“He recibido personalmente más dosis de la vacuna contra la COVID-19 que 130 países”, dijo el Dr. Craig Spencer al referirse a las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 que recibió recientemente como médico de la sala de emergencias. En 2014, el Dr. Spencer contrajo el ébola cuando se encontraba luchando contra la epidemia en Guinea, África. El doctor conoce la vital importancia de los protocolos de salud pública, del equipo de protección personal y de las vacunas: “Hace apenas unas semanas, uno de los pocos países del África subsahariana que comenzó a vacunar a su población fue Guinea, y recibió 25 dosis; no 2.500, ni 25.000, sino solo 25”. En una entrevista con Democracy Now!, el Dr. Spencer, que es director de salud global en medicina de emergencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, dijo: “Por suerte yo he recibido la vacuna, pero mis amigos que trabajan en una clínica en el sur de Burundi, en África oriental, quizás tengan que esperar hasta 2022 o 2023”.
El problema que el Dr. Spencer describe en forma tan sentida y personal ha sido denominado como “apartheid de las vacunas” o “nacionalismo de las vacunas”. Las naciones ricas, como Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, negociaron la adquisición de miles de millones de dosis de las potenciales vacunas mientras éstas aún estaban en desarrollo. En cambio, las naciones más pobres, donde vive el 85% de la población mundial, han quedado a la deriva, obligadas a esperar los envíos de vacunas del programa Covax, un mecanismo de cooperación mundial coordinado por la Organización Mundial de la Salud.
El Dr. Spencer señala que algunos países ricos han comprado incluso dosis suficientes para vacunar a toda su población varias veces: “Podemos retener las dosis y acumularlas, o podemos pensar en cómo vacunar a las poblaciones vulnerables de otras partes del mundo. Hay 59 millones de trabajadores de la salud en el mundo. Podríamos tomar una proporción muy pequeña de las dosis que hemos encargado y podríamos ayudar a coordinar un programa con la Organización Mundial de la Salud y con otros organismos internacionales de salud para vacunar a las personas más vulnerables del mundo, para que no solo estemos seguros nosotros, sino que también lo estén las personas de otras partes del mundo”.
Un impedimento clave para la vacunación generalizada de la población mundial es la escasez en el suministro de las dosis de vacunas, agravada por la codicia de los países ricos. La mayoría de las vacunas disponibles han sido desarrolladas por corporaciones farmacéuticas privadas con fines de lucro, que poseen patentes sobre las vacunas, lo que les otorga el control monopólico sobre la producción de estos medicamentos tan necesarios para salvar vidas. Estas corporaciones se aseguran grandes ganancias, a pesar de haber recibido, en algunos casos, miles de millones de dólares en subsidios públicos para el desarrollo de las vacunas.
Esta explotación de la pandemia con fines de lucro es posible por la aplicación estricta de tratados mundiales, principalmente el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Varios países, encabezados por India y Sudáfrica, han pedido a la Organización Mundial del Comercio que se suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías relacionadas con el coronavirus. Esta exención permitiría a instalaciones públicas y privadas de todo el mundo producir, en forma masiva, vacunas y otros artículos relacionados protegidos por patentes, como jeringas y equipos de protección personal. Junto con otros países ricos, Estados Unidos —primero bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump, y ahora también bajo el Gobierno del presidente Joe Biden— han boicoteado este pedido de suspensión de los derechos de propiedad intelectual. Una coalición creciente de movimientos, coordinada por la organización Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos de los consumidores, está presionando a Biden para revertir esta destructiva política.
La congresista demócrata Jan Schakowsky, del estado de Illinois, dijo a Democracy Now!: “[La suspensión de las patentes] sería algo muy significativo para el mundo. Estamos gastando miles de millones de dólares adicionales para sostener el turismo, para ayudar a las aerolíneas, para reforzar nuestra economía. Todo eso no servirá de nada si no podemos protegernos del virus porque no vamos a ayudar a la comunidad internacional. Hay cientos de organizaciones de todo el mundo, organizaciones de la salud, de defensa de los derechos humanos y ONGs, que están exhortando a que se apruebe esta suspensión de las patentes. Sé que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, también se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que esta exención es importante para nosotros mismos. También es por nuestro propio interés”.
El punto que señala la congresista Schakowsky es vital: si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos. El virus de la COVID-19 muta rápidamente. Las variantes altamente contagiosas se están extendiendo por todo el mundo, incluidas las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, a las que ahora se agrega la variante de la ciudad de Nueva York. Si el virus no se contiene a nivel mundial, continuará mutando y propagándose a través de las poblaciones desprotegidas. Esto podría provocar que nuestro suministro actual de vacunas sea ineficaz, y que el planeta se hunda nuevamente en una pandemia catastrófica.
Fatima Hasan sabe lo que significa el término “apartheid de las vacunas”. Hasan es una activista sudafricana defensora de los derechos humanos que luchó para que los países pobres pudieran tener acceso a medicamentos vitales contra el VIH/sida. La activista escribió lo siguiente en un artículo para la revista Foreign Policy de esta semana: “Ha surgido una forma perniciosa de “apartheid” en torno al acceso a las vacunas, basada en gran medida en la riqueza y la geografía. La respuesta a la pandemia no debería tener que depender de la cooperación voluntaria, sino de medidas de emergencia, incluidas las medidas compulsivas, como sucede en tiempos de guerra”.
La Organización Mundial del Comercio se reunirá a principios de marzo para debatir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Como la decisión debe tomarse por consenso, cualquier país puede impedir la aprobación de la suspensión. Miles de millones de dólares en posibles daños económicos y millones de vidas están en juego. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, con el mayor número de muertes por COVID-19 —más de medio millón hasta el momento— debería liderar los esfuerzos para lograr que todo el planeta pueda tener acceso a las vacunas y a los tratamientos contra el coronavirus, fundamentales para salvar vidas.
