Con la salida de Hernández, el usurpador a quien los hondureños no fuimos capaces de “poner en cintura” durante sus casi 25 años de tropelías y a quien, para nuestra vergüenza, tuvo que llamar al orden la justicia de otro país, se acaban las excusas y queda claro que ya es tiempo de ponernos a trabajar en pro de la gobernanza y convivencia de todos y todas.
Lo anterior implica necesariamente encausar la situación de los sectores productivos, atrofiados por la pandemia, la politización y, sobre todo, por la falta de capacidad de resiliencia y esa dependencia de la ayuda externa que paraliza nuestro potencial de forma ancestral, pero que avanzó a niveles escandalosos después del Mitch.
Es necesario pues, dejar la modorra y el “show”, ponernos a trabajar y dejarnos de excusas.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del INE, el 20% de la población no tiene acceso a servicios de agua potable. En el sector rural, la cifra sube al 46%. Sumado a esto, solo uno de cada dos hondureños tiene acceso a saneamiento básico.
Algo similar sucede con los servicios de energía eléctrica, donde un 22% de la población está aún desconectado! Y peor aún, prácticamente el 70% de la población rural se la pasa a oscuras.
En educación, luego de la pandemia, las tasas de permanencia siguen siendo bajas y la cobertura en tercer ciclo en básica (7-9 grados) es todavía muy deficiente, lo cual le resta oportunidades de un buen futuro a unos 500 mil jóvenes.
¿Y la salud? ¡Todavía peor! Enfermedades totalmente prevenibles hacen estragos sobre todo en la niñez. La desnutrición crónica en infantes es superior al 20% y la salud materna permanece descuidada.
Los centros de salud urbanos y rurales están desabastecidos y la inmensa mayoría de las familias que habitan las más de 3,000 aldeas, permanecen aisladas, viviendo en condiciones insalubres y expuestas a caer enfermas.
Solo la UNAH, que mantiene junto a la AMHON un Programa de Atención Primaria en Salud en unas pocas decenas de municipios, hace esfuerzos por llevar la salud a los hogares, que es la forma efectiva y de bajo costo. Sin embargo, las autoridades desconocen este esfuerzo, debido a atavismos y prejuicios.
Es evidente, además, que todo el gasto realizado en los años previos para evitar la violencia fue en vano. Los resultados en términos de reducción de muertes violentas, no son correlativos a la inversión que la ciudadanía realiza mediante el pago de impuestos.
Las carreteras destruidas, al menos 3 puentes permanecen caídos, la infraestructura pública en mal estado. Pero ahora además de todo hay que pagar peajes.
El acceso a la justicia, la defensa de los derechos, las facilidades administrativas, la protección de los consumidores, ¡En fin! ¿Habrá alguna actividad en la que el ciudadano dependa del estado que se pueda decir que ande bien?
Por ello es necesaria una reforma fiscal.
¿En qué consiste? Básicamente en dos cosas: definir cuanto y quien debe pagar los impuestos y a que habrá que dedicar los recursos recaudados.
Ambas cosas requieren de una profunda reflexión de quienes estemos involucrados.
En cuanto al pago de impuestos, sabemos que está en discusión un nuevo Código Tributario.
Esto es positivo, aunque se ha advertido a las autoridades de la necesidad de que el mismo responda a principios de equidad y simplicidad que eviten que la brecha entre ricos y pobres se haga más amplia en el país.
Hace algunos años, la Secretaría de Planificación presentó una propuesta sobre cómo mejorar la administración tributaria, de manera que una reducción en las tasas impositivas se traduzca en una mejora en la recaudación. Nadie atendió dicha propuesta que ha tenido éxito en países como Perú y Botsuana.
En lo referente al Gasto Público, solo con un dialogo consciente entenderán empresarios, trabajadores y gobierno, la importancia de focalizar en los más necesitados y universalizar los servicios básicos para acceso de todos y todas.
¿Qué debe suceder?, mejor dicho ¿Qué debemos hacer para que las cosas cambien? Estamos a punto de convertirnos en el primer narcoestado declarado por un tribunal de justicia en el universo, nuestro pequeño y hermoso territorio se quema y se ahoga a la vez y la pobreza sigue campeando amenazada por un contexto externo poco amigable.
Llegó el momento de cambiar. De hacerlo nosotros sin esperar que el Departamento de Estado o el FMI vengan a hacerlo por nosotros. Debemos darnos la oportunidad de demostrar que sí podemos, más allá de lo que digan los políticos abyectos o los narcotraficantes. Perdón por el pleonasmo.
