Tegucigalpa – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo este lunes que el Ministerio Público tiene el enorme reto de desvirtuar que este es un hecho de persecución política y demostrar científicamente la culpabilidad de los tres generales a los que acusa de la muerte de Isis Obed Murillo.
-La exrectora Castellanos y el exfiscal Edmundo Orellana critican los saludos del lado de ministros a la actuación del MP, ya que deja dudas si hay independencia.
Pero Castellanos y el exfiscal Edmundo Orellana mostraron preocupación por los apoyos al Ministerio Público desde el lado gubernamental, ministros y altos funcionarios, ya que dejan dudas de la independencia de los fiscales.
La exrectora recordó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe detalló que había indicios que los hechos violentos que se dieron durante la crisis política estaban confusos, pero se podían investigar cada uno de ellos.
Los hechos que esa muerte se dio en el contexto de una manifestación si quedó acreditado en el informe que la CVR brindó en su momento, indicó.
Agregó que las víctimas tienen derecho de conocer que pasó y quienes cometieron, el hecho es si la investigación está suficientemente fundamentada para demostrar que las personas requeridas son las responsables.
El Ministerio Público está en la obligación de demostrar con pruebas científicas, pero que tiene que haber una investigación de los hechos eso es irrenunciable, señaló Castellanos.
Todos los casos deben ser investigados
Aseguró que las victimas todas son iguales ante la ley por lo que no puede haber prioridades ni preferencias por temas políticos, el Ministerio Público debe de demostrar que paso en el caso de Keyla Martínez, donde hay policías involucrados, debe de interesar los casos de Alfredo Landaverde, Arístides Gonzales, con el asesinato del ambientalista Juan López.
“Si se queda solamente con los casos que se dieron en el golpe de Estado se va ver que el Ministerio Público está al servicio de un gobierno, de un partido político y de una familia, tras los saludos que han recibido de los funcionarios de gobierno, porque pareciera que el Fiscal General es uno de ellos y que está a su servicio”, argumentó.
Recordó que el expresidente Manuel Zelaya no investigó ningún caso de investigaciones forzadas y lo que hizo fue indemnizar a las víctimas.
“Esto es lo que hace ver que lo sucedido ayer con la captura de los generales es una persecución política”, sostuvo.
Dijo que se sentará un precedente positivo si hay una investigación científica y que las pruebas sean irrefutables y que se aplique la ley como es, pero un precedente negativo es cuando se politiza ya que ha habido pactos entre elites cuando se han perdonado a través de la amnistía política delitos de corrupción.
MP se quedó corto: Joaquín Mejía
Para el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, el “Ministrio Público se quedó corto en el requerimiento presentado contra el general Vásquez y otros dos más en el caso de Isy Obed Murillo.
Mejía manifestó su preocupación por lo actuado por el MP, ya que considera que solo está utilizando la legislación penal hondureña para presentar los requerimientos y está dejando fuera el derecho internacional, concretamente el conocido como Estatuto de Roma, que penaliza los delitos de lesa humanidad.
Indicó que el informe de la CVR estableció 12 casos de asesinatos, de los cuales ocho fueron selectivos, pero reiteró que se debe abordar el caso contra los tres generales no solo desde el ámbito del derecho penal hondureño, sino del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.
Mejía indicó que el informe de la CVR habla específicamente de “crimen de lesa humanidad”.
También se dijo preocupado que no se aborde el tema del golpe de Estado, así como no se extiende la responsabilidad de la muerte de Murillo a los otros integrantes de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, ya que era un cuerpo colegiado.
El experto en derechos humanos, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro y que dirige Renato Álvarez, aseguró que el asesinato de Murillo no es un simple asesinato que hay que abordarlo con el derecho penal hondureño, sino es un delito de Lesa humanidad y el mismo es imprescriptible.
Precedentes contra jefes militares y policiales
El exfiscal general, Edmundo Orellana, dijo este lunes que el caso contra Romeo Vásquez abre precedente para imputar a cualquier superior jerárquico, tras la captura de los generales en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez.
El Ministerio Público lo está planteando desde el punto de vista de la responsabilidad jerárquica, porque se le están imputando los hechos al superior jerárquico, independientemente que este no haya sido el que haya disparado el gatillo, detalló.
Agregó que eso implica que el Ministerio Público tiene en su haber prueba científica que el joven fue asesinado con bala proveniente del ala oficial que maneja el ejército, porque de otro modo sería muy difícil que se le impute estos hechos al general Romeo Vásquez y a los otros altos mandos.
Indicó que esto genera un precedente porque si un soldado realiza algo de este tipo, su superior jerárquico podría ser imputado, eso significa que todos los jefes militares y policiales podrían ser imputados.
“No se puede eludir una alta responsabilidad que tiene el Ministerio Público, está obligado a investigar y a demostrar quienes cometieron el crimen”, sostuvo.
Apuntó Orellana que los ministros de este gobierno le hacen un grave daño al Ministerio Público al salir en sus redes o medios de comunicación y hacer publicaciones aplaudiendo lo que está haciendo, “esto contamina y daña a la fiscalía, va en contra de la credibilidad que necesita inspirar este ente investigador”. (PD)
