Nueva York – El Gobierno de Estados Unidos despidió al fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, un poderoso funcionario que investigó al entorno del presidente Donald Trump, tras un conflicto interno en el Departamento de Justicia sobre la gestión de las protestas antirracistas en Nueva York durante la pandemia, informó este lunes The Wall Street Journal.
De acuerdo al diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, Berman se negó a firmar una carta propuesta por Justicia que criticaba el supuesto «doble estándar» del alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, al aplicar las medidas de distancia social y permitir protestas multitudinarias por la muerte de George Floyd pero no reuniones religiosas.
Berman, que es republicano, es el fiscal que lideró el caso contra Michael Cohen, un exabogado de Trump que colaboró con las autoridades y fue condenado por diversos delitos económicos, y también ha investigado al actual abogado del presidente, Rudy Giulliani, así como el entramado empresarial del mandatario y su campaña presidencial.
El pasado viernes, el fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció que Berman renunciaba a su cargo y que el presidente Trump nominaba en su lugar al actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Jay Clayton, que no tiene experiencia previa como fiscal.
El fiscal neoyorquino negó haber renunciado y dijo haberse enterado de su despido por un comunicado, tras lo que Barr lo acusó de generar un «espectáculo público» y finalmente, unas horas después, fue cesado por el presidente Trump y anunció que se apartaba del puesto.
De acuerdo al Journal, tanto el Departamento de Justicia como empleados de Barr descartan que un incidente concreto desencadenara el despido del fiscal neoyorquino, pero fuentes cercanas al asunto indicaron al diario que su rechazo a firmar esa carta de cuestionamiento contra el alcalde De Blasio empeoró una relación ya tensa con el fiscal general.
Berman supuestamente objetó el pasado jueves a ese doble estándar que denunciaba la misiva, propuesta por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y consideró el documento, que nunca fue publicado, un «ardid político» que perjudicaría la relación entre su oficina y el Ayuntamiento de Nueva York.
Bajo la dirección del fiscal general Barr, que es un devoto católico, la división de Derechos Civiles de Justicia ha intervenido en varias querellas en nombre de iglesias y grupos religiosos que denuncian que las restricciones de movimiento para contener el coronavirus violan sus libertades.
