Honduras debe avanzar continuamente por el camino del desarrollo sostenible hacia el logro del bienestar constante de su población y de cada una de las personas que la integran, en dirección a su fin supremo constitucional como Estado y sociedad. Ese desarrollo sostenible está planificadamente delineado en la Constitución de la República y la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y en la articulación y vinculación de esa normativa con los objetivos y metas interrelacionados de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta última adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como plan de acción universal que garantiza asimismo la cooperación internacional de la ONU y de alianzas bilaterales, regionales y mundiales.
La aplicación cierta de esa normativa, además de titularidad nacional, requiere asimismo de todos los gobiernos, una actitud consciente del cambio mundial en curso y de la responsabilidad nacional de estar presentes, acompañar y participar activamente en las transformaciones que se avizoran y en los beneficios que de ellas se deriven. En esa dirección, Honduras debería empoderarse de ese cambio y promover apoyo a valiosas iniciativas de la Secretaría General de la ONU, como la propuesta coyuntural de aprobación de un plan de estímulo masivo para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la propuesta de un Nuevo Pacto Mundial “para garantizar que el poder, la riqueza y las oportunidades se compartan de forma más amplia y justa a nivel internacional”, entre los Estados desarrollados y en desarrollo.
Lo anterior llama también a articular medios de viabilizar esos cambios en nuestra realidad ístmica centroamericana (teniendo presente nuestros aspectos comunes como región y las diferencias por nuestras particularidades y necesidades específicas, como países) en espíritu solidario con los otros países y regiones de América Latina y El Caribe y, en general, con todos los países en vía de desarrollo; así como en aplicación de principios de relaciones de buena vecindad y cooperación constructiva con todos los Estados desarrollados y en desarrollo.
Por la falta de cumplimiento efectivo de la Constitución de la República y de la correspondiente ausencia de gestión pública y de coordinación y complementación interinstitucional en el Estado, y entre éste y la sociedad, para logro de resultados esperados en función de la protección y promoción de la dignidad humana de los (as) habitantes, como fundamento y fin supremo del Estado y la sociedad: Honduras se encuentra crónicamente debilitada por males que provienen de fenómenos humanos que se han enraizado y se manifiestan en: pobreza, desigualdad, exclusión, desempleo, insuficiente producción y disposición de alimentos o a su acceso, inadecuado funcionamiento de los servicios públicos, entre ellos, de salud y educación; así como en violencia, delincuencia, intolerancia política, discurso de odio, corrupción, desplazamientos forzados internos y migración forzada.
Situación que se ve anualmente agravada por la ocurrencia constante de desastres por fenómenos naturales, como incendios forestales, sequía, degradación de suelos, deforestación, contaminación ambiental, plagas forestales y agrícolas, presencia recurrente de epidemias como el dengue, el cambio climático, a lo cual se agregó la pandemia COVID 19, los desastres de las tormentas tropicales ETA y IOTA, y los efectos adversos de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Lo anterior, contextualiza a Honduras en la crisis integral y global de éste tercer decenio del siglo XXI. Crisis que plantea amenazas muy serias a la supervivencia, a los medios de subsistencia y a las condiciones de vida digna para la mayoría de la población, ante las cuales se requiere de creación y fomento de seguridad humana para ir posibilitando condiciones favorables al bienestar constante que sólo puede provenir del desarrollo con fundamento en la efectividad del ordenamiento constitucional de Honduras como Estado de Derecho y sociedad democrática, cuyo fin supremo es garantizar el respeto y la protección de la dignidad humana de toda la población.
El bienestar es el propósito del planificado desarrollo nacional previsto en la Constitución de la Republica y el desarrollo es derecho humano individual de las personas y colectivo del pueblo que todos los gobiernos tienen el deber de asegurar a todas y todos los (as) habitantes. Derecho humano cuyo disfrute debe evidenciarse. en la vida real, con el cambio hacia una mejor calidad de vida y de trabajo; y la eficaz gestión del riesgo de desastres naturales y humanos, así como de la mitigación de los efectos derivados del cambio climático.
