El 12 de febrero, si es que se mantiene la fecha del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, no será una fecha cualquiera, marca un hito en el alcance y la aplicación de la justicia estadounidense en contra de un ciudadano hondureño, en este caso del político más poderoso que influyó en la vida política, económica y social del país, que controló a su antojo todas las instituciones del estado y gobernó a los hondureños por más de ocho años con un marcado autoritarismo.
Se trata del segundo exjefe de Gobierno centroamericano que comparece ante la implacable justicia norteamericana por graves delitos de narcotráfico, antes de él lo hizo el todopoderoso e intocable dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien en su momento colaboró para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero que paralelamente y en secreto facilitaba a los cárteles colombianos el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Otros expresidentes estuvieron y siguen en la mira de las agencias de inteligencia y los jueces de EUA, pero sus extradiciones no prosperaron por diversas circunstancias, entre ellos, podemos mencionar el colombiano Ernesto Samper, acusado supuestamente de financiar con dinero de los narcos su campaña política que lo llevó a la Casa de Nariño entre 1994-1998.
En la actualidad se acusa a Nicolás Maduro y su segundo Diosdado Cabello de facilitar el tráfico de estupefacientes a través del cartel de los soles. Por ambos, EUA ofrece una millonaria recompensa por su captura y entrega.
Más recientemente una investigación periodística reveló la penetración del narcodinero en la campaña del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y se suma a ese infame listado el colombiano Gustavo Petro, cuyo hijo, Nicolás Petro, supuestamente recibió dinero de narcos para la campaña de su padre, parte del cual utilizó y derrochó para sus lujos personales.
En el caso que nos ocupa. Noriega y Hernández tienen algunas características en común: son los únicos dos exjefes de Estado acusados por narcotráfico y llevados ante un gran jurado por la justicia de EUA, fueron gobernantes autocráticos que concentraron todo el poder estatal. Además, colaboraron con las agencias de inteligencia como la CIA y la DEA y creyeron que eso les daba carta libre o un cheque en blanco para abusar del poder y enriquecerse con el dinero manchado de la sangre del narcotráfico.
Juan Orlando Hernández que gobernó a Honduras entre 2014 y 2022 se creyó intocable y un semidios que subestimó el largo brazo de la justicia estadounidense.
Los documentos publicados por la Corte del Distrito sur de Nueva York revelan que la Administración de Control de Drogas de EUA (DEA) le seguía la pista desde que fue electo como diputado por su natal departamento de Lempira y posteriormente le siguió investigando en su gestión como presidente del Congreso y luego como presidente de Honduras en sus dos periodos (2014-2022).
Según estos documentos oficiales, Juan Orlando Hernández entabló amistad y construyó una red de colaboración de narcotraficantes, políticos, funcionarios, policías y militares que le ayudaron en el prospero e ilegal negocio del tráfico de estupefacientes, siendo su principal operador su hermano Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua en el la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la misma que lo está juzgando a él.
Con base a esa información y los testimonios de actores claves, la justicia de Estados Unidos considera a Juan Orlando como una persona de alta peligrosidad, aunque su esposa y familiares, así como sus abogados defensores argumentan que el exgobernante es objeto de una conspiración de narcos confesos a los que combatió y desarticuló en su gobierno.
Según la Fiscalía de Nueva York, sus nexos con narcotraficantes confesos como Los Cachiros, los hermanos Valle-Valle, el exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardon; Víctor Hugo Morales alias El Rojo, y Hugo Ardón, primo de Alexander, entre otros más, pueden hundir al exmandatario una vez que sean llamados como testigos al juicio, en un intento por evadir una condena mayor.
Con base a las investigaciones realizadas por la DEA en todos estos años, sumados a los testimonios de sus supuestos socios criminales, la fiscalía de Nueva York cuenta con suficientes elementos de prueba para solicitar contra el exgobernante una cadena perpetua, lo cual marcaría un hito por tratarse del primer alto exfuncionario hondureño condenado a la privación de libertad de por vida por delitos de narcotráfico.
Por supuesto que este juicio y sus resultados generarán también un tsunami en las diversas esferas políticas, militares, policiales y empresariales del país, especialmente dentro del Partido Nacional de Honduras, ya que muchas personas que transaron y ayudaron a JOH a conformar y consolidar su impero del crimen saldrán mencionados y muy probable serán solicitados posteriormente en extradición. Es decir, que de este tsunami nadie se salvará.
Para muchos exfuncionarios hondureños, la condena de JOH será también el fin de sus años de impunidad y silencio, mientras para Estados Unidos este juicio reviste vital importancia porque mandará un vigoroso y contundente mensaje a las elites políticas y económicas hondureñas que se han coludido con narcotraficantes para facilitarles sus actividades ilícitas. Podrán pasar los años, pero la justicia gringa en cualquier momento los alcanzará y los juzgará.
En secreto se habla que estados Unidos investiga como personas de interés a altos funcionarios de esta administración del Partido Libertad y Refundación (Libre) que en un futuro no muy lejano podrían ser solicitados también en extradición, una vez que este gobierno finalice, algo similar a lo que le ocurrió al exmandatario nacionalista, cuya extradición se hizo efectiva a pocos días de abandonar el poder.
Estados Unidos también quiere mandar un poderoso mensaje a las elites políticas, exfuncionarios y funcionarios activos de varios gobiernos suramericanos, especialmente de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, que así como fueron tras Juan Orlando Hernández, también harán lo mismo con todos aquellos que hoy se consideran intocables, entre ellos, el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus principales adláteres.
Vistas las cosas desde esa perspectiva, el juicio de JOH marcará un antes y un después en Honduras y muy probablemente será un aldabonazo para adecentar los partidos políticos, las instituciones públicas y los círculos empresariales, cuyos dirigentes construyeron por años sus gigantescas fortunas con base al dinero del narcotráfico y, además, gozaron de la impunidad y la protección que les dieron las instituciones fiscalizadores y persecutoras del delito, principalmente de los que han gobernado el país. La pesadilla para todos ellos apenas comienza.
