Tegucigalpa – El representante legal de las familias afectadas por el fallido proyecto habitacional Ciudad del Ángel, Marcos Zelaya denunció que desde el Poder Judicial se pretende beneficiar a los implicados en este fraude que laceró los sueños de centenares de familias.
El profesional del derecho dijo que el proyecto se convirtió en “una ciudad de pesadillas” para los afectados que han tenido que sufrir las consecuencias en los últimos 10 años. “No se ha resarcido el daño para estas personas, el proyecto habitacional fue un verdadero fracaso”, dijo.
Reveló que la parte defensora de uno de los implicados, José Santos Arias Chicas, pidió cambio de medidas, pese a haber incumplido las medidas que fueron otorgadas en un principio.
Arias Chicas enfrenta otra causa judicial por el delito de desobediencia en perjuicio del orden público, luego que incumpliera un arresto domiciliario y escapara a España, donde fue recapturado y repatriado.
“Como representantes privados nos opusimos y la Fiscalía hizo lo mismo, pero tenemos el conocimiento que fue trasladado de la Penitenciaría de Támara al Primer Batallón de Infantería, desconocemos las razones porque no hemos sido notificados”, expresó Zelaya.
Asimismo, dijo que los hermanos Torielo, otros acusados en este megafraude, fueron beneficiados con libertad sin seguir los procesos judiciales, por lo que pidió a las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revise estas diligencias judiciales.
Adicionó que el juez que conoce la causa más bien fue ascendido en ese poder del Estado.
“Pusimos del conocimiento este caso a la coordinadora de los Juzgados de lo Penal, esto lo tiene que investigar la autoridad, pedimos estar atentos y que se mantenga la orden de captura contra los hermanos Torielo”, arguyó.
Puntualizó afirmando que es imperativo que reine la justicia y que se vele por el interés colectivo, ya que los afectados lo que piden es que esta nueva CSJ pueda resarcir el daño.
En agosto de 2021, fue declarado culpable al gerente del proyecto habitacional Ciudad del Ángel, José Santos Arias Chicas, condenado por el delito de estafa en concurso real continuada en perjuicio de 53 víctimas. En enero de 2021 fue condenado a 11 años y 11 meses por esta causa.
El caso se originó por denuncias de los afectados residentes en el proyecto habitacional ubicado al norte de la capital y se logró establecer que, en el 2005, la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la extinta Secretaría de Recursos Naturales (Serna), a través de la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC, donde trabajaban Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce (también condenados).
Este licenciamiento implicó además la participación de Darío Alberto Mejía Valdivieso (igual condenado) y que se dio para 193 viviendas, de las cuales unas 150 están destruidas, siendo aprobado en junio del 2006, previa firma de Contrato de Medidas de Mitigación.
Producto de la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes, mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional. JS
