Guatemala – La Embajada de Estados Unidos en Guatemala indicó este lunes que el Departamento de Estado de ese país «designó» a la magistradaBlanca Aída Stalling Dávila, separada del cargo, como «no apta» para entrar a la nación norteamericana por estar «involucrada en casos de corrupción importantes».
La decisión del Departamento de Estado se basó, explicó en un comunicado la delegación diplomática estadounidense, en la «Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados al Año Fiscal 2018».
Además, el comunicado sostiene que el secretario de Estado, Mike Pompeo, designó igualmente a dos de los hijos de Stalling Dávila -Julio Alejandro Molina Stalling y Otto Fernando Molina Stalling- como «no aptos para entrar a los Estados Unidos».
Según el documento, en 2019 EE.UU. ha revocado las visas o declarado no aptos para ingresar a su país a «más de 150 guatemaltecos», de los que no específica nombres, pero refiere que algunos «son sospechosos de estar involucrados en hechos criminales», como «corrupción y narcotráfico», o pueden ser «familiares que se beneficiaron de esos delitos».
La magistradaBlancaStalling, separada del cargo, cuenta con libertad condicional y se encuentra bajo proceso penal por haber tratado de influir en un juez de primera instancia que conocía el proceso de su hijo (Otto Molina Stalling) y luego, al ser capturada por las autoridades, por tratar de fugarse amenazando con un arma de fuego a los policías que la detuvieron
En septiembre pasado, Otto Molina Stalling fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel al haber sido encontrado culpable de cobro ilegal de comisiones en una trama de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Junta de Licitación se le acusó de «autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala continuara en el proceso de licitación» pese a no contar con los recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario necesario.
La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó que 40 personas que realizaron diálisis fallecieron y 108 fueron afectadas por los malos servicios prestados por la empresa Droguería Pisa.
