Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los comicios generales del 30 de noviembre serán para el Consejo Nacional Electoral (CNE) una de las batallas democráticas más fuertes a librar en un ambiente de la polarización política del país, las presiones internas y externas para que implosione, y el desafío de entusiasmar a un electorado a salir a ejercer el sufragio y definir con su voto los destinos de Honduras para los próximos cuatro años, en medio de un camino lleno de espinas.
La convocatoria a las elecciones generales ha estado marcada por el boicot a los comicios primarios del 9 de marzo, que el pueblo derrotó al esperar pacientemente más de 14 horas para ejercer el sufragio en la capital, luego del paseo turístico de las maletas electorales bajo la custodia de los militares, quienes no han podido explicar por qué ocurrió ese suceso, quién dio la orden y por qué no cumplieron su rol constitucional al respecto. Las Fuerzas Armadas optaron por responsabilizar al CNE, increparon a dos de los tres consejeros, las emplazaron a retirar sus escritos en redes sociales y llegaron con el poder de las armas a rodear las instalaciones donde estaban las autoridades del ente rector protagonizando uno de los actos de mayor irrespeto a la institucionalidad electoral.
Lo acontecido el 9 de marzo sigue sin aclararse. Los militares, de nuevo serán protagonistas en la custodia electoral para los comicios generales del 30 de noviembre, como ordena la Constitución, conscientes, que abrieron una fisura en sus relaciones con las máximas autoridades electorales, en especial con dos de los tres consejeros.
De lo sucedido en los comicios primarios la investigación parece haberse centrado en el tema administrativo de contratación logística del transporte, pero no en lo que pasó ese día que fue para las autoridades del CNE, y el país, en general, una especie de ensayo de escenarios no previstos que buscaban enturbiar las primarias, pero fueron derrotados por el pueblo que salió a votar y amaneció votando. El pueblo salvó la democracia, dijeron los analistas y expertos en temas electorales.
Con ese sabor amargo, y mientras siguen las investigaciones, el CNE convocó a los comicios generales del 30 de noviembre próximo y comenzaron a tomar decisiones torales para garantizar la confianza y transparencia de las elecciones. Esas primeras decisiones han vuelto a aflorar los disensos internos, en especial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) que ha mostrado su rechazo a dos decisiones colegiadas: la difusión de los pliegos de licitación para el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y los pliegos para la realización de una Auditoría Externa a los comicios.
La primera decisión contempla colocar un tercer cerrojo a la transmisión de resultados mediante procesos de verificación previo a la divulgación de resultados, para evitar proclamaciones adelantadas antes de dar a conocer los resultados, algo que Libertad y Refundación rechaza aduciendo que se trama un fraude.
Libre aduce que el CNE quiere dar la licitación del TREP a una empresa conocida como Mapa Soluciones que operó en el pasado, disfrazada de otro nombre, pero en el CNE han desmentido esa versión, los pliegos de licitación del TREP han empezado a circular para poder acoger una buena cartera de postulantes nacionales e internacionales. La consejera presidenta del CNE, Cossette López, indicó que buscan un proceso más amplio, transparente que se aleje de modelos manipulados propios de regímenes autoritarios como Venezuela, citando la reciente experiencia del colosal fraude realizado en ese país.
Elecciones tendrán auditoría externa
Otra de las acciones que ha tomado el CNE por mayoría colegiada es la aprobación de pliegos para licitar la contratación de una auditoría externa de procesos y resultados de las elecciones, un hecho inédito en la historia de los comicios en Honduras. Por primera vez, en sus más de cuarenta años de retorno a la democracia, Honduras contará con una auditoría de esta naturaleza.
La auditoría externa permitirá que organismos nacionales e internacionales evalúen el sistema y los mecanismos técnicos utilizados en los comicios. El representante de Libre en el CNE se opuso a llevar a cabo la auditoría externa y votó en contra. La decisión, al igual que la del TREP, se tomó por mayoría colegiada como manda la ley electoral.
