Tegucigalpa, Honduras. Cardona está libre, pero ya no es Libre. Ahora solo es un hondureño más. Un historiador con jeans, tenis y resignación, sentado en una silla plástica. Un ciudadano común y corriente.
De un solo golpe le bajaron el puño firme; hoy solo levanta la señal de la paz.
Ya no aparecen ni la presidente Xiomara Castro ni el secretario Héctor Zelaya en su foto de perfil. Es evidente el desencanto de quien antes se describía como “olanchano, hondureño y socialista, director ad-honorem de la Red Solidaria y jefe del Gabinete Social”.
Pero Cardona no es el único con pecados que confesar. No fue él quien firmó todas las autorizaciones ni quien inventó el desvío institucional. En Cadena Nacional, el Gobierno admitió “deficiencias relevantes”. Lo que no dijo es que esas deficiencias son estructurales, compartidas y funcionales al poder.
Ahí está, por ejemplo, la diputada de Copán, Isis Cuellar, incluida en la lista de los 79 congresistas –casi todos del partido oficialista– que gestionaron fondos y solicitaron la firma del exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, y del presidente del Legislativo, Luis Redondo. Este último autorizó la ejecución de fondos públicos asignados a otro poder del Estado: el Ejecutivo.
Tampoco están libres de pecado quienes ahora alegan ignorancia: la presidente, la candidata presidencial de Libre, y el partido en sí.
Y si a Cardona le pasan factura -aunque sea en el ego-, ¿cuánto tiempo tardará el gabinete presidencial en exigir rendición de cuentas a los titulares del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educredito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
También al secretario de Finanzas, pues la ley dice que: “se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) para que de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa que regula el Sistema de Administración Financiera Integrado (Siafi), realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”.
“Instituciones referidas”, no menciona diputados y mucho menos autorizaciones de ejecución y sugerencias de instituciones ejecutoras canalizadas a través del presidente Luis Redondo como si estuviera facultado para interferir en otro poder del Estado.
El esquema de responsabilidad es amplio. Limitarlo a Cardona es como querer tapar el sol con un dedo. O como pretender llenar las urnas con un solo voto.
Si el partido Libre realmente quiere enviar un mensaje de lucha contra la corrupción, le convendría dejar las consignas de siempre y ensayar una nueva: “caiga quien caiga”.
