Tegucigalpa. – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández sí que está en un laberinto de puertas falsas del que difícilmente saldrá si se sigue enredando en sus versiones públicas y buscando los enemigos en los periodistas y medios de comunicación, entre otros actores.
Hasta ahora ni él ni su cúpula militar han podido explicar qué pasó el 9 de marzo con la custodia de las maletas electorales que se fueron de paseo en buses rapiditos en la capital. En sus reuniones con sectores de sociedad civil, iglesias y sector privado, no han podido responder a la pregunta: ¿qué pasó ese día? ¿quién dio la orden de mover las maletas de un lado a otro? Sus explicaciones se han centrado en detallar su planificación de las rutas, en sus propias interpretaciones legales del artículo 272 constitucional, de su obediencia a su máxima comandante, la presidenta Castro, entre otros argumentos poco convincentes.
Las gloriosas habían iniciado así su estrategia mediática de recomposición de imagen saturando las redes sociales, imprimiendo y regalando su periódico oficial, aunque algunos canillitas se los rechazaban para darlos a la gente; llamando a sus tropas y oficiales para dar el mismo discurso que ofrecían a la sociedad, reiterando su respeto a la Constitución y afirmando que iremos a elecciones generales en noviembre.
En esa estrategia en marcha, los militares y su general se han sentido más posicionados porque tienen el respaldo del poder ejecutivo que ordenó a sus ministros y demás funcionarios defender a las “nuevas” fuerzas armadas, en tanto el Ministerio Público en la primera comparecencia pública del fiscal general Johel Zelaya, tras los acontecimientos del 9-M, exoneró tácitamente a las fuerzas armadas de la investigación. Zelaya habló de todo, que irá al final, que, si los contratos de la empresa de transporte estarían “pandos”, que habría que cuidarse de lo que se postea en X, de las declaraciones públicas que se dan, que ningún padrino político salvará a los presuntos culpables, que nadie se iba a burlar de la democracia. Zelaya repartió confites y culpas por todos lados, pero nunca se refirió a la responsabilidad de los militares.
Fueron los transportistas los que hablaron. Los transportistas que se han sentido afectados porque les quieren echar la culpa de lo que pasó el 9 de marzo. Reiteraron las más de 70 declaraciones juradas de sus motoristas en poder del ministerio público donde relatan que fueron los militares con funcionarios a lo interno del CNE quienes ordenaron el paseo turístico de las maletas electorales en la capital. Uno de ellos llamó al noticiero de HCH y relató con detalles lo sucedido. Citó a un alto oficial en medio de la trama que no termina de develarse.
No había tardado en salir esa versión cuando las fuerzas armadas y el general Hernández daban declaraciones a los medios tratando de exculpar al coronel citado por el transportista, explicaban, explicaban y no explicaban nada. Horas después posteaban en sus redes sociales que lo dicho por el transportista era falso, que esa persona no existía en las bases de registro de quienes operaron los buses el día de las primarias. Que la persona que había llamado era alguien que quería dañar a la institución castrense.
Pero, el transportista volvió a llamar y a reiterar su denuncia. Dijo que había dado su segundo nombre y apellido, y reiteró su testimonio. El general caía así en una de las puertas falsas de su laberinto. Y el Ministerio Público tiene ante si un reto lanzado: ¿llegará realmente hasta el final? ¿tocará a las “nuevas” fuerzas armadas?
Para capearse el golpe de los transportistas, el general Roosevelt Hernández vuelve a sorprender a la opinión pública: anuncia que analiza llevar hasta la fiscalía a un comunicador social del medio de comunicación Q´Hubo TV por haber reportado lo de las maletas electorales al encontrar uno de esos buses rapiditos estacionado cerca de una colonia capitalina, sin custodio militar ni custodio del CNE.
El comunicador entró al bus, mostró una de las maletas y dijo que cualquiera podía entrar y llevárselas; luego la devolvió a su sitio. A esa denuncia se sumaron el resto de los medios de prensa que empezaron a informar lo que estaba pasando y la trascendencia que tenía ese hecho inédito en la historia de los comicios primarios e internos en Honduras. El general Hernández es del criterio que la información brindada por el comunicador causó “un daño” al país y a la democracia, que generó “desinformación” y que puso en riesgo el proceso electoral.
El rechazo a lo expresado por el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas no se hizo esperar, los medios de comunicación y periodistas han condenado esa especie de censura del militar, quien tiene en la mira a la prensa con denuncias puestas contra al menos una docena de medios que prometió retirar pero que no ha concretado. En el laberinto de las puertas falsas, la narrativa del general Hernández buscando responsables del 9 de marzo, parece apuntar a los transportistas, a los periodistas y a dos consejeras del CNE. Habrá que estar atento qué nuevo actor suman a esta estrategia “de ataque” a las fuerzas armadas y al gobierno de la presidenta Castro, como ha sido hasta ahora su discurso.
No había pasado este hecho contra la prensa, cuando el general Hernández vuelve a trastabillar al trascender una nota oficial en donde pide que entreguen sus armas a tres promociones militares. La nota en principio generó dudas porque los militares ya no usan carabinas, fueron desechadas hace algún tiempo, aseguran los estudiosos del tema, pero el general Roosevelt Hernández salió a los medios a decir que la nota era cierta y que solo aplicaba a oficiales en cargos administrativos, que era algo normal que se hacía desde algún tiempo, porque los militares no tenían suficientes armas para entregar a los nuevos oficiales que ascendían en la institución castrense.
Y salta de nuevo la duda: ¿No tienen armas los militares para los nuevos oficiales que ascienden en sus promociones? ¿Y el presupuesto de los militares, en qué lo gastan? ¿Quién controla el presupuesto de las fuerzas armadas y de la secretaría de Defensa, a la cual están adscritas? Las puertas falsas de su laberinto siguen jugando contra el general Hernández.
Es tiempo de que la junta de comandantes y el jefe del estado mayor conjunto revisen su estrategia, se están enredando cada vez más, y aunque el escudo protector del ejecutivo y el ministerio público los abrigue, por ahora, corren el riesgo de ahogarse en su propio laberinto y seguir como les han bautizado en los medios: sin tener quien les escriba y quien les crea. Es tiempo de poner mayor atención a su daño reputacional y a su compromiso con la Constitución más allá de las leguleyadas que intentan colocar.
