Tegucigalpa. – Las más recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional hacen válida la pregunta ¿a quién pertenece el poder legislativo? al Estado de Honduras o a poderes extramuros que no legislan para Honduras. Hasta dónde la elite política representada en el parlamento legisla para el país y sus ciudadanos o para grupos de poder más allá de los llamados poderes fácticos, o hasta dónde, ambos poderes se han entremezclado que es difícil diferenciar uno de otro.
¿Qué tanta independencia tiene el legislador? ¿Hasta dónde les llevan sus compromisos políticos o económicos? Son interrogantes válidas, que, en alguna medida, se despejan en una de las últimas investigaciones académicas realizada por la socióloga y ex rectora universitaria Julieta Castellanos, en su libro Honduras: persistencia y cambios en la cultura política 1980-2020, en el cual desgrana las relaciones de dependencia de los diputados con los poderes ejecutivo y legislativo.
Esas relaciones van desde los diputados con capacidad para gestionar proyectos comunitarios por 10, 20 o más millones de lempiras, generalmente conectados y favorecidos por las cúpulas de poder del partido en el gobierno, hasta aquellos que son marginados por no seguir las “líneas” que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo, ilustra la investigación al identificar en al menos cinco grupos la relación de dependencia de los diputados con ambos poderes.
Esa radiografía que expresa las relaciones de poder en el parlamento, es apenas una aproximación para entender cómo se tejen esas redes y su nivel de dependencia, pero las manifestaciones del legislador en las reformas hechas en la última década, y en estos últimos cinco años, en particular, obligan a pensar que el “patrón de obediencia” no responde a la usual moneda de curso con que se ha manejado la política hondureña.
Las últimas reformas penales aprobadas, entre ellas las relacionadas con la ley de activos y el código penal, “derogando lo derogado” y volviendo al espíritu original de la cacería a todo el que caiga en sus redes, evidencia que se está frente a un parlamento que decidió dar la espalda a los ciudadanos que los eligieron para que los representara, a la democracia y al Estado de Derecho en Honduras. Los legisladores, en su gran mayoría, siguen estando sordos al clamor ciudadano y parecen abocarse mejor a tendencias regionales autoritarias que les permitan “amarrar” la democracia a su estilo.
Los legisladores que protestan y hacer sentir su voz son pocos, merecen un reconocimiento público por su valentía, y la esperanza se centra en que surjan más voces independientes en el parlamento para romper esa tendencia de opacidad e impunidad con que se está legislando en el país, esa tendencia a destruir toda la institucionalidad posible, porque la leer las últimas reformas, sus articulados y las leyes vigentes, ahí no hay transparencia, ahí no hay fortalecimiento del Estado de Derecho, ahí lo que ha aprobado es un mayor blindaje e impunidad para quienes sienten que un día el brazo de la justicia los pudiera alcanzar.
De ahí que no sea extraño, que el Congreso Nacional, entre los entes de confianza, su nivel de credibilidad siga en picada con un 12% según el informe del Latinobarómetro 2021, que señala también que la credibilidad de los partidos políticos en Honduras tenga niveles altamente preocupantes: apenas un 9%.
Y si del apoyo a la democracia se trata, ésta apenas es apoyada en un 30% por los hondureños, cuatro puntos menos que la última medición hecha por el Latinobarómetro. Los tiempos del país, no son los mejores, los tiempos de la democracia nos indican que seguimos en coma, y que estas elecciones serán determinantes para el futuro de Honduras. Si la tendencia del congreso de legislar en contra de la democracia y a favor de la impunidad, persiste, seguirá siendo válida la pregunta: El Congreso Nacional ¿a quién pertenece?
