Austin (EEUU) – Un dúo de legisladores demócratas expresó este jueves su preocupación por la legalidad de un operativo migratorio que tuvo lugar el pasado fin de semana en San Antonio (Texas), donde se arrestó a más de 100 personas, y pidió al Gobierno entregar más detalles sobre la redada.
En una carta dirigida a los directores del Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, los congresistas pidieron “transparencia” al Gobierno de Donald Trump.
“Estamos sumamente preocupados por la legalidad de las detenciones y el debido proceso de las personas detenidas. Cualquier operación de esta magnitud exige plena transparencia sobre los fundamentos de la redada, las agencias que participaron y la situación de quienes fueron detenidos”, escribieron los legisladores Joaquín Castro y Greg Casar en la carta.
Entre la información que solicitan está la evidencia que se entregó al juez para firmar las órdenes de registro o arresto, qué agencias federales participaron en el operativo, cuántas personas fueron detenidas, su nacionalidad y los delitos de los que se les acusa.
La redada tuvo lugar el pasado domingo, sobre las 2:00 hora local, y las autoridades aseguraron haber detenido a unas 140 personas de Venezuela, Honduras, México y otros “países latinoamericanos”.
El FBI y el DHS aseguraron en un comunicado que el operativo tenía como objetivo frenar la presencia del grupo criminal transnacional Tren de Aragua en la ciudad. Sin embargo, no entregaron más detalles sobre los detenidos, incluido si se presentaron cargos en su contra o si tenían antecedentes criminales.
Como parte de la promesa del Gobierno republicano de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en EE.UU., Trump ha enviado a cientos de agentes federales a varias ciudades del país gobernadas por la oposición demócrata y donde existen políticas para proteger a la comunidad migrante.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de cometer abusos contra la población mediante arrestos indiscriminados y “sin respeto por los derechos humanos” de personas migrantes o de origen latino.
En Chicago, solo 16 de más de 600 personas que fueron detenidas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) durante el operativo masivo que tuvo lugar en la ciudad y que permanecen bajo custodia del Gobierno tienen antecedentes penales, según datos publicados este fin de semana por el diario local The Chicago Tribune.
El Gobierno de Trump, a su vez, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos de identificar y detener a migrantes venezolanos como miembros del Tren de Aragua sin pruebas o antecedentes penales. JS