Pero es el tercer candado impuesto al TREP el que tiene incómodo al partido en el poder que ha presionado a lo interno del CNE para intentar revertir una decisión colegiada, querer hacer prevalecer un dictamen de su representante legal que invoca que esa decisión es inconstitucional, pese a que su firma está estampada en la decisión colegiada que aprobó los pliegos para la licitación del TREP; es decir, el representante legal de Libre en el CNE estuvo de acuerdo, avaló la decisión, y ahora sale con un dictamen diciendo que lo actuado no sirve.
El consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa, ha gritado y pataleado en los medios y redes sociales queriendo hacer que las autoridades del CNE reviertan la decisión sobre el TREP, pleito al que se ha sumado la coordinación de Libre en la figura del expresidente, Manuel Zelaya, la candidata presidencial, Rixi Moncada, y hasta la presidenta Xiomara Castro en sus discursos cuando inaugura alguna obra social o asiste a un acto en las instalaciones militares.
La presión hacia las consejeras del CNE—Cossette López y Ana Paola Hall—ha sido intensa, la candidata del oficialismo Rixi Moncada y el coordinador del partido, Manuel Zelaya, convocaron a tres días de protestas 26, 27 y 28 de junio para conmemorar el 16 aniversario del golpe de estado de 2009 y ejercer presión al CNE para que revierta su decisión sobre el TREP para evitar “un fraude” electoral como el del 2017, aseguraron.
Los tres días de protestas callejeras, se convirtieron en uno. Los 26 y 27, dijeron los coordinadores de Libre eran preparativos para la movilización del sábado 28, y en ese interín desarrollar un concierto de precalentamiento. El 28 de junio, el partido el poder movilizó a sus bases de todo el país para concentrarse en la capital y terminar con un discurso frente a las instalaciones del CNE como parte de la presión social y popular.
Victoria será defendida “puño a puño”: Rixi
El ausente en todos estos actos fue el coordinador del partido y asesor presidencial, Manuel Zelaya, que días antes de la movilización del 28 de junio, dijo que no iban a tolerar fraudes, que harían uso de la calle y llamó a los tres partidos políticos más grandes: Nacional, Liberal y Libre a suscribir un “acuerdo político”.
No obstante, la candidata presidencial de Libre en su discurso ante la militancia de Libre fue directa al indicar que la marcha tenía dos propósitos: primero, conmemorar los 16 años del golpe de estado, y el segundo, defender la victoria de Libre del 30 de noviembre, “puño a puño, cuerpo a cuerpo y brazo a brazo” de cualquier fraude electoral.
“Queremos denunciar las intenciones de las cúpulas del bipartidismo que nos quieren hacer fraude, ahí tienen a sus voceros (en el CNE), no se atrevan a cometer otro crimen de fraude porque no van a quedar impunes, no estamos hincados, estamos de pie y firmes para defender el proyecto de la resistencia, de la cuarta urna y de la participación popular”, dijo la candidata en su discurso.
“Estamos de pie y firmes para defender la verdad y la justicia, no les vamos a permitir que nos quieran imponer los votos rurales, al estilo de David Matamoros Batson, no les vamos a permitir que venga ningún gobierno extranjero para pararse a la par para funcionar como un megáfono que les diga que es lo que tienen que hacer, no se lo vamos a permitir, vamos a defender la nueva victoria”, agregó.
Y luego—dijo–“Este pueblo no va a agachar la cabeza, jamás, nunca, resistimos y siempre los hemos vencido. No se crean que les vamos a aceptar el paso del fraude en su sistema. Les advertimos dos cosas: no nos van a engañar y no les tenemos miedo, respeten la ley, respeten la transparencia”. “Su candidata, está lista para gobernar”, reiteró.
