Tegucigalpa.- Los índices de violencia e inseguridad en El Salvador con un promedio diario de 30 homicidios, tiene al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén a punto de tomar medidas excepcionales como un estado de emergencia con suspensión de garantías, entre ellas el aval para pinchar las telecomunicaciones y las redes sociales, en un afán por detener la guerra que le han declarado las maras o pandillas por obtener una tregua con beneficios como en el pasado.
“Nos están sometiendo, nos están hincando y hay que levantarnos”, dijo recientemente el primer director de la policía nacional civil y diputado al parlamento por el opositor partido ARENA, Rodrigo Ávila, al analizar la fuerte situación de inseguridad en El Salvador.
Ávila es del criterio que el Estado salvadoreño no puede rendirse ante las pandillas que buscan atemorizar a la población y es del criterio que se deben tomar medidas para retomar el control del territorio y combatir la violencia pandilleril.
El diputado y ex candidato presidencial de ARENA comparte el anuncio oficial de querer implantar un estado de emergencia en las zonas de mayor incidencia delictiva para recuperar zonas y espacios públicos dominados por las pandillas de la MS-13 y del llamado Barrio 18.
El presidente Sánchez Cerén, del partido del FMNL, en el poder, anunció que estaría a punto de emitir un “estado de excepción” para frenar la espiral de violencia que ha vuelto a ese país centroamericano como el más violento del mundo.
La medida que analiza el gobierno salvadoreño contempla la suspensión de garantías constitucionales, la aplicación del espionaje telefónico y la intervención de las redes sociales, acciones que han comenzado a despertar resquemores en sectores sociales, religiosos, periodísticos y gremiales.
En este sentido, el gobierno ha comenzado una especie de socialización con sectores y actores claves para obtener un amplio consenso en caso de aplicar el estado de excepción, que en principio cuenta con el aval de los poderes legislativo y judicial, incluso de la Fiscalía General de la República, última con algunas restricciones en cuanto a garantías constitucionales.
10 municipios entrarían en la emergencia
Pero los sectores que se oponen a la medida, entre ellas líderes religiosos evangélicos y católicos, advierten que se estaría en riesgo de caer en abusos de violación a garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión, ellos proponen políticas más integrales de combate pero su voz se debilita ante los ataques de las pandillas que se han enfilado últimamente en asesinar policías y a sus familias.
La declaratoria del estado de emergencia o de excepción que estudia el gobierno salvadoreño aplicaría en al menos 10 municipios estimados entre los más violentos, según informó la presidenta del parlamento salvadoreño, Lorena Peña.
Peña dijo que incluso los magistrados del Poder Judicial son del criterio que la aplicación de esas medidas es “algo factible” y que “el estado de excepción se puede establecer en municipios, cantones (barrios o colonias) o departamentos en los cuales operan las pandillas”.
El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, fue más contundente al expresar que el Salvador necesita pasar a tomar medidas “extraordinarias que no siempre van a estar pegadas con las formas institucionales normales. Una medida extraordinaria es cuando una situación requiere de una intervención mucho más fuerte”, dijo en medios de prensa salvadoreños.
Las medidas de excepción que se analizan tienen como telón de fondo el desafío que las pandillas salvadoreñas han hecho al gobierno del presidente Sánchez Cerén por rehusarse a continuar con un pacto o tregua para frenar la violencia que habían logrado con su antecesor, el ex presidente efemelenista Mauricio Funes.
Ese pacto secreto entre Funes y las pandillas si bien logró bajar los índices delictivos en El Salvador e incluso ser promovido por la OEA como “ejemplo a seguir”, fue a espaldas de la ciudadanía y de los operadores de justicia. A cambio entregó privilegios y garantías a los líderes de las maras o pandillas que nunca renunciaron a la extorsión.
La masacre de San Juan Opico
Desde sus reclusorios en los centros penales las maras siguieron operando y extorsionando, pero bajando sus enfrentamientos para cumplir así la reducción de homicidios “controlados”, pero al ser revelado el acuerdo entre el gobierno de Funes y las pandillas, la estrategia se vino abajo ante la indignación social que causó la noticia develada por el diario digital ElFaro.net.
Al acercarse la campaña electoral, el tema de las pandillas y la forma en que habían logrado torcerle el brazo al Estado fue uno de los temas más polémicos de campaña y el ahora presidente Sánchez Cerén se comprometió a no negociar con las maras y a desconocer lo hecho por Funes.
Así lo hizo y la violencia se disparó en El Salvador. Diariamente un promedio de 30 personas son asesinadas en forma indiscriminada en ese país que hoy es el más violento del mundo. Las cifras indican que la tasa de homicidios en El Salvador es de 91 por 100 mil habitantes, desplazando así a Honduras que ha logrado disminuir sustancialmente sus homicidios.
De ser aprobada la medida de excepción que estudia el gobierno, algunos de los municipios más violentos que estarían incluidos son Colón, en La Libertad, Zacatecoluca, en La Paz, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador (la capital), Soyapango (San Salvador), Jiquilisco en Usulután; Cojutepeque en Cuscatlán, Mejicanos y Ciudad Delgado que pertenecen a San Salvador.
Otros municipios también serían contemplados dentro de la medida de excepción en caso de concretarse, según analistas salvadoreños, que ven al gobierno de Sánchez Cerén atrapado por la inseguridad y violencia de las maras o pandillas que operan como grupos criminales caracterizados por tener armamento igual al que manejan los cuerpos de seguridad y militares.
Esa violencia provocada por las maras o pandillas ha forzado a miles de salvadoreños a iniciar un éxodo masivo interno al abandonar cantones o barrios completos en las zonas donde habitan tanto en el interior del país como en las ciudades urbanas.
La decisión de impulsar un estado de sitio en el Salvador surge luego de la masacre de San Juan Opico, en La Libertad, cuando pandilleros mataron a ocho empleados de una empresa de electricidad mientras cavaban unos postes eléctricos, al tiempo que asesinaron a tres jornaleros que pasaban por el lugar al momento del crimen.
El gobierno dijo que la muerte de esas once personas a plena luz del día, a las nueve de la mañana, fue ordenada por líderes de pandillas desde las cárceles y que si bien ya habían arrestado a 82 supuestos pandilleros implicados en la masacre, las investigaciones llegarían hasta los autores intelectuales.
Pero no solo la masacre de San Juan Opico ha estremecido a El Salvador, también otras muertes violentas, así como la delimitación de territorios por parte de las pandillas con leyendas como: “Ver, oír y callar” en un claro mensaje a las personas que habitan en los barrios que dominan.
Las pandillas han asesinado en los últimos cuatro meses a oficiales de policías, policías, militares y a sus familias como un blanco de que en la guerra iniciada contra el gobierno, nadie es intocable para ellos. El gobierno, que responde con la misma intensidad que las pandillas, ahora quiere dar otro paso en su estrategia: un estado de excepción…pero le falta aún consensuar cómo sin trasgredir derechos o presunción de inocencia.
