Tegucigalpa – El Poder Ejecutivo debe convocar a diálogo con la mira en consensos políticos, coincidieron analistas consultados por Proceso Digital en torno al llamado de la presidenta Xiomara Castro para una movilización nacional el próximo 29 de agosto para exigir a otro poder del Estado -Legislativo- la elección de las cabezas de la Fiscalía hondureña.
Así armonizaron sus criterios distintos miembros de sociedad civil y analistas tras conocer que la mandataria Castro hizo un llamado para que haya movilizaciones a nivel nacional para exigir a la oposición política que nombre al Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Al llamado de la presidenta Castro inmediatamente se sumó su esposo y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, quien acentuó que la soberanía le corresponde al pueblo.
“Nuestra Presidenta Xiomara Castro convocó a movilización nacional para exigir que se cumpla el mandato de la Constitución y se elija las nuevas autoridades del Ministerio Público. @PartidoLibre “La soberanía corresponde al pueblo, Golpe de Estado nunca más”, posteó Zelaya.
La convocatoria de Castro reedita el llamado que hizo a las bases de Libre cuando se produjo la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, que puso a Luis Redondo en el cargo. Igualmente cuando hubo una convocatoria similar el día que se discutiría el acta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Injerencia abierta directa
A criterio de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, la convocatoria que hizo la mandataria es una “injerencia abierta” directa del Poder Ejecutivo sobre el Congreso Nacional a través de un mecanismo de fuerza.
Consideró que es una olla de presión de la presidenta Xiomara Castro convocar a una movilización nacional para el 29 de agosto y dijo que este llamado abierto no se había visto antes en el país.
Además, señaló que esto coincide con la actuación de la junta directiva del Congreso Nacional de no remitir las hojas de vida de los postulantes a los jefes de bancadas ni se ha convocado para iniciar el diálogo.
Castellanos indicó que se debe esperar la reacción del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) y cómo actuarán ante esta convocatoria de una movilización. Anheló que no corresponda a los mismos términos de la llamada del Poder Ejecutivo.
Finiquitó que la pareja presidencial se niega a acudir en la instancia del diálogo en el Congreso Nacional y recurren a mecanismos de presión como una movilización nacional.
No abona para la gobernanza
El analista Raúl Pineda Alvarado calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la jefa del Ejecutivo en convocar a movilizaciones el 29 de agosto para presionar por la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
“Ella es la lideresa del país, supuestamente ostenta el cargo de la administración en base a un liderazgo que está legitimado en las urnas”, señaló.
Agregó que mandar a una turba partidaria a ejercer lo que llaman movilizaciones, pero que en la práctica son actos de coacción y de violencia, no abona en nada a su gobernanza.
“Debería convocar a la oposición a un diálogo, al fin y al cabo somos todos hondureños, y en ese diálogo plantear la necesidad de cumplir con un mandato legal y no pensar en atemorizar ni presionar cuando sabemos que en esas movilizaciones no va a estar el pueblo hondureño, va a estar una parte del pueblo que es la militancia de Libre y que recibe un salario del gobierno”, analizó.
Medición de fuerzas
De su lado, el director de Gobernanza y Transparencia de ASJ, Lester Ramírez, señaló que la convocatoria de la dueña de la silla presidencial lo que pretende es una medición de fuerza entre las fuerzas políticas.
“Se miden fuerzas en el Congreso, la política siempre quiere llevar esta medición a las calles”, dijo.
Dudó que el hondureño de a pie acuerpe el llamado de Castro, en cambio estará nutrida por activistas y asalariados del partido en el poder.
“No creo que vaya a calar y tampoco creo que vaya a intimidar a la clase política de oposición”, aseveró.
Ramírez puntualizó que se trata de estrategias políticas muy frecuentes en Honduras, sin embargo la elección del Fiscal General y Adjunto del MP se decidirá con los votos de los congresistas.
Buscar consensos para elección del fiscal
En tanto, el analista Luis León dice que es una prueba de incapacidad de las actuales autoridades gubernamentales llamar a una movilización por un problema que ellos forman parte ante la ausencia de consensos políticos.
Lo que urge -prosiguió- es un diálogo político, multipartidario, ciudadano, sincero, transparente que lleven a los acuerdos y consensos entre las fuerzas constituidas en los partido.
Mencionó que la movilización lo que generará es más tensión y conflictividad. “Hubiese esperado mayor capacidad de entendimiento de un gobierno que prometió cambios, estas acciones sólo demuestran que vivimos en un país de intolerantes”, reflexionó.
León remató afirmando que al final quien sufre es Honduras y la mayoría de su población.
“Es vergonzoso que hayamos caído en un hoyo del que parece nunca vamos a salir. Convocar a la movilización es una presión que roza con la intolerancia, al final será un evento partidario que sólo demostrará la incapacidad para generar puntos de encuentro”, concluyó. JS
