Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras atraviesa una crisis sin precedentes que pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Las tensiones internas entre los consejeros, las acusaciones de sabotaje y la violencia política han generado una tormenta que amenaza con socavar la confianza ciudadana en el sistema democrático del país centroamericano.
– La crisis ha generado un clima de incertidumbre que, según expertos, no tiene precedentes en la historia electoral de Honduras.
La crisis comenzó a escalar tras las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando irregularidades logísticas, como retrasos en la entrega de materiales electorales, provocaron caos en varios centros de votación. El CNE enfrentó críticas por el manejo de estas elecciones, con señalamientos de ineficiencia y posibles intentos de manipulación por parte de ciertos actores políticos.
Sin embargo el epicentro del conflicto radica en las pugnas entre los tres consejeros propietarios del CNE: Cossette López (Partido Nacional), Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Marlon Ochoa (Partido Libertad y Refundación, Libre).
Las desavenencias entre ellos han paralizado decisiones clave, como la presentación de ofertas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La conflictividad que parece no tener un punto de consenso mantiene en pausa el desarrollo del cronograma electoral y con ello se alimenta la posibilidad que no se desarrollen las elecciones generales de noviembre próximo.
Ante el caos que impera en el organismo electoral, diversos sectores de la sociedad hondureña han alzado la voz y exhortado al diálogo y garantizar el proceso democrático.
Sabotaje electoral
Por su parte, el Partido Nacional, a través de un comunicado acusó al oficialismo de orquestar un “sabotaje electoral” deliberado. El partido exigió a las Fuerzas Armadas cumplir con su mandato constitucional de proteger al CNE, denunciando que la institución ignoró una solicitud formal de resguardo presentada por la presidenta del CNE, Cossette López.
En ese orden, el orden, la bancada del Partido Liberal también alzó la voz, solicitando al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, un cordón de seguridad permanente para las instalaciones del CNE y protección para las consejeras López y Hall.
De su parte, el Observatorio Político de Mujeres (OPM) añadió una dimensión de género al conflicto, condenando lo que calificó como violencia política de género contra las consejeras López y Hall.
¿Saltarse la ley?
Ante el clima de incertidumbre que envuelve al CNE, expertos recomendaron a las consejeras continuar el proceso electoral porque la ley lo permite.
Kenneth Madrid, abogado y analista político, fue enfático al recordar que la votación para aprobar las decisiones administrativas necesarias para poner en marcha el proceso electoral ya fue tomada por mayoría (2 a 1), por lo que no hay justificación legal para seguir retrasando el cronograma.
“Lo más importante ahora es echar a andar el proceso. Cualquier enmienda o acción administrativa puede ser ejecutada por la presidenta del CNE, quien tiene la potestad legal para hacerlo”, explicó Madrid.
Por su parte, el analista Luis León manifestó su preocupación por lo que considera el inicio de una nueva crisis política en el país, que podría escalar a niveles de violencia.
“Honduras ha vivido en crisis política durante años, pero esta se está agravando. Estamos ante un contexto en que un partido con control de varias instituciones del Estado podría estar buscando impedir una votación desfavorable, y eso es sumamente peligroso”, afirmó León, en referencia al oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Conspiración
El analista político Olban Valladares advirtió sobre lo que calificó como una “conspiración flagrante y grosera” contra el orden democrático y el proceso electoral en Honduras, señalando directamente a tres actores: el consejero propietario Marlon Ochoa y dos magistrados suplentes del CNE, todos vinculados al oficialista Partido Libre.
“Es importante resaltar que lo que existe aquí es una gran conspiración, orquestada de manera abierta y descarada contra el pueblo hondureño”, declaró Valladares, quien consideró que la situación representa un ataque directo contra el equilibrio institucional del país.
El analista cuestionó la pasividad de la oposición durante la elección de estos funcionarios en el Congreso Nacional, lo que, a su juicio, permitió un “desequilibrio” en la composición del CNE. “No es concebible cómo la oposición toleró eso. Era evidente que esto podía pasar”, dijo.
Valladares también criticó a los magistrados suplentes que, al no asistir al pleno convocado, impiden el funcionamiento normal del Consejo. “Si no está Marlon Ochoa y los otros dos se rehúsan a integrar el pleno, están incumpliendo con sus deberes. Eso no es solo irresponsabilidad, es delito”, advirtió. (RO)
