Tegucigalpa. El escándalo por las irregularidades en la compra de hospitales móviles, ventiladores mecánicos incompletos y mascarillas no aptas para el uso del personal sanitario por parte de Invest-H, entre otras denuncias relacionadas con compras hechas también por Copeco, traen a colación el fantasma del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con el agravante que estamos frente a una emergencia sanitaria inimaginable, que está causando cientos de miles de muertes en el mundo, donde Honduras no es la excepción: llevamos más de mil muertos y muchas, seguro, pudieron evitarse.La pandemia de la covid19 si bien ha evidenciado la fragilidad y el colapso de un sistema sanitario en el abandono desde hace décadas, nos está dejando también en “tiempo real” los efectos de la corrupción y el funcionamiento de sus redes a quienes no importa la vida de las personas, sino sus bolsillos para seguirse lucrando “en nombre de la salud” y a costa de la vida de otros, porque eso es lo que está pasando: quitándoles el derecho a una cama, a las medicinas, a la salud y a un trato digno como seres humanos.
Son hondureños los que hacen colas en los hospitales públicos esperando o buscando un cupo para salvarse de la peste, son hondureños los que se agolpan en los centros de triajes, son hondureños los que han muerto en la calle o al intentar llegar a un hospital; son hondureños los que salen a trabajar venciendo el miedo al contagio y al temor a saber que no hay una cama segura en un hospital para ellos. Son hondureños los que están siendo víctimas del atraco de quienes sin escrúpulos se han atrevido a comprar equipo en desuso y vencido cual si fuera un mercado de pulgas en oriente medio.
El fantasma del desfalco del Seguro Social nuevamente se ha instalado en el imaginario de los hondureños, en especial, de aquellos que no dimensionaban como la corrupción mata esperanzas, vidas, democracias, instituciones y países.
Las denuncias ciudadanas y de instancias civiles como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fueron recogidas por el Ministerio Público que venía haciendo también su labor de oficio que le faculta la ley, y al término del desaduanaje de los primeros contenedores que transportaron los dos primeros hospitales móviles, publicó en sus redes sociales los primeros hallazgos: equipos vencidos y deteriorados que de ser utilizados, pondrían em riesgo la salud de las personas. Así de lapidario, así de impactante.
Macondo se queda corto en las historias de García Márquez, con el atraco sanitario que vive Honduras, porque tampoco hay otro nombre: esto es un atraco, en donde el intermediario, un señor que de “buena fe” encontraron en “un barrido” en Google, se habría quedado con una comisión de un poco más de 32 millones de dólares, según el CNA por vender hospitales sobrevalorados, denuncia que también hizo en su momento la ASJ.
El Ministerio Público tiene ante sí un enorme desafío y por ahora, sus acciones son alentadoras, en medio de la incredulidad de los hondureños. De entrada, al llegar el barco con los dos primeros hospitales móviles, de un total de siete y las plantas de tratamiento adquiridas a casi 48 millones de dólares, la Fiscalía se topó con las primeras hostilidades al oponerse al desaduanaje de los contenedores sin la supervisión requerida por ley como parte de la investigación iniciada.
Hasta el Tribunal Superior de Cuentas, se hizo a un lado en ese momento, su acompañamiento en esa auditoría especial ha pasado desapercibido, por ahora, a la espera de conocer que revela el informe que seguro están elaborando.
La hostilidad por el trabajo del Ministerio Público subió de tono cuando el propio gobernante pidió que sacaran los hospitales y los instalaran porque la gente clamaba por ellos, pero tuvo que frenar el ímpetu de su petición cuando le recordaron que él mismo ha reiterado: nadie sobre la ley, y si la fiscalía hacía lo que pedía, estaría contaminando la escena de una investigación que podría terminar en un caso ante los tribunales.
Pero fue el ministro de la presidencia quien retomó el tono original del mandatario, al atreverse a asegurar que, si los hospitales móviles no estaban operando, no era por culpa de Invest-H ni del gobierno, sino del Ministerio Público. Y éste respondió señalando sus facultades legales y que no sucumbiría a presiones orientadas a generar impunidad. Por ahí los mensajes.
No obstante, este despelote solo ha evidenciado el mismo modus operandi de las redes de corrupción que operan en el sector Salud y en otras instituciones del país. Invest-H que venía teniendo un buen perfil como institución ejecutora en proyectos carreteros, tiro todo ese prestigio al cesto de la basura cuando decidieron “googlear” para buscar proveedores y encontraron “casualmente” a un ciudadano que escribió dizque un libro de cómo hacer buenos negocios en Latinoamérica. Ese autor, desconocido presuntamente por quienes le googlearon, apareció en fotografías con personajes del patio político y académico, que le conocieron también de forma casual. Así de casual como un ex presidente que se fotografió con Los Cachiros porque le dijeron que eran “inversionistas tailandeses” o algo por el estilo.
La trama de la compra de los hospitales móviles no solo es burda, también indignante y en medio de ella, trascienden todas las intrigas palaciegas de mensajes y llamadas pinchadas que solo evidencian, que este no es un cuento de hadas, sino una red de arpías dispuesta también a dar su acostumbrada batalla por la impunidad. Así de hedionda este pus, así de desafiante la labor que tiene ante sí el Ministerio Público y nosotros, como ciudadanos, para empujar e impulsar procesos de cambio donde no exista ni el olvido ni el perdón, sino la justicia. Invest-H ha sido intervenida y al frente, como ha sido la costumbre de un tiempo a acá, la bota militar, el refugio al que acuden los gobiernos en su afán por una “falsa” seguridad.
