Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El último informe de derechos humanos en Honduras publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ofrece una amplia mirada de los desafíos del país y del actual gobierno al respecto, al abordar los abusos humanitarios a cargo de los cuerpos del Estado responsables de garantizar la vida y seguridad de las personas que van desde ejecuciones extrajudiciales, situación carcelaria, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado interno hasta alertas sobre la libertad de expresión.
Al ahondar en las condiciones carcelarias del país y el traspaso del control de las cárceles de la égida militar a la policial, el documento advierte sobre el problema de las cárceles en Honduras, un submundo en el cual las maras o pandillas y otras fuerzas criminales se disputan internamente el control y poder; prevalece el hacinamiento y las condiciones deplorables en donde los privados de libertad con enfermedades terminales comparten celda con los privados que no padecen enfermedades.
Es el primer informe que abarca el año de gobierno del bicentenario, evidenciando las falencias en materia de derechos humanos, y las oportunidades para construir políticas públicas y de coordinación más eficientes que permitan corregir los abusos detectados y denunciados, aprovechando la coyuntura de la instalación de un nuevo Poder Judicial que permita bajar la mora en los casos y tener una justicia más diligente.
De los puntos que aborda el informe, el tema de seguridad es uno de los más fuertes y más desarrollados, citando los abusos de la autoridad al ejecutar sus políticas de combate a la delincuencia y criminalidad. Asimismo, el informe resalta la muerte del hijo del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, el joven Said Lobo Bonilla, ocurrida el 14 de julio de 2022, y según el documento, el hecho fue ejecutado por “presuntos miembros de la pandilla MS-13 que vestían uniforme de la unidad antipandillas”. El hecho fue calificado como un “ataque selectivo” y el informe detalla las detenciones hechas y que las autoridades siguen buscando a quienes ordenaron el homicidio.
La situación de los derechos humanos consignados en el informe se basa en informes fidedignos de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y casos de tratos o penas crueles, señala el documento, que hace hincapié en la situación de las cárceles, cuya problemática puede complicar la situación de la seguridad sino se aplican políticas correctivas a tiempo.
Habla también de “serias restricciones” a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales, además de la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, entre otros aspectos abordados.
Esa mirada que ofrece el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que si bien el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, el sistema judicial sigue siendo débil y la corrupción fue obstáculo para obtener importantes condenas.
Implicación de agentes en homicidios
Los grupos delictivos y las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos que exacerbaron los niveles de inseguridad y violencia, y aunque el gobierno investigó algunos de los hechos cometidos, la impunidad de los mismos fue generalizada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales. Los homicidios denunciados tuvieron lugar durante operaciones policiales o estuvieron vinculados a actividades delictivas de agentes del gobierno. El CONADEH, señala, reportó dos homicidios arbitrarios o ilegales a manos de la fuerza de seguridad hasta agosto del año pasado.
El documento cita el caso del joven aficionado del club deportivo España, Wilson Ariel Pérez Hernández, que agredió a una policía en San Pedro Sula y “supuestamente fue asesinado cuando funcionarios de la unidad antipandillas intentaban arrestarlo (…)”.
Aborda también la muerte de Pablo Hernández, un defensor humanitario y comunicador rural, asesinado el9 de enero en San Marcos de Caiquín, en Lempira, cuya investigación sigue en curso. Al adentrarse en el tema de la tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, reporta que el CONADEH registró 31 casos de presunta tortura o tratos crueles ejecutados a manos de las fuerzas de seguridad del país, en tanto el Ministerio Público recibió 10 informes de ese tipo al mes de julio del año pasado.
Mientras, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) recibió 28 denuncias de casos de tortura a septiembre del año pasado, cita el informe, poniendo el acento así en una práctica que parece estar siendo común y que se maneja con absoluta discrecionalidad entre las autoridades.
Al ahondar en las condiciones carcelarias del país y el traspaso del control de las cárceles de la égida militar a la policial, el documento advierte sobre el problema de las cárceles en Honduras, un submundo en el cual las maras o pandillas y otras fuerzas criminales se disputan internamente el control y poder; prevalece el hacinamiento y las condiciones deplorables en donde los privados de libertad con enfermedades terminales comparten celda con los privados que no padecen enfermedades.
En general, señala, las autoridades no segregaron a las personas con tuberculosis u otras enfermedades infecciosas de la población penitenciaria general. Hubo apoyo limitado para las personas con enfermedades mentales o discapacidades. Conaprev informó que cada prisión tenía una clínica de salud en funcionamiento con al menos un profesional médico, pero los suministros médicos básicos y los medicamentos escaseaban en todo el sistema. En la mayoría de las prisiones, solo los reclusos que compraron agua embotellada o tenían filtros de agua en sus celdas tenían acceso a agua potable.
El gobierno no pudo controlar la violencia a la interno de las cárceles gestada por pandillas y tampoco frenar la actividad delictiva dentro de las prisiones, destaca el informe, que cita al menos 17 muertes violentas en las cárceles del país hasta septiembre de 2017, según datos proporcionados por Conaprev.
Las detenciones arbitrarias, más de 40
Los arrestos y las detenciones arbitrarias son otra de las aristas abordadas en el informe, en donde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reportó 33 casos de arresto arbitrario hasta el mes de agosto del año pasado, mientras el Ministerio Público registró 11 casos de supuesta detención ilegal o arresto arbitrario hasta septiembre del año pasado.
En interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia, se registraron 35 denuncias de violaciones ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos al mes de agosto del año pasado, se indica, incluso, que en mayo la policía habría ingresado sin orden judicial a la vivienda de un defensor de derechos humanos, en El Palenque, en Choluteca, donde allanaron su vivienda y golpearon a sus padres, el hermano y el sobrino.
Sobre el tema de la libertad de expresión, el informe destaca que, al mes de agosto de 2022, se brindó protección a 11 periodistas y 16 comunicadores de redes sociales, entre otro tipo de activistas y defensores de derechos humanos, pero algunas organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la implementación deficiente de la ley del mecanismo de protección. Las organizaciones de la sociedad civil “criticaron la incapacidad del gobierno para investigar adecuadamente las amenazas”, cita el informe.
Destaca las acciones de violencia y hostigamiento contra los medios, la censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea: “los miembros de los medios y las ONG afirmaron que la prensa se autocensuró por temor a represalias de grupos criminales, organizaciones de narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos”, afirma el informe.
Los periodistas y medios de comunicación, siguen enfrentando leyes que criminalizan la libertad de expresión y en el documento destaca aquellas que penalizan los delitos contra el honor, mientras cita que algunos periodistas y otros miembros de la sociedad civil denunciaron amenazas de redes criminales, y que varios sitios de redes sociales anónimos, “posiblemente vinculados a partidos políticos”, criticaron a periodistas (así como a activistas y organizaciones de sociedad civil) que criticaban al gobierno.
El Informe del Departamento de Estado hace de esta forma una mirada crítica a la situación de los derechos humanos en Honduras, advirtiendo sobre ejes que han sido de su interés desde que publica estos documentos: seguridad, corrupción, transparencia, libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos. Hoy en ese documento se abordó también la fragilidad de grupos vulnerables como las mujeres y la violencia de género, al igual que la situación de la comunidad LGTBI, sin dejar de lado la situación laboral y los despidos de empleados. (PD)