Las advertencias de Moncada se producen en medio de fuertes denuncias de los partidos Nacional y Liberal, junto a otros sectores, de presuntas intenciones del Ministerio Público de querer judicializar a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, por los hechos del 9 de marzo. Se insinúa que incluso Ochoa podría ir dentro de los requerimientos para crear una crisis a lo interno del CNE que genere una implosión y hasta un cambio de autoridades a menos de cinco meses de las elecciones.
La incómoda observación electoral
Los partidos Nacional y Liberal han sacado fuertes comunicados en el cual sostiene que se debe respetar la institucionalidad del CNE, acusan a Libre de querer generar zozobra para imponer su criterio irrespetando la ley y la autoridad, y han llamado a sus bases a mantenerse alertas.
En tanto, un grupo de ciudadanos y organizaciones gremiales que se denominan “Defensores de Honduras” llaman al fiscal general, Johel Zelaya, a no dejarse instrumentalizar por la politización partidaria librando requerimiento contra las consejeras sin terminar a fondo una investigación sobre lo sucedido el 9 de marzo, le piden que dé garantías que se irá a un proceso electoral sin zozobra ni persecución fiscal tendenciosa.
Los analistas dicen que todos los escenarios son posibles después del ensayo del 9 de marzo. El principal ente rector de nuevo inmerso en el fragor más álgido de la política en donde sus decisiones por generar certidumbre al proceso ante las decisiones colegiadas tomadas no están siendo de la complacencia del partido en el poder, Libertad y Refundación.
Y las amenazas al proceso no solo se circunscriben en el accionar de las autoridades del CNE, también escalan ahora hacia la incomodidad que puede causar la observación nacional e internacional de las elecciones a través de las misiones de observación internacional y la veeduría ciudadana.
Una de las misiones internacionales con mayor credibilidad ha sido la de la Unión Europea, que envió una avanzada para decidir en los próximos meses si viene o no una misión de observadores. La incertidumbre se cierne porque el gobierno de la presidenta Castro no recibe aún las cartas credenciales del representante de la Unión Europea en el país, Gonzalo Fournier, quien lleva más de meses esperando ser recibido por la mandataria. En igual condición se encuentra el nuevo embajador de Israel. Ese limbo en el que se encuentran los embajadores podría incidir a la larga en el tema de la observación electoral internacional y botar el discurso de elecciones libres y transparentes que pregona el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La candidata de Libre, Rixi Moncada, en un evento en San Pedro Sula cuestionó el papel de las misiones de observación internacional al indicar que tanto la Unión Europea como la OEA terminaron avalando el fraude de 2017 y ellos no quieren que eso se repita; pidió observación, pero sin injerencia, en una alusión directa a Estados Unidos.
Si las misiones de observación internacional empiezan a incomodar al partido de gobierno y a su candidata, la veeduría ciudadana también empieza a ser objetada. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que el consejero de Libre, Marlon Ochoa, ha objetado su participación como ente veedor de los comicios y del proceso electoral mismo. Ochoa está pujando a lo interno para que no acepten ninguna acción de veeduría social por parte del CNA.
El llamado del CNE en la convocatoria a las elecciones generales ha sido para que las organizaciones e instancias internacionales que quieran participar como observadores de los comicios inicien su gestión de acreditación, conscientes que éstas deben ser las elecciones más vigiladas y democráticas en Honduras.
El elector hondureño, así como defendió la democracia en las elecciones primarias y derrotó el boicot gestado por fuerzas aún desconocidas, deberá abocarse el 30 de noviembre próximo para elegir un nuevo gobierno o querer la continuidad del actual. Mientras ese momento llega, el CNE parece librar fuertes batallas “cuerpo a cuerpo” para que Honduras llegue a unas elecciones justas, creíbles y transparentes. Unas elecciones sin coacción, sin la amenaza de la cárcel contra las consejeras que han empezado a tomar decisiones colegiadas sobre dos aspectos torales en la elección: el blindaje al TREP y la auditoría externa. (PD)