Ese desarrollo está constitucionalmente sujeto, en Honduras, a una planificación estratégica ya realizada y publicada en vigente ley especial. Para ejecutar esa planificación sirven los presupuestos generales anuales de la República que son instrumentos de gestión y control de ese desarrollo hacia el bienestar de la gente.
Así, en todos los gobiernos, cada anual Presupuesto General de la República debe ser instrumento para la implementación de políticas y medidas acordes con la planificación estratégica de los objetivos, medios y mecanismos para que Honduras avance continuamente por el camino del desarrollo sostenible hacia el logro del bienestar general constante. En efecto, todos los proyectos de presupuesto deben formularse y aprobarse conforme a lo que prescribe la Constitución de la República y la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, en articulación y vinculación con los objetivos y metas interrelacionados de Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta última adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como agenda o plan global de acción que garantiza la cooperación internacional de la ONU y de alianzas bilaterales, regionales y mundiales para el desarrollo.
En resumen, el Estado de Honduras tiene el deber de asumir realmente la titularidad nacional de nuestra estrategia de desarrollo planificada hasta el 2038. Por lo que es de imperativo cumplimiento para el presente y los sucesivos gobiernos, en su significación amplia de poder ejecutivo, legislativo, judicial y toda la institucionalidad del Estado. Se requiere asimismo de todos los gobiernos, una actitud consciente del cambio mundial en curso y de la responsabilidad nacional de saber acompañar y participar en las transformaciones internacionales en curso y en los beneficios que de ellas se deriven.
Es innegable que, en todas partes, el desarrollo sostenible está en riesgo, en especial en países en desarrollo como Honduras. El Secretario General de las Naciones Unidas ha lanzado, al respecto, una seria señal de peligro y recomendado una acción concertada. En esa dirección, ha formulado la propuesta coyuntural al G20 (foro intergubernamental de coordinación política, económica y financiera de Estados desarrollados y emergentes que se reunirá el próximo mes de noviembre 2022, en Bali, Indonesia) de aprobación de un plan de estímulo masivo para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Aumento en condiciones favorables de la financiación de inversiones en objetivos de desarrollo sostenible, en los países en desarrollo; levantamiento de la condicionalidad de préstamos y acceso a los fondos bancarios a dichos países; alivio y reducción de la deuda con especial consideración a los países en desarrollo en situación de sobreendeudamiento; criterios bancarios que incluyan también los aspectos propios de las vulnerabilidades de cada país en desarrollo que solicite préstamos; aumento de liquidez bancaria; otros).
Además, en esta nueva era mundial, el Secretario General de la ONU ha formulado la propuesta estructural de concertar un “Nuevo Pacto Mundial para reequilibrar el poder y los recursos entre los países desarrollados y los países en desarrollo… y garantizar que el poder, la riqueza y las oportunidades se compartan de forma más amplia y justa a nivel internacional”.y ha llamado a la proactividad, en ese sentido, a los Estados miembros, para que se ocupen de impulsar la eficacia del proceso y el contenido de su objetivo “en ámbitos como la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2024”.Honduras y, en su conjunto, la región centroamericana, deberían estar ya empoderándose y promoviendo apoyo a esas propuestas de la Secretaría General de la ONU, así como concertándose para articular medios de viabilizar esos cambios en correspondencia con nuestra realidad ístmica centroamericana (teniendo presente nuestros aspectos comunes como región y las diferencias por nuestras particularidades y necesidades específicas, como países) en espíritu solidario con los otros países y regiones de América Latina y El Caribe; y, en general, con todos los países en vías de desarrollo; así como en aplicación de principios de relaciones de buena vecindad y de cooperación constructiva con todos los Estados desarrollados y en desarrollo.
