Tegucigalpa – Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela un esquema de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), donde millones de lempiras destinados a proyectos sociales terminaron en manos de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas familiarmente a una alta funcionaria.
El informe, titulado «El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo», revela cómo se administran irregularmente fondos públicos durante 2022 y 2023, el mismo señala a funcionarios como el titular de la SGJD, Tomás Vaquero y colaboradores de la dependencia que dirige.
Según el informe del CNA, la SGJD gestionó recursos autorizados por el artículo 292 del decreto legislativo número 157-2022, que asignaba hasta 950 millones de lempiras para infraestructura menor, obras sociales y becas.
Estas partidas debían ser ejecutadas por instituciones estatales como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y la propia SGJD, entre otras.
Sin embargo, el informe destaca un acuerdo de delegación emitido por el secretario Tomás Eduardo Vaquero Morris, que excedió las facultades legales al involucrar a diputados del Congreso Nacional en la selección de beneficiarios.
El acuerdo número 540-A-2023 delegó responsabilidades a Sergio Vladimir Coello, subsecretario, y Jackeline Lizzette Pinto Dubón, gerente administrativa.
Este acuerdo introdujo requisitos no previstos en la ley, como fichas firmadas por congresistas para autorizar desembolsos a ONG y alcaldías.
Violación a independencia de poderes
El CNA argumentó que el esquema de corrupción violaba la independencia de poderes, ya que la Constitución reserva la administración de fondos públicos al Ejecutivo, no al Legislativo.
Diputados como Luis Redondo, presidente del Congreso, autorizaron fondos a ONG específicas, creando un conflicto de interés evidente, establece la investigación.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que en la toma de decisiones bastó que alguien desde la cima del poder decidiera de manera irresponsable.
Señaló que el ministro Vaquero autorizó que el Poder Legislativo administrara fondos que le corresponden al Poder Ejecutivo.
De su parte, el jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, reveló que el perjuicio económico fue de 103 millones 387 mil 277 lempiras.
ONG salpicadas
El foco principal del informe recae en seis ONG beneficiadas con estos recursos, todas ligadas a Jackeline Lizzette Pinto Dubón a través de familiares directos.
La primera es la Asociación Ayudando con Amor, inscrita en 2021, cuyo apoderado legal en 2022 era el esposo de Pinto Dubón.
Esta ONG recibió fondos para proyectos en Choluteca, solicitados por el diputado Ernesto Salomón Lezama Dávila y autorizados por Redondo.
En su liquidación, presentada en agosto de 2024, se detectan procesos de licitación privada con oferentes repetidos, sugiriendo manipulación.
La segunda ONG, Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible Manos Amigas (AHDISMA), también tenía como apoderado al esposo de Pinto Dubón.
AHDISMA ejecutó proyectos en Choluteca, Francisco Morazán y La Paz, con fondos autorizados por diputados como José Rosario Tejeda Tejeda.
Sus liquidaciones revelan vínculos entre oferentes y miembros de otras ONG investigadas, incluyendo sesiones de sociedades a familiares de Pinto Dubón.
Por ejemplo, una empresa adjudicada cedió acciones al hijo de Pinto Dubón y a un sobrino de su esposo.
El Centro para la Sostenibilidad Comunitaria de Honduras (CESCOH) es la tercera, con la cuñada de Pinto Dubón como tesorera y su esposo como apoderado.
CESCOH manejó fondos para Ocotepeque, Atlántida y Francisco Morazán, solicitados por diputados como Mario René Henríquez Pineda.
En Ocotepeque, siete licitaciones privadas mostraron oferentes idénticos, adjudicados a una empresa ligada al hermano del diputado Henríquez.
En Atlántida, cinco procesos adjudicaron contratos a contratistas socios entre sí, violando principios de competencia.
Patrón similar en Francisco Morazán, donde un contratista fue adjudicado sin haber presentado oferta, según actas revisadas.
La cuarta ONG, Asociación para la Educación, Inclusión Social y Desarrollo (Saint John), tenía a la cuñada de Pinto Dubón como presidenta.
Saint John ejecutó proyectos en Francisco Morazán, Olancho y Santa Bárbara durante 2022 y 2023. En 2022, seis licitaciones beneficiaron a empresas ligadas a secretarías de otras ONG investigadas.
En 2023, cinco procesos involucraron a presidentes de juntas directivas de AHDISMA y ODEGAH, organizaciones conectadas familiarmente.
La quinta, Asociación Hondureña para el Desarrollo Comunitario Sostenible (ASOHDECOS), registrada en 2015, comparte apoderado con el esposo de Pinto Dubón.
Aunque con menos detalles en el informe, ASOHDECOS forma parte del esquema de favoritismo identificado.
La sexta, Asociación para el Desarrollo Social y Comunitario de Honduras (ADESCOH), inscrita en 2015, también tiene al esposo de Pinto Dubón como apoderado.
Todas estas ONG consignaron al mismo notario, reforzando la red familiar detectada por el CNA.
Hallazgos
El informe detalla convenios suscritos entre la SGJD y estas ONG, como el de cooperación con Saint John en marzo de 2023. Firmado por Vaquero Morris, este convenio carecía de plazos específicos para liquidaciones, solo exigiendo documentación final.
Otro convenio con Ayudando con Amor, firmado por Coello Díaz en febrero de 2023, establecía 90 días para liquidar fondos.
Sin embargo, las liquidaciones presentadas muestran irregularidades, como falta de transparencia y vínculos en contratistas.
Verificaciones físicas de las ONG revelan ejecuciones deficientes, con proyectos incompletos o sobrevalorados en CESCOH y AHDISMA.
En Ayudando con Amor, se detectaron obras no verificadas en el terreno, según el CNA.
La SGJD incumplió con la publicación de información en portales de transparencia, ocultando detalles de erogaciones por 950 millones de lempiras.
El análisis financiero del informe estima los montos erogados a estas ONG en decenas de millones, con presuntos sobreprecios.
Legalmente, la CNA señala responsabilidades por exceso de facultades, conflicto de intereses y posible fraude.
SGJD niega señalamientos
De su parte, la SGJD a través de un comunicado negó los señalamientos y dijo que se iniciaron auditorías por malas gestiones de administraciones anteriores.
En su momento se procedió a dar de baja a todas las Organizaciones No Gubernamentales mencionadas que presentaban irregularidades, señaló la institución en el escrito.
Se procedió a cancelar a la exgerente administrativa ya todo el personal involucrado, resalta el comunicado.
Toda Organización No Gubernamental señalada en dicha denuncia fue remitida desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) siendo este el ente competente y facultado para realizar las auditorías correspondientes, indicó la SGJD.
Enfatizó que “equivocadamente el CNA se refiere que el titular de esta Secretaría de Estado, “determinó que la selección y autorización de ONGs quedaría a cargo de diputados del Congreso Nacional” olvidando que tal potestad, conforme a los decretos legislativos #157-2022 y #62-2023 contentivos del Presupuesto General de la República, corresponden al Congreso Nacional y no a esta Secretaría de Estado ni a su Titular”. PD
