Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – El cuento de la represa del Tablón que se ha escuchado en las promesas de gobierno por décadas y que en la actual administración no es la excepción al grado que han prometido que el proyecto finalmente será una realidad, al parecer continuará siendo una leyenda.
-Pese al discurso oficial que promete “empezar la obra en octubre”, las comunidades de la zona denuncian desinformación, exclusión, falta de licencia ambiental, riesgo de desplazamientos forzados y la amenaza a un valioso patrimonio arqueológico.
–El Consejo Indígena Lenca interpuso este jueves un Recurso de Amparo en la CSJ, en contra de la Construcción de la Represa Multiproposito El Tablón que el Gobierno pretende construir en el punto Los Limones, entre Quimistán y San Marcos ,Santa Bárbara.
Lo anterior porque la construcción de la represa El Tablón, promovida por el gobierno hondureño, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha dejado al descubierto una profunda fractura entre las instituciones del Estado y las comunidades que habitan el Valle de Quimistán, donde sería asentada la represa.
Lo que se presenta como un proyecto de infraestructura definitivo para controlar inundaciones en el Valle de Sula y generar energía, es, en la práctica, un modelo de exclusión, desinformación y posible desplazamiento forzado según las comunidades afectadas de la zona.
Suben los costos y se retrasa licitación
El titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, sostiene que en octubre del presente año comenzará la construcción de la represa El Talón, proyecto para el que se cuenta con un presupuesto de 300 millones de dólares, cuando solo seis meses atrás el costo del proyecto se había estimado en 200 millones de dólares.
Aunque se tenía como fecha límite la licitación para el 26 de junio esta no se realizó según miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, porque las autoridades están mintiendo y ni siquiera tienen una licencia ambiental y ahora estaría prevista para las próximas semanas, sin definir fecha.
Sin socialización…Nadie escucha a las comunidades
Las comunidades directamente afectadas, representadas por el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Quimistán, han denunciado la total ausencia de socialización del proyecto. Sus líderes afirman que en ningún momento han sido consultados por la ENEE ni por otras autoridades estatales, y mucho menos han aprobado la construcción de una represa que pondrá en riesgo sus hogares, medios de vida, identidad cultural y patrimonio histórico.
Cinco comunidades —Tejeras San Marcos, Mirasol San Marcos, Brisas del Río, Baluarte y Tejeras Quimistán— desaparecerán bajo el agua si se concreta el embalse, lo que implica la pérdida de más de 700 viviendas y el desplazamiento de al menos 3,500 personas. A ello se suman más de 50 haciendas y proyectos productivos que emplean a cientos de trabajadores, cuyos destinos son ignorados en el discurso oficial. El Estado, en su narrativa tecnocrática, solo habla de propietarios y tierras, nunca de obreros, familias ni memoria territorial, dijo a Proceso Digital, el secretario del Comité de Defensa Adalid Martínez Perdomo.
A renglón seguido el defensor dijo que este proyecto representa un retroceso en la forma en que el Estado concibe la relación con sus ciudadanos: las decisiones se toman desde escritorios en Tegucigalpa, mientras las comunidades deben enterarse por rumores, maquinaria que llega sin aviso o documentos técnicos inaccesibles.
“Nunca se ha dado la socialización. El ministro se reúne con gente de otros lados, se fue a hacer un cabildo abierto a La Lima, donde nada tienen que ver, pero con los que vivimos aquí en el valle de Quimistán jamás se ha sentado a conversar. No se puede venir a hacer una obra de esta magnitud sin pedir permiso a las comunidades. Eso es violentar la soberanía popular”, expresó.
Según los representantes del comité, el ministro Tejada, ha sostenido reuniones únicamente con actores de municipios como La Lima, San Pedro Sula y sectores de la montaña de Macuelizo, pero nunca ha dialogado con los habitantes de la ciudad de Quimistán, quienes serían los más perjudicados con la ejecución de la obra.
