Tegucigalpa – El Ministerio Público ejecuta este miércoles la Operación Júpiter IV, orientada al combate a la corrupción mediante un conjunto de acciones para penalizar la malversación de fondos, la colusión para defraudar el fisco, el prevaricato judicial y otros delitos relacionados a abusos en la función pública.
– Requerimiento fiscal en contra del exalcalde de San Francisco del Valle, Ocotepeque, José Armando Pineda a quien se le presume responsable del delito de malversación de caudales públicos.
– Se amplían diligencias investigativas en la alcaldía de La Ceiba, Atlántida, tras la demanda multimillonaria de la empresa Red Energy como compensación por supuesto incumplimiento de un contrato.
En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC) investiga 11 denuncias por el supuesto otorgamiento indebido de exoneraciones fiscales a favor de empresas que habrían dejado de pagar durante los últimos cuatro años millonarias sumas por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), razón por la cual, en equipo con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), se está en proceso de decomiso de todos los expedientes administrativos en poder de la Dirección General de Franquicias de la Secretaría de Finanzas (Sefin), donde podrían haber funcionarios y empleados públicos involucrados.
En tanto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presenta requerimiento fiscal en contra del exalcalde de San Francisco del Valle, Ocotepeque, José Armando Pineda Pineda, a quien se le presume responsable del delito de malversación de caudales públicos en la ejecución de dos proyectos de obras públicas en el periodo 2002 – 2006 y en dicha imputación se incluye a la ex tesorera municipal, Delmy Nohemí Acosta Gonzáles.
Asimismo, la Fetccop y la ATIC amplían diligencias investigativas en la alcaldía de La Ceiba, Atlántida, tras la demanda multimillonaria que entabló la empresa Red Energy como compensación por supuesto incumplimiento de un contrato para el manejo de los desechos sólidos y la generación de energía a base de la basura en el periodo 2014-2018. Existen líneas de investigación ante posibles delitos de falsificación de documentos públicos y fraude, apunta el boletín emitido por el Ministerio Público.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC efectúan inspecciones, tomas de declaraciones, revisión de expedientes y solicitudes de información en diferentes dependencias del Estado, por denuncias de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en contra de agentes policiales y de falsificación de documentos públicos y prevaricato en contra de jueces y personal auxiliar de los diferentes tribunales capitalinos.
En el marco de la operación, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) continúa en labores de localización y posterior erradicación de plantaciones de marihuana y de arbustos de coca en zonas inhóspitas de los departamentos de Colón y Olancho.
Asimismo, detectives tienen previsto decomisos de estupefacientes de acuerdo con la operatividad, a lo que se suma el trabajo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas.
Referente al accionar de la Fiscalía Especial de la Mujer (FEP-Mujer), en atención al aumento de casos de violencia por razones de género durante el periodo de cuarentena debido al coronavirus (COVID-19), se presentarán más de 40 requerimientos fiscales solo en la ciudad de Tegucigalpa, ocho en San Pedro Sula y 10 en La Ceiba, entre otras localidades.
Además, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), interpondrá acusaciones contra miembros del crimen organizado de las que se espera libramientos de órdenes de captura y alertas migratorias emanadas de jueces de Francisco Morazán y Atlántida.
De su lado, la Fiscalía Especial de la Niñez (FEP-NIÑEZ) dirige capturas por delitos sexuales y otros, recuperación de niños en calle, inspecciones, capacitaciones a docentes y orientaciones a menores infractores.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) hará cinco decomisos de expedientes por mala praxis médica, a su vez, otras inspecciones y procesos de formación están programadas.
En la región de la Mosquitia, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) investiga daños a la fauna agravados. Se trata de especies en peligro de extinción y de las diligencias se derivarían las responsabilidades penales respectivas con base a los medios probatorios recabados.
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIASPC) registra acusaciones, inspecciones y toma de denuncias móviles por alteración de inmuebles de patrimonio cultural, detenciones ilegales y amenazas en las comunidades Lencas de Río Bonito y Río Blanco, Intibucá y de la comunidad Pech de Santa María del Carbón, San Esteban, Olancho.
En torno al esclarecimiento de hechos sangrientos, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lidera allanamientos, recolección de indicios y capturas en diferentes regiones. Uno de los casos es por el por la muerte violenta de una pareja el 16 de septiembre pasado en el desvío de la Fuerza Aérea Hondureña, sector sur de la ciudad de Comayagüela.
Adicionalmente, la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes (Fedcom) coordina allanamientos en contra de estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y armas, robos y otros tipos penales.
El Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), encargado de brindar auxilio a víctimas vulnerables, socializará su labor en zonas populosas de todo el país, particularmente en Tegucigalpa se visitarán centros de salud y mercados.
Con la Operación Júpiter IV, prosiguen las tareas de la Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) con motivo de evitar abusos en el marco de la pandemia y la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) investiga supuestos delitos cometidos por miembros de las fuerzas del orden en perjuicio de operadores de justicia.
(om)
