En la última década, Venezuela se ha convertido en uno de los casos más severos de crisis política, económica y social en América Latina. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y, especialmente, de Nicolás Maduro, el país ha experimentado un colapso económico profundo, con una contracción del Producto Interno Bruto de más del 80 % desde 2013, una inflación hiperinflacionaria prolongada y niveles de pobreza que han afectado a la mayoría de la población. Esta crisis no sólo fue económica. Organismos internacionales han documentado violaciones graves de derechos humanos, represión sistemática contra opositores, restricciones a la libertad de asociación y detenciones arbitrarias de líderes sociales y políticos.
El desgaste de la economía, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de servicios básicos —como electricidad, agua potable y atención médica— empujó a millones de venezolanos a huir del país. Datos de la ONU señalan que casi 8 millones de venezolanos se convirtieron en refugiados o migrantes en todo el mundo, buscando mejores condiciones de vida. Familias enteras caminaron por rutas peligrosas, cruzaron fronteras sin protección y sobrevivieron en condiciones extremas. En Centroamérica, miles pasaron por países como Honduras, huyendo no por ambición, sino por necesidad: no había trabajo, alimentos, medicinas ni oportunidades para sus hijos. La migración venezolana no fue una elección, fue un acto de supervivencia.
En 2026, un hecho sin precedentes marcó un punto de inflexión: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras y su traslado para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
La salida de Nicolás Maduro representa un punto de quiebre político, pero no una solución automática. Sacar a un gobernante no basta si no se reconstruye el Estado, si no se garantiza justicia, elecciones libres y condiciones reales para una vida digna. El riesgo es repetir viejos errores: cambiar de figura sin transformar las estructuras que produjeron el colapso.
En este contexto, Estados Unidos enfrenta una responsabilidad histórica. No debe sustituir una tiranía por otra forma de control. Venezuela no necesita intervenciones guiadas por el interés petrolero ni decisiones tomadas desde fuera sin escuchar a su pueblo. América Latina conoce bien los costos de ese modelo.
Ayudar de verdad implica respetar la soberanía, apoyar procesos democráticos genuinos, fortalecer instituciones civiles y colocar la dignidad humana por encima de cualquier beneficio económico. Significa crear condiciones para que los millones de venezolanos forzados a migrar puedan regresar a casa, reencontrarse con sus familias y sanar las heridas del exilio. Si el objetivo es el petróleo, el fracaso será inevitable. Si el objetivo es la libertad, Venezuela aún puede volver a empezar.
Te abrazo, hermana y hermano venezolano. A quienes llegaron con los pies heridos, con hijos enfermos, con miedo y hambre, pidiendo un plato de comida, un baño, un lugar seguro donde dormir. Que Dios les abrace, sane el dolor del camino y borre los
recuerdos que nunca debieron existir.