Así mismo el Comité de Defensa argumenta que, la ENEE, entidad a cargo del proyecto, ha perdido toda legitimidad en la zona. No solo por su historial de mala administración y endeudamiento, sino porque sus funcionarios se han negado a pisar el territorio que pretenden inundar.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, confirmó que ha participado en cabildos abiertos en la región afectada y ha sido notoria la presencia de las autoridades; entonces no pueden pretender arreglar la situación sino buscan la socialización o la buscan con otros actores que no son los indicados, en referencia a socialización en otras zonas del país.
Gobieno afirma ventajas de proyecto…comunidades dicen que gobierno miente
Aunque de parte del Gobierno juran que el proyecto va viento en popa, las comunidades están divididas; desde el oficialismo destacan que el proyecto multipropósito El Tablón se ha fortalecido con la firma del Memorando de Entendimiento entre la ENEE y la Mancomunidad de Municipios del Valle de Quimistán (MAVAQUI) que tiene como objetivo principal la integración de la Mesa Intersectorial, promoviendo el diálogo, la consulta y la participación de las comunidades.
Añaden que dicho acuerdo sella el compromiso de integrar una Mesa Intersectorial de Seguimiento y Participación Ciudadana, integrada por la ENEE, autoridades municipales del norte del país, patronatos, organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas y de la sociedad civil. Y esa instancia permitirá fomentar espacios de diálogo, socialización y consulta con las comunidades.
Las autoridades afirman que el Proyecto Multipropósito El Tablón impulsa energía limpia, riego para cosechas, empleo y turismo. Además, fortalecerá la infraestructura comunitaria con centros de salud, escuelas y caminos, y brindará protección ante inundaciones extremas.
Mientras en el Comité de Defensa sostienen que la opacidad y la improvisación son evidentes. No existe aún licencia ambiental, como lo ha confirmado por escrito la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), y sin embargo se continúa hablando del inicio de las obras.
El Estado incumple sus propias leyes, pasando por alto lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada cuando hay pueblos indígenas involucrados. En Quimistán, más de 50 personas se han constituido como Consejo Indígena Lenca, y exigen su derecho a decidir sobre su territorio. Hasta ahora, su voz ha sido silenciada.
A este cuadro de abusos se suma la amenaza al patrimonio arqueológico. La zona de Los Metates, en Quimistán, contiene más de 50 estructuras piramidales, plazas ceremoniales y una cancha de pelota que datan del Período Clásico Tardío. Expertos internacionales y nacionales han confirmado su valor histórico, pero la represa amenaza con cubrirlos para siempre bajo el agua. La destrucción de este sitio no es solo una pérdida para Quimistán, sino para la historia de toda Centroamérica, apuntan los lugareños.
Paradójicamente, mientras se intenta imponer un proyecto que costará más de 300 millones de dólares, el Estado hondureño ignora una alternativa mucho más económica y eficaz propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este plan, con un costo de solo 20 millones de dólares, propone medidas de mitigación como dragado del río Chamelecón, rehabilitación de canales naturales y bordos de protección, sin necesidad de inundar poblaciones ni destruir patrimonio, argumentan miembros del Comité de Defensa de Quimistán.
La problemática
Los miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, exponen que no se oponen por un mero capricho, sino que tienen -según dicen- motivos de fuerza para luchar en contra de un proyecto que lejos de beneficios les perjudica.
Una de las principales preocupaciones de la población radica en el cambio arbitrario de la ubicación del proyecto. Originalmente, la represa El Tablón estaba pensada para construirse en la comunidad que lleva ese mismo nombre. Sin embargo, una actualización del estudio —realizada por la empresa italo-guatemalteca Lombardi— trasladó la ubicación 13.4 kilómetros aguas arriba, es decir, a solo 6 kilómetros del centro de Quimistán. Esto coloca el embalse en un valle habitado y no en un cañón, lo que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones.
