grava prácticamente todas las transacciones financieras de los ciudadanos y las empresas y de forma indirecta se deduce a través de las tarjetas de crédito y débito, también se aplica mediante una contribución especial de los servicios de telefonía celular y del sector de bebidas y comidas, que a la larga impacta en su poder adquisitivo.
Entre enero de 2012 hasta junio de 2024, se han recaudado un poco más de 32,000 millones de lempiras. Una cifra monumental que contrasta con los pobres o magros resultados en la reducción del delito y la galopante criminalidad que impera en el país.
A través del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, creado en el gobierno de Juan Orlando Hernández y amparado en la Ley de Secretos Oficiales, se cometieron una serie de excesos y múltiples actos de corrupción, muchos de los cuales han quedado documentados en un amplio informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Por ejemplo, con los fondos del Tasón se compraron irregularmente boletos aéreos para viajes de placer de ejecutivos y funcionarios, tiques de conciertos y bebidas alcohólicas, compras de regalos suntuosos e instrumentos musicales. Además, con estos fondos se pagó el avión presidencial, se hicieron compras sobrevaloradas de uniformes y chalecos y se adquirieron y arrendaron patrullas y vehículos de lujo de alta gama para funcionarios y magistrados del Poder Judicial y sus familias.
La lista es interminable, pero los responsables son pocos. Por estos hechos únicamente se encuentra preso en Estados Unidos el exdirector del Tasón, Francisco Cosenza, los demás se mueven en la total impunidad.
Con el advenimiento del nuevo gobierno de Libre se abrió la esperanza que la opacidad y el mal uso que se le dieron a los fondos de la tasa de seguridad en la gestión de JOH quedarán en el pasado y que se cumpliera la promesa de la ahora presidenta Xiomara Castro de revisar y liquidar ese fondo para aliviar las cargas a los hondureños y cerrar un azaroso capítulo de la corrupción en el país.
Lamentablemente el Gobierno cambió su discurso y posteriormente adujo que el cierre o la liquidación del tasón no era posible por la deuda heredada con los bancos, por lo que determinó eliminar el fideicomiso y trasladar los ingresos a la caja única del Estado sin ningún tipo de control y auditoría externa y ciudadana. El manejo de estos recursos sigue rodeado de la misma opacidad que en el reciente pasado.
Solo este gobierno recaudó en sus dos años cinco meses más de 9,588 millones de lempiras, no obstante, la falta de información detallada sobre la ejecución pormenorizada de los fondos pone en serias dudas el paradero de al menos 5,309 millones recaudados entre 2022 y 2024.
Las dudas se agigantan cuando con fondos del Tasón se hicieron diversas transferencias a la Secretaría de la Presidencia por alrededor de 830 millones de lempiras, que según sus autoridades fueron trasladados íntegros al sistema de emergencias 911 y la Dirección de Inteligencia del Estado, pero de eso no existen informes fidedignos, solo la palabra del sector oficial.
En conclusión, la opacidad y la ausencia de una verdadera rendición de cuentas sigue rodeando el manejo y administración de la tasa de seguridad en esta administración, mientras la inseguridad, el crimen y los asesinatos continúan a la orden del día en el país. Bajo ese contexto, el tasón ya no se justifica y su operación y funcionamiento es insostenible ante una población golpeada por la crisis económica y que demanda resultados tangibles del destino de sus impuestos.
Al final, los ingresos percibidos por la tasa de seguridad representan un elevado sacrificio financiero para la golpeada y empobrecida población hondureña, mientras el destino de esos fondos se siga manejando en el marco de la discrecionalidad y excesos, continuará provocando ineficiencia, abuso, derroche en su uso y corrupción.
Al examinar el impacto devastador del Tasón, queda claro que esta medida, lejos de cumplir con su propósito de garantizar la seguridad de los hondureños, se ha convertido en un símbolo de corrupción y mala gestión. La promesa de transparencia y rendición de cuentas se ha quedado en palabras vacías, perpetuando un ciclo de opacidad y despilfarro que castiga a la población con una carga financiera insostenible.
Es imperativo que el gobierno tome medidas decisivas para desmantelar este mecanismo obsoleto y establecer un sistema verdaderamente transparente y eficiente. La población hondureña merece saber en qué se utilizan sus impuestos y tener la certeza de que sus contribuciones están siendo invertidas en su bienestar y seguridad. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y avanzar hacia un futuro en el que la corrupción no tenga cabida en las políticas de estado.
El Tasón debe ser abolido no solo como un acto de justicia económica, sino también como un paso esencial hacia la erradicación de la corrupción que ha lacerado el tejido social de Honduras. La verdadera seguridad y prosperidad solo se alcanzarán cuando la transparencia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad palpable para todos los ciudadanos. Es hora de cerrar este capítulo oscuro y comenzar uno nuevo, basado en la integridad, la responsabilidad y el respeto hacia el sacrificio de cada hondureño.
