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Desapariciones siguen marcando la vida de miles de familias hondureñas

Tegucigalpa – El drama de las desapariciones en Honduras sigue sumando capítulos dolorosos, sin que exista una respuesta contundente de parte de las autoridades del Estado.

Los nuevos casos, lejos de ser aislados, reeditan la oscura época de los años 80, cuando la impunidad y el silencio oficial se convirtieron en el sello de una crisis que aún no termina de cerrarse.

Uno de los hechos más recientes y que ha causado gran conmoción es el de los 18 tripulantes de la embarcación “Lucky Lady”, desaparecida el pasado 18 de julio de 2025. Hasta la fecha no hay rastros ni de la nave ni de los pescadores. Sus familiares, desesperados por la falta de información, presentaron una denuncia formal en el Ministerio Público.

El abogado Javier Acevedo insistió en que el caso debe investigarse como una desaparición forzada, ante el silencio y la falta de explicaciones oficiales.

El misterio se profundiza porque las instituciones encargadas de la seguridad marítima y de las investigaciones no han dado detalles.

Días después se recuerda lo ocurrido con “Lucky Lady” cuando apenas el 27 de agosto, cuando otro pescador, identificado como Níquel, desapareció tras zarpar de Útila con destino a West End, Islas de la Bahía. Tampoco hay respuestas. Estos por mencionar dos de los ejemplos de casos puntuales más recientes.

Estos episodios recientes reavivan la memoria de otras desapariciones que siguen sin esclarecerse: el caso de Angie Samantha Peña, desaparecida en enero de 2022 en Roatán; el de Belkis Molina, en La Esperanza, Intibucá en 2023; y el de Enoc Misael Pérez Chinchilla, desaparecido en diciembre de 2019. Igualmente, pesa en la memoria colectiva la desaparición de los cuatro líderes comunitarios garífunas del Triunfo de la Cruz en 2020, quienes fueron sacados por la fuerza de sus hogares por hombres armados con uniformes policiales.

Las cifras frías que aterran y persiguen a familiares y a todo un país

Según cifras oficiales del Ministerio Público, entre 2020 y los primeros cuatro meses de 2025 se han registrado 2,114 denuncias de desapariciones en el país. Solo en 2022 hubo 531 casos. El Conadeh cita que según cifras de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) documenta que entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

El fenómeno no discrimina. Hombres, mujeres, niñas y niños son víctimas, aunque los grupos más vulnerables cargan con el mayor peso. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó recientemente a las autoridades a dar respuestas inmediatas y recordó que, en estos casos, “un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona”.

Las desapariciones de mujeres han sido descritas como una crisis particularmente grave. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) advierte que solo en 2024, hasta el 6 de octubre, se reportaron 313 casos en medios de comunicación.  Igualmente citan que de acuerdo con datos de Infosegura-PNUD, entre 2012 y 2022 desaparecieron en Honduras 9,838 personas, de las cuales un 38% son mujeres.

En su investigación “Desapariciones de mujeres en Honduras, 2022-2023”, el CDM enfatiza que la desaparición de una mujer no solo afecta a la familia, sino que provoca un fuerte impacto en la comunidad cercana, generando miedo, inseguridad e incertidumbre entre otras mujeres.

OACNUDH: “Honduras mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas”

Recientemente en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el pasado 30 de agosto, el representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, afirmó que el Estado hondureño mantiene una deuda histórica con las víctimas y sus familiares.

Monge explicó que esa deuda se traduce en la persistente impunidad, la falta de reconocimiento oficial de los crímenes y la ausencia de una reparación adecuada. “El impacto de esa impunidad no quedó anclado en el pasado y nos recuerda que cuando no se hace justicia, la violencia y la violación a los derechos humanos tienden a repetirse”, advirtió.

Ante ese panorama, el funcionario de Naciones Unidas subrayó la necesidad de que Honduras avance hacia un proceso de justicia transicional que garantice plenamente los derechos de las víctimas. “Esto implica reconocer y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria, y asegurar que existan garantías de no repetición”, sostuvo.

La OACNUDH ha reiterado en diferentes ocasiones que los casos de desapariciones forzadas, tanto del pasado como los actuales, no deben quedar en el olvido y que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y sus familias.

El Estado hondureño sigue sin dar respuestas sobre desaparecidos

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Ramón Maldonado, en conversación con Proceso Digital, denunció que en el país persisten múltiples casos de personas desaparecidas que han quedado en el olvido, sin que hasta la fecha existen respuestas claras por parte de las autoridades.

“El Estado de Honduras tiene una factura de deuda de responsabilidad y de respuestas sobre la situación de los desaparecidos, ya sean desapariciones forzadas o como les quieran llamar. La cuestión está en que la gente sigue desapareciendo en Honduras y el Estado se ha vuelto incompetente para dar respuesta a los familiares de estas víctimas”, señaló Maldonado.

El defensor recordó que en los años 80 los casos estaban vinculados a motivos políticos, pero en la actualidad el crimen organizado y el narcotráfico siguen teniendo fuerte presencia en el país, lo que podría estar relacionado con varias desapariciones recientes. “El Estado no da respuesta del estado de las investigaciones, la impunidad sigue pululando en todos los sectores políticos y sociales, y todo queda en la nave del olvido”, agregó.

Maldonado también criticó el papel de la Policía Nacional, asegurando que se le asignan múltiples tareas, pero se descuida su rol esencial en la investigación criminal. “Faltan unidades especializadas, recurso humano e investigadores con más tenacidad en el campo”, afirmó.

Por su parte, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) advirtió que tanto las desapariciones de la década de los 80 como las actuales deben ser consideradas desapariciones forzadas, aunque con matices distintos. “En los 80 eran más por temas políticos y ahora pareciera que es por trata de personas o crimen organizado, pero no hay respuestas de las autoridades; lo que se diga son solo suposiciones”, expresó en declaraciones a este medio.

El abogado Saúl Bueso, secretario de C-Libre, también en entrevista con Proceso Digital, manifestó su preocupación por el repunte de desapariciones forzadas en el país. “Hoy vemos algo similar a la época de los 80 y lo delicado es que no hay respuesta de las autoridades”, exteriorizó.

En un país marcado por la violencia, la migración forzada, la trata de personas y la impunidad, las desapariciones se han convertido en una crisis humanitaria silenciosa rematan los entrevistados.

En este doloroso contexto los rostros de las víctimas se multiplican, mientras sus familiares viven entre la esperanza y el dolor, enfrentando cada día la indiferencia de un Estado que, hasta ahora, no ha sabido —o no ha querido— dar respuestas.LB

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