La expresión «dictadura blanda» es un concepto que se utiliza para describir un tipo de régimen político que comparte algunas características de una dictadura tradicional, pero que también permite ciertos elementos de apertura política o participación ciudadana, dándole cierto maquillaje democrático.
En una dictadura blanda, el gobierno puede restringir progresivamente las libertades civiles y políticas, controlar o limitar los medios de comunicación, debilitar y limitar la oposición política, pero a su vez puede permitir ciertos niveles de participación ciudadana o elecciones.
También puede haber una cierta apariencia de instituciones democráticas, pero en la práctica existe un control sustancial y férreo ejercido por el líder o el partido en el poder que nombra, controla y dicta las pautas a seguir a sus titulares para imponer su dogma o proyecto político.
A veces el concepto de Dictadura Blanda se utiliza de manera peyorativa para señalar la falta de una verdadera democracia en un sistema político.
En su libro el “Ocaso de la Democracia: La Seducción del Autoritarismo”, la periodista estadounidense, galardonada con el premio Pulitzer, Anne Applebaum expone el progresivo declive democrático y el surgimiento del populismo de derecha e izquierda con tendencias autoritarias que experimentan varios países del mundo.
Applebaun alerta sobre las señales autoritarias de líderes, partidos y gobiernos que van erosionando paulatinamente el sistema democrático de un país y advierte a los ciudadanos como identificarlas para enfrentar esas amenazas y salvaguardar sus democracias.
Me llama la atención que en su libro destaca que en varios países en donde el sistema democrático estuvo al borde del precipicio, partidos con ideologías diametralmente opuestas y antagónicas hicieron a un lado sus marcadas y profundas diferencias para salvar sus sistemas democráticos, algo similar a lo que está ocurriendo en Honduras con la conformación del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) integrado por los principales partidos de oposición.
Traigo a colación este tema para pasar a la siguiente interrogante: ¿Estamos en Honduras ante la conformación de una dictadura blanda o ya estamos viviendo bajo un régimen autocrático que ignora los consensos, controla e impone a través de sus acciones antidemocráticas a los que deben dirigir los poderes del Estado y la mayoría de las instituciones públicas?
Para algunos analistas eso ya está ocurriendo, puesto que el Gobierno hondureño implementa una estrategia para que donde no haya consensos se aplique un forcejeo a la legalidad y nombrar en posiciones e instituciones claves a sus aliados políticos con el fin de controlar todo el Estado e imponer su proyecto político e ideológico.
La progresiva pérdida de libertades, el ataque persistente a periodistas y medios de comunicación, el desprestigio y ataque sistemático a la oposición política a través de los colectivos de Libre y ejércitos de troles y bots en redes sociales, pero sobre sobre todo la imposición de decisiones de país obviando a los demás actores políticos y finalmente el irrespeto e interpretación de la Constitución y las leyes a conveniencia de los que gobiernan, son síntomas graves del debilitamiento de la democracia y signos palpables de que esa estrategia ya está en marcha.
En sus ansias de controlar todas las instituciones e imponer su proyecto refundacional y su sistema socialista, el Gobierno de Xiomara Castro, a la sombra del cual quien manda y mueve los hilos del poder es el expresidente Manuel Zelaya, ha trabajado en erosionar en estos dos años la ya debilitada democracia hondureña.
El modelo autoritario y corrupto del gobierno de Juan Orlando Hernández que tanto denunciaron y criticaron los militantes y dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre), ahora es prácticamente el mismo patrón repotenciado que sigue al pie de la letra el oficialismo en su afán de imponer su proyecto político.
Muestra de eso es qué en los últimos dos años, el partido de Gobierno ha venido cometiendo una serie de abusos, arbitrariedades y acciones antidemocráticas que comenzaron con la elección ilegal de la junta directiva del Congreso Nacional que impuso a Luis Redondo, quien prácticamente se ha convertido en un monigote del Poder Ejecutivo.
Posteriormente siguieron la elección inconstitucional del Procurador y Subprocurador General de la República, la arbitraria ratificación del acta de incorporación a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por último la elección antidemocrática de los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto interinos, respectivamente.
Con la elección de los fiscales interinos prácticamente el Gobierno cierra el círculo para controlar el aparato estatal y cerrar la acción y participación democrática en las acciones y decisiones de Gobierno, lo cual representa un grave retroceso democrático en Honduras.
Al imponer a los fiscales con nueve diputados del oficialismo, el Gobierno de Honduras no solo avanzó, sino que consolidó el control total del Estado, en vista que estos dos importantes cargos representan el último eslabón que les falta para materializar su proyecto político.
Tan es así que Libre optó por no extender las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y con esto sacrificó la ratificación constitucional de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), una de las principales promesas de Gobierno, que ahora quedan totalmente vigentes.
En todo esto, el Gobierno le ha ganado el pulso a la oposición, a la sociedad y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que han mostrado debilidad y falta de creatividad y contundencia para frenar la deriva autoritaria del Gobierno.
Si el interinato de los fiscales pasa a convertirse en un nombramiento permanente, que es lo que seguramente ocurrirá, sino se logran los consensos y la elección constitucional de los titulares del Ministerio Público, será muy difícil evitar que Libre pueda materializar e imponer su proyecto refundacional y socialista.
Frente a todo este contexto, no hay duda que los hondureños nos enfrentamos al fin o la supervivencia de la democracia hondureña. Frente a la amenaza del autoritarismo, es crucial que la ciudadanía esté bien informada y participe activamente en la vida política de la nación para construir una sociedad democrática y resistente a los abusos del poder, fundamentada en la vigilancia ciudadana, educación cívica y la participación democrática.
