¿Dónde están los diputados y diputadas?

Dagoberto Rodriguez

¿Dónde están los diputados y las diputadas? ¿dónde está su compromiso de construir para responder a los temas de país?

La pregunta formulada por la representante y coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Alice Shakelforfd, en una entrevista brindada a Radio Cadena Voces resonó como un campanazo y es una de las críticas más fuertes que he oído a un representante de la comunidad internacional en Honduras desde que se desató la grave parálisis que prima en el Poder Legislativo hondureño.

Al momento de escribir esta columna, el Congreso Nacional cumple exactamente 90 días de parálisis legislativa, hecho que ha tenido su génesis en la falta de acuerdos de las fuerzas políticas para elegir al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público, cargos que en este momento son ostentados “interinamente” por los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, afines al Gobierno de Xiomara Castro.

La elección de ambos funcionarios ha estado plagada de múltiples cuestionamientos por diversos sectores a lo interno y externo de Honduras, que consideran la medida adoptada por una comisión permanente integrada por nueve miembros del Partido en el gobierno, como un acto ilegal y antidemocrático que socava el Estado de derecho y la democracia plural y representativa en el país.

Bajo una serie de argucias legales y una hábil jugada política, Luis Redondo y compañía se han arrogado ahora la potestad de todo el pleno del Congreso de elegir cargos de segundo grado, crear, derogar e interpretar las leyes a su antojo y conveniencia y atentar contra el imperio de la Constitución de la República. Una forma infame y cínica de hacer lo mismo que criticaban en el pasado.

Es inaceptable para un pueblo hambriento y sin oportunidades de trabajo, salud y educación que el Congreso Nacional siga cerrado por el empecinamiento y capricho de quien desde Casa Presidencial ordena y maneja los hilos del poder, sin importarle en lo más mínimo el impacto que esto está teniendo en el desenvolvimiento del Estado y en la vida de miles de compatriotas.

Mientras la población se debate en la inseguridad, alto costo de vida, falta de medicinas en los hospitales, pésima atención sanitaria, desempleo, fuga de capitales y masiva migración hacia los Estados Unidos, los diputados siguen enzarzados en los desacuerdos y en los intereses particulares y partidarios, pero eso sí devengando religiosamente sus jugosos salarios, viáticos y bonos.

Pero ¿cuál es el impacto que está teniendo la parálisis legislativa? Bueno comencemos por decir que mientras los diputados siguen sin sesionar, el país y el pueblo hondureño sufren los impactos negativos de semejante acto de irresponsabilidad y de burdo manipuleo político tendiente a obligar a la oposición política a negociar bajo las condiciones que impone el partido o el cacique en el poder.

En general, la parálisis legislativa en el Congreso Nacional está impactando en el funcionamiento del gobierno y en la sociedad en general.

Entre otras secuelas, podemos resaltar el estancamiento de legislación crucial en vista que la parálisis impide la aprobación de leyes importantes, lo que ya está afectando áreas críticas como la economía, la seguridad, la educación y la salud. Además, la falta de acción legislativa ha llevado a la ausencia de marcos legales y regulatorios necesarios para abordar problemas urgentes de país.

Por otro lado, la incapacidad de la clase política para llegar a acuerdos y tomar decisiones legislativas está propiciando una mayor inestabilidad política. La falta de dirección y liderazgo de Luis Redondo como componedor y figura clave en los diálogos debilita la confianza pública en este importante poder del Estado y en las instituciones gubernamentales y afecta la percepción de la estabilidad política.

De hecho, recientes encuestas ponen a este Congreso Nacional como el peor de la historia democrática del país e incluso algunos consideran que en una próxima elección el número de diputados debe reducirse drásticamente para que ya no siga siendo una carga estéril para el pueblo hondureño, esto por los jugosos privilegios de los que gozan los congresistas hondureños.

Nadie va a pretender venir a invertir en un país en donde la estabilidad política, económica y social es totalmente incierta y que es clave para crear un adecuado y atrayente clima de negocios. Honduras se percibe en el exterior como un país en permanente crisis y en el que no existen las suficientes condiciones y garantías para atraer inversiones.

Por otro lado, la parálisis legislativa ha impedido al gobierno implementar políticas y programas dirigidos a la gente, ya que la falta de legislación está creando un vacío en la autoridad y los procedimientos necesarios para llevar a cabo acciones específicas.

Esta situación podría agravarse si en los próximos días no se logra convocar a sesiones y reunir los votos para aprobar el presupuesto general de la República 2024.

Otro aspecto de la inactividad del Congreso es el hecho que el Legislativo no puede abordar problemas urgentes que requieren acción inmediata. Esto puede incluir situaciones de crisis, desastres naturales, problemas económicos urgentes, entre otros.

Además, socava la confianza de la ciudadanía en el sistema político y en los representantes electos. Los ciudadanos perciben la falta de acción como una señal de ineptitud o falta de compromiso por parte de los legisladores.

Lo más delicado es que la incapacidad para abordar los problemas sociales y económicos a través de la legislación puede aumentar el riesgo de la conflictividad social en el país y es sumamente peligroso que la frustración acumulada entre la población pueda manifestarse en protestas, movilizaciones y movimientos sociales que pongan en riesgo la misma estabilidad del Gobierno.

Estas son, entre otras, algunas de las implicaciones que están teniendo en el país la parálisis legislativa, aunque es importante decir que este es un fenómeno complejo de múltiples e insospechadas consecuencias que puede poner en un hilo la gobernabilidad del gobierno, a menos que sea desde el mismo Gobierno que se estén propiciando las condiciones para fines malévolos y perversos.

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