El Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como la Cuenta Financiera del Gobierno, son para el país, lo que la caja negra es para los aviones: Si se les sabe descifrar, es muy fácil evaluar los éxitos o desvaríos de una administración.
Claro, para ello se requiere pericia, conocimiento, experiencia y sobre todo talento. Tengo muchos amigos y amigas que han dedicado su vida entera a esta labor: gentes como Hector Medina, Adrián Gómez, Roberto Zuniga, Carlos Borjas, Ely Rivera, Delia Ordoñez y más. A todas y todos les profeso el más caro respeto profesional.
La administración actual se ha propuesto reelaborar el presupuesto 2022 aprobado por el nefasto Congreso Nacional que fustigó al país durante los últimos ocho años. No es algo nuevo que un gobierno entrante, sobre todo si es de un partido opositor al anterior haga lo mismo, todos lo hacen, sin excepción. Las nuevas administraciones siempre dicen que el presidente saliente era un desastre, que deben reconstruir un país en ruinas, que será difícil reparar tantos entuertos.
¡En fin! Todos arguyen que vienen a gobernar cenizas, administrar el desastre del que se fue. Los más recordados son Callejas, quien acusó a Azcona de irresponsable y pródigo, cuyo discurso sirvió para justificar el ajuste estructural de 1990, Lobo, a quien le tocó recoger los pedazos del país después del golpe del 2009 y, por supuesto, la actual, a quien le toca despachar al primer presidente que va del Altar Q a la prisión.
El problema es que el gasto público hondureño es tan inflexible, que no permite a los tomadores de decisiones la discrecionalidad necesaria para empujar programas que faciliten el desarrollo del país. Ya es trillada la cantaleta de que solo la partida de sueldos y salarios, sumada a la de servicio de la deuda abarcan casi el 100% de los ingresos tributarios, pero también hay que pagar servicios públicos, seguridad social de los empleados, mantenimiento de edificios, viáticos, gastos de representación, motorizados, etc.
A todo ello hay que agregar las transferencias a instituciones descentralizadas en montos tan elevados que de hecho es imposible cumplir con ellas. ¿Cómo hacer para pagar el 6% de los ingresos netos a la UNAH, el 3% al Poder Judicial, el 3% al Ministerio Público y el 11% a las municipalidades? solo por mencionar algunos. Allí tenemos bloqueado “ex ante”, el 23%, casi la cuarta parte, de lo que se debe gastar.
Total, que, a la inversión pública, objeto fundamental del sacrificio en que incurre la ciudadanía al pagar sus impuestos, se presupuesta casi nada y se le dedica menos gasto. Solo para poner un ejemplo, durante el 2021 se habían dispuesto unos 25 mil millones de lempiras (apenas el 12% del presupuesto del gobierno central) y el gasto efectivo en este rubro no llegó ni a la mitad (11,200 millones) y eso que Juan Orlando le había ordenado a sus no muy avispados y avispadas ministras de finanzas, que colocaran el famoso programa “Vida Mejor”, como objeto de inversión pública, al mismo nivel que las carreteras y otra infraestructura, lo que es peor, con la aquiescencia del FMI y el resto de la parafernalia financiera internacional.
Pues en las últimas horas, la Presidenta ha revelado a los medios que ordenará a su ministra de Finanzas, que elimine la famosa partida de Asignaciones Globales del Gobierno Central, más conocida como “partida confidencial”. Esto tampoco es nuevo, todas y todos los candidatos presidenciales, desde Rosuco a Tito Asfura, pasando por Doña Nora o Elvin Santos, han proclamado en campaña que, de llegar, eliminarán la susodicha. Hasta ahora nadie ha cumplido. Es fácil entender por qué.
Las llamadas “asignaciones globales” son una partida de uso discrecional que se asigna al Presidente o algunos Secretarios de Estado, para que ejecuten gastos contingentes, es decir, que no estén presupuestados. Lo anterior es entendible, porque no se puede prever el paso de un huracán o un terremoto, una peste u otras urgencias con las que nadie cuenta. Para esos casos, es indispensable que se aparten fondos que le permitan a la presidenta, maniobrar y solventar problemas inesperados.
Aquí solo hay que reparar en dos problemas: el primero es la falta de transparencia a la hora de liquidar estos fondos. Ningún presidente ha dado cuenta de la forma de utilizarlos y eso se ha prestado para financiar desde bochornosos casos de corrupción hasta tristes eventos como mandar a comprar rosquillas a Sabanagrande en helicóptero. El segundo es que la partida ha crecido tanto, que en el último año llegó a ser de 5 mil millones de lempiras.
En ningunos de los dos casos es justificable el uso desmesurado de esta partida y por lo tanto, el menester de las autoridades es más bien generar mecanismos de control adecuados al respecto.