Asimismo, detallan que, aunque el gobierno asegura que el embalse podrá retener el agua de tormentas como Eta e Iota hasta tres veces, los pobladores advierten que los ríos Cañas y Mazapa, al no poder desembocar libremente en el río Chamelecón, podrían desbordarse y provocar severas inundaciones en la ciudad.
“Ya lo discutimos con la empresa Lombardi. Ellos propusieron hacer un muro de contención de 1.5 kilómetros, pero eso es como querer detener el mar con una muralla de arena. En Eta e Iota se construyó un muro de 4 metros frente al hospital, y aun así el agua lo sobrepasó”, explicó Perdomo.
Además, el embalse alcanzaría el sistema de pilas de oxidación de aguas negras, lo cual podría causar un grave problema de salud pública. Los vecinos recordaron que en la colonia Bú Girón ya se han producido episodios donde, durante lluvias intensas, las aguas negras brotan por los lavamanos y servicios sanitarios debido al colapso del sistema, situación que según ellos sería recurrente.
A estos riesgos ambientales y sociales, se suma el hecho de que el proyecto carece de licencia ambiental. El comité sostiene que la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) ha respondido por escrito que no existe autorización de impacto ambiental para esta obra. Los abogados que representan a las comunidades están documentando el caso y han advertido sobre la ilegalidad del proyecto bajo las normas nacionales e internacionales.
Asimismo, los líderes comunitarios señalan que más de 50 personas se han constituido en el Consejo Indígena Lenca del Valle de Quimistán, lo cual activa el derecho a consulta previa, libre e informada según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los estándares de las Naciones Unidas. “Si no se realiza esa consulta, el Estado se expone a denuncias y posibles condenas nacionales e internacionales por violar los derechos de los pueblos originarios”, advirtió el Comité.
Acciones legales
De su parte, la abogada Kenia Oliva dijo a Proceso Digital “hemos hecho varias cosas, se ha solicitado a principio de este año un cabildo abierto, que era para reafirmar los cabildos abiertos del 2018-2022, donde también ya se había discutido el tema de la instalación de esta represa, el Tablón, en el Valle de Quimistán. El cabildo abierto del 4 de mayo dice que no a la represa Tablón porque no han sido consultadas con las comunidades, ni socializada”.
Informó que este jueves se interpuso otro amparo con el Consejo Indígena Lenca del Valle de Quimistán, conformado por personas de las comunidades de Las Tejeras, San Marcos, Santa Bárbara, que es una de las comunidades que también va a ser inundada y que va a desaparecer si se construye la represa donde se está pensando ahora mismo.
También se procedió a interponer una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra los policías que reprimieron la manifestación que tenían las cinco comunidades que van a ser inundadas y que van a ser desplazadas por la construcción de la represa, indicó la defensora de derechos humanos.
Sobre la posición de los pueblos indígenas dijo que la comunidad Lenca quiere ejercer su derecho, el derecho que tiene constitucional y convencionalmente de la consulta libre previa e informada.
“Eso significa que tienen que consultarles, tienen que estar de acuerdo el pueblo indígena porque sus tierras son ancestrales. Tienen que estar de acuerdo con la construcción de esa represa y eso no lo han hecho, el gobierno quiere de manera autoritaria decir que se va a construir la represa y han negado la existencia de ese pueblo indígena”, zanjó.
Persiste el no al Tablón
En conclusión, pese a todos los argumentos del oficialismo, las comunidades del Valle de Quimistán exigen al gobierno detener el proyecto hasta que se cumplan los procesos legales y participativos que garantizan la protección de sus derechos, sus territorios y sus vidas.
Los analistas reflexionan que el caso de El Tablón es un síntoma de un problema más profundo, porque no hay verdadera socialización y los afectados insisten en que es un modelo de desarrollo excluyente, centralizado y autoritario, que sigue viendo al territorio como un espacio vacío y a sus habitantes como obstáculos.
Por lo anterior las comunidades del Valle de Quimistán no están dispuestas a desaparecer en silencio. Su resistencia es hoy uno de los principales desafíos para la realización del proyecto que nuevamente sería fallido.LB
