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Depuración policial enfrenta nuevos artificios

Tegucigalpa – Desde que se inició el proceso de depuración policial, hace unos 10 meses, se advirtió que el camino sería peñascoso. Un grupo de altos oficiales que han pasado a disponibilidad de la institución se han pronunciado públicamente en las últimas horas para advertir que vienen sendas demandas contra la legalidad de la reforma.
 

– Este viernes en horas de la mañana la Comisión de Reforma presentará un paquete de leyes para los operadores de justicia, se trata de cuatro documentos, tres leyes y una propuesta de reforma.

Este jueves, el jefe de la Policía hondureña Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, reveló que se reunió con el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, y un funcionario de la Embajada Americana para establecer los procesos a seguir con un centenar de efectivos policiales que están en condición de disponibilidad.

“Coordinamos con Eduardo Villanueva y con un funcionario de la Embajada Americana, algunas actividades que son exclusivas para darle seguimiento a la investigación a estos casos que están puestos a disponibilidad”, reiteró Bonilla al tiempo que aclaró que “la institución no tiene ningún revanchismo contra nadie, es únicamente función institucional y de sociedad, porque hacia eso vamos orientados”.

Agregó que el tema no es de pruebas de confianza, el tema es una condición jurídica que se llama disponibilidad que está en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía.

“El Tigre” aseguró que están fortaleciendo la institución policial, “no como algunos quieren dar a entender que se quiere destruir”.

Explicó que desde que se les notifica a un policía que está en disponibilidad y sale el acuerdo respectivo de parte del ministro Pompeyo Bonilla, éste tiene que entregar todo su equipo porque ya no va a tener funciones específicas. Entonces es obligada la entrega de la chapa y el arma, afirmó el alto jefe policial.

La disponibilidad y pruebas de confianza se enmarcan en ley

Por su parte, el encargado de la DIECP, Eduardo Villanueva, arguyó que la condición de disponibilidad es un estatus jurídico dentro de la Carrera Policial, por medio de la cual un miembro de la Policía que no tiene asignación específica está sometido a cualquier disposición del mando, pero no tiene acción efectiva dentro de las actividades policiales.

Villanueva recordó que la disponibilidad está sustentada en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece que ese período si se prolonga más allá de un año, es una causal de despido por cesantía.

Referente al argumento de ciertos oficiales en disponibilidad que arguyen que las promociones más antiguas de la Policía tienen la prioridad para ocupar cargos en la actual cúpula, Villanueva salió al paso y recalcó que “eso no tiene ninguna sustentación jurídica en la Ley Orgánica de la Policía, esa es una analogía que se hace con la situación de las Fuerzas Armadas. En la actual legislación los mandos son determinados por el Presidente y todas las personas están sometidas a la dirección superior”.


No pasar pruebas de confianza es causal de despido

Además, el encargado de la Carrera Policial afirmó que la declaratoria de disponibilidad es un acto administrativo de la autoridad superior de la secretaría de Seguridad y la Dirección general de la Policía Nacional.

“Otra situación son las acciones derivadas de las pruebas de evaluación de confianza que realiza la DIECP; cualquier persona en estado de disponibilidad o activo dentro de la Policía Nacional está sujeto a las investigaciones o procesos que realice la DIECP”, manifestó Villanueva.

Asimismo, refirió que hay otro contexto que es el derivado de la aplicación de la Ley Especial para la Depuración Policial que le confiere facultades al director de la Policía y al secretario de Seguridad para cancelar a policías que reprueben cualquiera de los instrumentos de evaluación de confianza.

Explicó que “la ley es de carácter temporal y tiene su vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) a partir del 25 de noviembre, es decir, que es una ley que se dio por un período de 6 meses e indica que todo miembro de la Policía que repruebe cualquiera de los instrumentos de evaluación de confianza puede ser cancelado de la Policía, sin responsabilidad para el Estado”.

Villanueva aclaró que esa misma ley ha sido cuestionada de inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero en tanto no haya un pronunciamiento es válida y tiene vigencia jurídica.

El hombre fuerte de la DIECP confió a Proceso Digital que la actual cúpula policial todavía no se ha realizado las pruebas de confianza, “estaremos programando esa aplicación en una fecha posterior”, adelantó.

La reforma camina lenta

Por su parte, la socióloga Mirna Flores, analizó que la reforma policial camina a pasos lentos y que ve en la Policía una actitud obligada ante una sociedad que demanda los cambios.

Afirmó que hay un grupo de oficiales en la Policía que no están conformes con las reformas que se están impulsando, éstos deberán dar paso a los que sí están dispuestos a impulsar la reforma.

El proceso de reforma policial está caminando y varias personalidades que tienen liderazgo dentro de la sociedad en estos temas, han dicho que el proceso está lento, por lo que habrá que acelerar muchas cosas, señaló Flores.

Para la socióloga experta en temas de seguridad, una cosa es decir que se apoya la reforma y otra es garantizar que quienes la están llevando a cabo cuentan con los recursos necesarios.

Arguyó que “siento ha habido cambios con respecto a hace un año, ahora tenemos una Policía que se preocupa más por hacer los cambios al interior de la institución, es una Policía que se ha visto obligada a hacer los cambios”.

Puntualizó que percibe un trato más cuidadoso para el ciudadano, pero los problemas continúan. “La Policía no tiene capacidad de respuesta, habrá que tomar decisiones en el campo de la profesionalización de la institución, veo una Policía preocupada ante una ciudadanía que demanda los cambios”, finalizó Flores.

La mañana de este viernes, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), entregará al presidente Porfirio Lobo, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de la Carrera Policial que no existía y la Ley del Funcionario del Ministerio Público que tampoco existía y un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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